Señor Director:

Junto con felicitar a su medio por la excelente labor de difusión que ha hecho a lo largo de los años, quisiera plantear, a raíz de los últimos hechos de violencia ocurridos en casino Monticello y que han enlutado a varias familias chilenas, la necesidad de abordar el problema desde una mirada amplia y especializada.

Para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como la reciente, tal vez no baste con instalar detectores de metal. Al menos eso no ha bastado en algunos tribunales, porque la violencia no depende tanto del arma en sí, como de la persona que hace uso de ella.

La ley estipula que “la Dirección General de Movilización Nacional puede otorgar permisos a civiles para portar armas. Esta autorización durará un año como máximo y sólo facultará al beneficiario para portar un arma”. Pero en un año pueden pasar muchas cosas, tanto más riesgosas si la persona autorizada para llevar un arma padece algún tipo de trastorno psicológico, que la puede hacer más propensa a crisis como la protagonizada por el tirador de hace unos días.

Desgraciadamente, el tema no se ha tomado con la debida seriedad por parte de los casinos. Tampoco de parte de las autoridades. Resulta sorprendente, por decir lo menos, que se pidan sugerencias de mejora a las casas de apuestas, cuando lo que está en juego son vidas humanas.

Se deben imponer reglamentaciones estrictas desde arriba, que debieran incluir una participación exhaustiva de profesionales de la salud mental no solamente en la emisión de certificados (a veces, aunque parezca mentira, a esto se reduce nuestro papel) sino también en el control periódico de las personas autorizadas a portar armas. Es más, cualquier legislación al respecto DEBE incluir la opinión especialista de psicólogos, que en lo que respecta a la prevención, se encuentran mucho mejor preparados que un psiquiatra.