Distintas agrupaciones de ex presos políticos de la dictadura cívico militar manifestaron su rechazo ante la suspensión de una reunión, programada originalmente para el pasado miércoles, en la que esperaban una respuesta del Gobierno a sus demandas de reparación por los daños sufridos.

La instancia buscaba continuar el trabajo de la mesa negociadora conformada por los dirigentes de las organizaciones de sobrevivientes de prisión política, el ministro del Interior, Mario Fernández, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Frias.

Braulio González, presidente de la Asociación de ex prisioneros políticos Salvador Allende, comentó que el Ministerio del Interior les notificó por correo electrónico dos horas antes que el encuentro de suspendía, argumentando que la contrapropuesta que recibieron desde Hacienda para el bono reparatorio era insuficiente. “El Gobierno tendrá que citarnos nuevamente. Nosotros podemos presionar y mandar cartas, pero son ellos los que finalmente deciden”.

Desde las organizaciones valoraron que el Ministro del Interior no aceptara la oferta de Hacienda. Sin embargo, calificaron como una “falta de respeto” que se les avisara con tan breve plazo de anticipación la suspensión de la reunión, debido principalmente al esfuerzo que hacen algunos dirigentes por llegar a Santiago.

Las agrupaciones también rechazaron la propuesta del ministro Rodrigo Valdés, agregando que la política reparatoria del Ministerio de Hacienda es restrictiva y “no ve problema en incrementar el gasto de las fuerzas armadas y de seguridad; instituciones con una gran deuda de arrastre en materia de derechos humanos y cuyos miembros reciben millonarias pensiones”.

En esa línea, Braulio Gonzáles recordó que el pasado jueves, como organización, pusieron una querella criminal contra Capredena por las millonarias pensiones que reciben los condenados por crímenes de lesa humanidad.”Los que están presos en Punta Peuco tienen pensiones que superan los dos millones 600 mil, esto es una estafa al fisco”.

Entre algunas de las demandas que presentaron las agrupaciones de ex presos políticos en su petitorio de diez puntos, se encuentra la solicitud de un alza de pensión, ya que la actual no se ajustaría a los estándares internacionales, y un bono por el daño causado en dictadura.

Respecto de lo anterior, Braulio González manifestó que las negociaciones por los temas económicos están estancadas desde marzo, por lo que continuaran con las movilizaciones y las tomas a las dependencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en todo el país.

Debido al agotamiento de los plazos legislativos y presupuestarios, los dirigentes esperan que la reunión final de la mesa negociadora se concrete prontamente.