Mediante un oficio enviado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al Ministerio de Educación (Mineduc), se comunicó que 224 estudiantes extranjeros quedaron fuera del proceso de preselección para acceder a la gratuidad en la educación superior, de ellos 217 apelaron.

La explicación administrativa es que no se aceptó su solicitud por no contar con un permiso de permanencia definitiva en el país. Esta visa es conseguida una vez que que los estudiantes se licencian de cuarto medio, el problema es que los plazos de postulación a la gratuidad caducan en octubre de cada año, un mes antes del fin de la cursada académica.

Eduardo Cardozo, vocero del Movimiento Acción Migrante (MAM), explica que esta es otra de las consecuencias de no contar con una ley de migración actualizada, promesa del actual gobierno que aún no tiene fecha de cumplimiento. “Acá hay un agujero legislativo, un área de excepción a derechos en el tema migratorio y tiene que ver con la vigencia del decreto de ley del año 75. Esa es una realidad que se ha tratado de ir paleando con parches”.

La solicitud de las agrupaciones que defienden los derechos de los extranjeros que optan por vivir en Chile es que se actualice la normativa, no solo por los que circunscribe a lo educacional, también porque es necesario regular otras áreas como el acceso a la salud o a mejores opciones laborales.

Pablo Rojas, vocero de la Mesa Intercultural de Antofagasta, plantea que una forma de solucionar el problema de los estudiantes es limitar el tiempo de las visas, tal como ocurre con algunos permisos laborales, donde después de la segunda renovación ya se puede acceder a la permanencia definitiva.

El vocero de la Mesa Intercultural de Antofagasta comenta que hay casos de alumnos que pasan la enseña básica y media con visas transitorias, estando más de una década en una situación irregular, lo cual genera consecuencias directas en la adquisición de beneficios como la subvención SEP o la gratuidad. “Se supone que la visa temporal se renueva cada año, siempre y cuando estés matriculado. Entonces, hay jóvenes que pueden llevar 10 años estudiando y no tienen una permanencia definitiva en el país. Acá se vulneran abiertamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente de los hijos e hijas de adultos  que están en situación de irregularidad”, denuncia.

Los incumplimientos del Estado

Aunque no existe un número claro sobre la cantidad de extranjeros residiendo en Chile, el Departamento de Migración y Extranjería estima en 600 mil el número, cifras basadas en la encuesta Casen de 2015, que arrojó que la población migrante era de 456 mil, y la cantidad de permisos de permanencia definitiva que el Departamento entregó durante 2016, que fueron de 53.662.

En tanto, según datos del Mineduc, el año pasado había cerca de 22 mil niños extranjeros en el sistema escolar, de los cuales el 70 por ciento se registraba como indocumentado, principalmente, por la situación irregular de sus padres.

Pablo Rojas explica que para no negarles el derecho a la educación a los niños y niñas migrantes y no contravenir los tratados internacionales, Chile reemplazó el rut transitorio por un Identificador Provisorio Escolar (IPE). No obstante, la medida no resuelve el problema sobre gratuidad en particular.

Cardozo explica que, a diferencia del Rut temporal, el IPE permite que los datos del alumno sean ingresados al sistema centralizado del Mineduc, generando un historial de su vida estudiantil, lo que facilita procesos como cambios de colegio o la rendición de la PSU. No obstante, no constituye una solución definitiva para los jóvenes que, a pesar llevar años estudiando de modo constante en el sistema chileno, no tienen las mismas garantías que un chileno.

Respecto a la Nueva Ley de Migraciones que todavía no ha ingresado al Congreso, por no cumplir una condición prioritaria para el Ejecutivo, las organizaciones de migrantes indicaron que no pueden referirse a su contenido porque el ante proyecto fue modificado y el actual todavía no es público. Ambos voceros coinciden en que no hay voluntad política de las autoridades para legislar respecto a esta materia.

Además, agregaron que la Ley de 1975 no es capaz de cumplir con los estándares que exigen los convenios internacionales sobre esta temática, que Chile ha venido ratificando desde la década del ochenta. En ese sentido, según comentan, el Estado no ha cumplido con las garantías establecidas en documentos como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de Derechos de Infancia y Adolescencia.