Casi 80 millones de pesos mensuales son los que reciben 27 personas procesadas y 26 condenadas por violaciones a los DDHH, de acuerdo a un oficio entregado por el Ministerio de Defensa a la Cámara Alta, por concepto de pensiones de inutilidad de segunda clase, es decir por invalidez, en julio de este año.

Dentro de esta nómina, quien recibe el monto más alto de jubilación es el teniente coronel (r) del Ejército Erich Silva Reichart, quien está sentenciado a cinco años de presidio por su participación en la Operación Albania, con 4 millones de pesos. Quien le sigue en la lista es el coronel (r) del Ejército Roberto Ampuero Alarcón, condenado en el marco del caso Pisagua por secuestro y homicidios.

El diputado del PPD y miembro de la Comisión de Derechos Humanos Tucapel Jiménez, aseguró que estas revelaciones vienen a violentar, una vez más, a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, y recordó la movilización de los ex presos políticos a quienes se les ha negado reparaciones, cuando “los victimarios tienen pensiones millonarias”.

“Esto es una deuda que tenemos como país y tenemos que buscar una solución. Yo entiendo que hay cotizaciones de por medio, pero ahora que se está viendo un proyecto de ahorro colectivo acá, también el Gobierno se comprometió a crear una mesa de trabajo para ver las pensiones de los militares, y ahí también debiera verse la de los que están cumpliendo condena en Punta Peuco porque resulta bien insólito que sigan recibiendo pensiones. Creo que no es factible quitarle las pensiones, pero revisarlas al menos”.

Uno de los ex uniformados que sigue recibiendo este tipo de pensión es el desaforado diputado de RN Rosauro Martínez, quien percibe 1,2 millones de pesos, situación que Jiménez calificó como un fraude al Estado y un engaño a la ciudadanía.

“Nosotros lo vimos acá cuando estuvo, él nunca tuvo problemas para venir, y así le va a ocurrir en otras instancias y yo creo que eso hay que revisarlo, y lo otro es que al menos los que están en Punta Peuco y tienen pensiones de un monto hacia arriba, que deberíamos determinar qué monto es, al menos paguen porque al Estado le cuesta 600 o 700 mil pesos y en Punta Peuco debe ser mucho más la mantención de cada preso”.

La solicitud de este oficio fue realizada por el senador Alejandro Navarro quien coincidió con el diputado Tucapel Jiménez al señalar que mientras más del 90 por ciento de los chilenos debe sobrevivir con una escuálida pensión, los retirados de las Fuerzas Armadas disponen de una abultada jubilación.