En la víspera de un nuevo once de septiembre, arrecian los recuerdos y las imágenes de un pasado traumático, para el país y para miles de chilenos y chilenas quienes vivieron esos momentos, la represión, la persecución política, la cárcel y el exilio. A estas horas, el día 10 de septiembre de 1973, la derecha, sectores de la DC, de empresarios, el gobierno norteamericano y los mandos superiores de las FFAA se aprestaban a dar el zarpazo. Allende había anunciado un plebiscito para que el pueblo decidiera la continuidad del gobierno, meses antes en las elecciones parlamentarias había logrado más el 43,3 % de apoyo[1], para hacer frente a la situación de caos e inestabilidad, creada por los mismos que se preparaban para dar el golpe.

En los tres años de gobierno, la derecha hizo todo lo posible por impedir, primero, que Allende asumiera la presidencia de la república y luego para derrocarlo, patria y libertad la organización precursora de la UDI, ejecutó cientos de atentados terroristas, mientras el gobierno norteamericano ahogaba la economía con un bloqueo comercial y de insumos financieros. La Democracia Cristiana con Eduardo Frei y Patricio Aylwin, con el mercurio como principal instrumento de (des)información, presionaban a Allende, preparando una acusación constitucional en contra del presidente de la república, mientras alentaban la crisis económica y el desabastecimiento, los paros, como el de los camioneros, el que se ha comprobado, fue financiado por la CIA para desestabilizar la economía y al gobierno.

El 25 de octubre de 1970 patria y libertad asesinó al comandante en jefe del ejército, al general Rene Schneider, un crimen alevoso en el que participaron oficiales del ejército, de la marina y carabineros[2]. Posteriormente en julio de 1973 acribillaron a balazos al comandante de la marina, Arturo Araya, edecán de Allende. Ambos asesinatos los planificaron y ejecutaron para crear las condiciones que, según los conspiradores, permitirían la intervención de al FFAA; en el crimen del general Schneider, para que el congreso no ratificara a Allende como presidente de la república y en el caso del comandante Araya, para terminar con el gobierno elegido democráticamente por el pueblo.

Semanas antes del 11 de septiembre, la derecha hablaba de atentados marxistas, alegando la supuesta presencia de “15 mil cubanos, rusos y otros extranjeros”, quienes según ellos estaban en Chile con el fin de promover la guerra civil. Así crearon un escenario de guerra sicológica, inventando una situación de enfrentamientos, argumentos mentirosos lo que hoy emplean para justificar sus fechorías y la brutal represión que llevaron a cabo en contra de pueblo.

Pero la idea de una guerra si estuvo en la planificación de los conspiradores, ellos declararon la guerra al marxismo, al comunismo y a sus partidarios, fue el general Gustavo Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, quien apareció en la televisión el mismo 11 de septiembre, después de haber ordenado bombardear la Moneda, el palacio presidencial, anunciando a Chile que “estamos en guerra señores”. Ellos, los civiles y militares que planificaron el golpe, sabían que desatarían una brutal represión para limpiar todo vestigio del gobierno de la Unidad Popular y prevenir así, como luego lo afirmaría el fundador de la UDI, que nunca más se repitiera una experiencia igual.

Una guerra unilateral, sin fuerzas irregulares armadas que amenazaran la seguridad ni el orden, el objetivo era refundar el país, imponiendo una guerra sucia, de exterminio, en “contra del cáncer marxista”, que se inició con el cobarde bombardeo a la Moneda, un acto que no tiene precedentes, que representó la brutalidad del golpe cívico militar y el odio de clases, eliminando a Salvador Allende, la primera víctima de la larga lista de chilenos y chilenas asesinados (as), prisioneros (as) en campos de concentración, torturados (as) y exiliados (as).

El llamado que hicieron Pinochet y Leigh en la tarde del 11 de septiembre fue la orientación para los que desataron la represión, “Tenemos la certeza, la seguridad de que la mayoría del pueblo chileno está contra el marxismo, está dispuesto a extirpar el cáncer marxista hasta las últimas consecuencias”. “la resistencia marxista no ha terminado, aún quedan extremistas, yo debo manifestar que Chile está en este momento en estado de guerra interna”.

Una orientación política y militar que los mandos de las fuerzas armadas y carabineros transformaron en la orden de exterminar al enemigo interno, tal cual lo detallan los manuales de guerra interna. Órdenes recibidas y cumplidas a conciencia, todos tuvimos la posibilidad de aceptarlas o rechazarlas, de tomar parte o no de la represión brutal que desataron en todo el país. Los militares que las rechazaron lo hicieron a un alto costo, algunos de ellos fueron asesinados, otros torturados, encarcelados y posteriormente enviados al exilio, pero no traicionaron su juramento ni sus principios.

Cuanto miedo y dolor causaron los militares, a partir de ese llamado al odio y al exterminio, cientos de patrullas al mando de jóvenes oficiales de la época, recorrían las calles del país buscando enemigos marxistas. Lo que hicieron conscientes de sus actos, con todo el poder sobre la vida o la muerte de sus víctimas en sus manos.

Los “marxistas que había que eliminar”, eran los dirigentes sociales, sindicales y políticos de la izquierda, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, intelectuales, artistas, hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas, jóvenes y viejos. Eran simplemente chilenos y chilenas, que por tres años trabajaron junto a Salvador Allende para construir un futuro, un país inclusivo, en el cual el fruto del trabajo se transformara en bienestar y felicidad de las mayorías.

En definitiva, el 11 de septiembre de 1973, los militares nuevamente se prestaban como instrumentos del poder, reprimiendo a los más humildes, al pueblo trabajador, todos quienes pensábamos distinto. Las matanzas de la “pacificación de la Araucanía”, de la “Escuela Santa María de Iquique”, las lecciones de estos hechos brutales no fueron aprendidas y nuevamente los poderosos, las clases dominantes, le habían declarado la guerra al pueblo

Hoy, quienes planificaron y desataron esa guerra sucia en contra del pueblo desarmado, esas minorías dominantes, que nunca han sido cuestionadas ni juzgadas, sino que se convinieron, con quienes ellos habían perseguido, para iniciar una transición política que no tocara sus intereses. Una alianza que protegiera a los principales culpables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Una vez instalados, como actores, en el nuevo espacio político, retomaron el control de la sociedad, del sistema político, de la economía, de los medios de comunicación, la educación, el poder judicial, el ejército y la policía.

Establecieron una alianza política que hasta nuestros días ha facilitado el ocultamiento de información, impedido sancionar a los autores intelectuales del golpe de estado y que ha pretendido bajo falso argumento de la “situación de guerra” que vivía el país, liberar a los criminales que han sido juzgados y que cumplen condenas. Es en este contexto político, fabricado a conveniencia por estos grupos de poder, los mismos que ayer no toleraron la elección democrática de un presidente socialista y lo derrocaron, que hoy intentan legitimar la actuación del Estado, del terrorismo de Estado durante la dictadura, abriendo las puertas para que en el futuro se vuelva a emplear la represión y el genocidio.

Los oficiales de las Fuerzas Armadas han sido y continúan siendo educados en una doctrina anticomunista, que inculca un profundo desprecio a la izquierda, a la organización sindical y política, la doctrina de la seguridad nacional, que en el pasado permitió a la derecha profundizar la brecha existente entre las FFAA y el gobierno de Allende, presentándolo tal cual lo definía esa doctrina, “como caldo de cultivo para la expansión y triunfo del comunismo.

Por eso es que la represión, no fueron actos aislados o excesos, como se quiere o pretende demostrar hoy, por el contrario, fue una política planificada y ejecutada desde el Estado, con responsabilidades de todos los que formaron parte del gobierno dictatorial, Las detenciones, las torturas, las ejecuciones sumarias, las desapariciones, son responsabilidad de los ministros, subsecretarios, generales y ejecutores de tales brutalidades, de jueces que subordinaron la justicia al poder militar, de periodistas que encubrieron los crímenes.

Recordar todo esto no es para buscar venganza, es para buscar justicia, es lo que nos corresponde hacer para preservar la memoria histórica, para educar a las nuevas generaciones de chilenos y chilenas en la verdad de lo que sucedió en 1973.

Son hechos que no permiten, que el paso de los años borre la huella del enorme dolor causado a tantos compatriotas o que, se presente hoy, a los torturadores de ayer, dueños absolutos del poder y de decidir sobre la vida o la muerte de las personas, como ancianos enfermos, merecedores de compasión e indultos.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, liberar a los criminales presos en Punta Peuco o en cualquier cárcel, bajo cualquier argumento, es un abuso de poder, un daño al país es un atropello a la memoria de todos nuestros compatriotas asesinados y desaparecidos y es una falta de sensibilidad y de respeto para con sus familiares, quienes aún buscan saber la verdad de lo sucedido con sus seres queridos.

Ningún gobernante, cura, ministro ni parlamentario, tiene el derecho, bajo pretexto de una acción humanitaria, de pasar por sobre los sentimientos y el derecho de las víctimas de la represión, de exigir justicia y reparación por los daños que estos crueles asesinos les causaron.

Las lecciones de la historia son para aprenderlas, el aislamiento de las FFAA de la realidad del país y el actuar sin controles efectivos del poder civil, de la sociedad, facilita el abuso y la corrupción. Esto hizo y hace, que, en los estratos más altos del mando militar, surja un grupo privilegiado de oficiales superiores y subalternos, que se rigen por leyes propias, como una casta, que vive y se desarrolla en ese mundo cerrado, con desprecio a la civilidad y a la organización política y social.

Hace unos días, un grupo de ex comandantes y almirantes de las FFAA y carabineros, herederos de esa casta egoísta y ambiciosa que reprimió a los chilenos y chilenas en el pasado. Que asesinó a un presidente elegido democráticamente por su pueblo, publicaron una declaración, pública, para exigir respeto y justicia para sus pares, los criminales de lesa humanidad condenados y presos en Punta Peuco.

El gobierno debe tener una respuesta enérgica a esto, y es exigir que estos ex generales y almirantes, entreguen toda la información que poseen, para terminar con el pacto de silencio del cual son parte y ayudar a nuestro país a finalizar esa larga espera, de más de 44 años, para saber sobre los compatriotas desaparecidos y desaparecidas. Incluye exigir que la Fuerza Aérea entregue oficialmente, los nombres de los pilotos que bombardearon la Moneda y de los mandos de la armada que son responsables por las torturas y asesinatos cometidos en la Esmeralda, el buque Maipo y demás recintos a su cargo, algo que hasta ahora no han hecho.

Los chilenos y chilenas no tenemos derecho a olvidar, es la única, manera de impedir la repetición de lo sucedido.

El mensaje de Allende a su pueblo debe perdurar por siempre, porque es el ejemplo vivo de un hombre valiente y digno, que entrego su vida antes de traicionar sus principios y valores. Sus palabras encierran el mandato, para los hombres y mujeres concientes de este país, de no olvidar.

“… Es posible que nos acribillen. Pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por mandato consiente de un presidente que tiene la dignidad del cargo entregado por su pueblo en elecciones libres y democráticas.

 En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la Patria, los llamo a ustedes para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada. Este es un momento duro y difícil: es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.

Pagaré con mi vida la defensa de los principios que son caros a esta Patria. Caerá un baldón sobre aquellos que han vulnerado sus compromisos, faltando a su palabra… roto la doctrina de las Fuerzas Armadas”…

NO TENEMOS DERECHO A OLVIDAR NI A DEJAR QUE OLVIDEN

[1]  En marzo de 1973, los candidatos de la Unidad Popular lograron obtener el 43,3 por ciento de la votación, muy por encima del 36,3 por ciento obtenido por Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970.

[2] General Roberto Viaux,   Almirante Hugo Tirado, General Camilo Valenzuela, General Alfredo Canales, General de Carabineros Vicente Huerta