A través de un comunicado divulgado este miércoles, la Superintendencia del Medio Ambiente declaró que “El procedimiento sancionatorio comprende un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves […]. Con respecto a las sanciones, cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) merecen la sanción de clausura total y definitiva”.

Además, desde la institución destacaron que el procedimiento sancionatorio significó grandes esfuerzos de investigación y análisis, llevados a cabo por diversos profesionales competentes.

Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, está decisión era la que se esperaba, tomando en cuenta la magnitud del daño ambiental que genera el proyecto minero.

“Después de casi veinte años de lucha de la comunidad del Valle del Huaco, [el fallo] demuestra lo que la gente ha dicho desde el comienzo: que era un proyecto inviable, y la resistencia y acción de la comunidad movilizada hasta ahora tiene estos resultados,  que por lo demás, son gratificantes”, sostuvo el ambientalista.

El proceso sancionatorio comenzó con la acumulación el 2016 de dos procedimientos de sanción en un único expediente, el cual incluyó más de cien interesados y/o denunciantes, entre los que se encontraban comunidades indígenas, ONG’s y la propia empresa minera.