El 25 de enero pasado fue el día que murió Sophia luego de sufrir diversos tipos de agresiones. El hecho, que hasta ahora se le atribuye a su supuesto padre biológico, se expandió desde la región de Los Lagos –donde vivía la niña– hacia todo el país, y en un breve lapso  significó que un grupo de parlamentarios de derecha le solicitara a Sebastián Piñera que se convoque a un plebiscito para volver a la pena de muerte como castigo a los crímenes de extrema gravedad.

Si bien esta iniciativa pasa por encima de ciertos tratados que apuntan a que la abolición de esta pena no puede ser regresiva –es decir, que no puede reintegrarse al aparato legal–, Teresa Mora, presidenta de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, explicó que la situación convenida internacionalmente impera “salvo que exista una disposición dentro del derecho interno que permanezca vigente”, como en el caso de Chile, donde el castigo continúa en el Código de Justicia Militar, por lo que “podría restablecer la pena de muerte, pero eso es labor del parlamento”.

La carta de los diputados de derecha fue criticada por autoridades políticas como Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, quien condenó que los parlamentarios “pro vida” de la UDI pidieran “reinstalar la pena de muerte”.

La nula preocupación estatal hacia la infancia, algo que ha pasado a segundo plano, se vio reforzada tras un reportaje del diario El Llanquihue, que reveló que  Sophia había estado en urgencia en reiteradas ocasiones durante 2017, mostrando lesiones que podían llevar a construir el perfil de una lactante agredida.

Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, explicó que en la opinión pública se dejó de preguntar sobre el tema de fondo, que serían las medidas de prevención que no se tomaron en particular con la infancia.

“Al no existir leyes de protección de los derechos de niños y niñas y al no existir mecanismos de garantías de sus derechos, este tipo de situaciones puede ocurrir 20 veces más. Y de nuevo se va a pedir castigo ejemplar, que al final no es ejemplar. Matar a un ser humano con la pena de muerte no le devuelve la vida a la niña, no cambia las relaciones sociales y solo se hace un rito de purificación con estos humanos maldadosos, extremamente peligrosos, pero no se toman medidas de prevención de que vuelva a suceder esta situación”, afirmó.

Asimismo, Valverde declaró que está comprobado que estos delitos no se minimizan en los países del mundo que todavía tienen esta pena, “porque hay una responsabilidad social que no se está asumiendo”, expresó. De todas formas, la experta no se mostró crítica con respecto a la reacción de cierta fracción de la ciudadanía, pero relevó el rol de la justicia en estas atmósferas.

“El ciudadano común no tiene por qué ser objetivo. Está afectado por una emocionalidad y responde a ella. El punto es que para la justicia existe para objetivar situaciones de este nivel, que permitan tomar medidas coherentes con el desarrollo de la sociedad, y que no respondan a la emocionalidad inmediata que producen”, dijo.

La carta de los diputados de derecha fue criticada incluso por Jaime Bellolio, parlamentario de la UDI, quien afirmó en un contacto con Radio Cooperativa, que le parecía “incoherente” y “contradictorio” pensar en una política así.