Guatemala se despertó con un nuevo caso de corrupción política. El expresidente Álvaro Colom fue detenido junto a nueve exministros de su gabinete de gobierno en una operación llevada a cabo por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG). “La policía nacional civil llevó adelante 14 allanamientos, de los cuales salieron diez órdenes de captura por los presuntos delitos de peculado y fraude en el caso denominado Transurbano”, declaró a la prensa Matías Ponce, vocero de la CICIG.

El caso Transurbano, el sistema de transporte público de la capital del país, supuso un fraude multimillonario que tuvo lugar durante la administración de Colom, entre 2008 y 2012. La operación resultó ser un mecanismo de engaño para sustraer un total de 35 millones de dólares al Estado guatemalteco, procedimiento en el que participó directamente el exmandatario.

“Álvaro Colom como presidente de la república, intervino de manera personal e institucional para facilitar el procedimiento fraudulento de creación del acuerdo. Aprobó el acuerdo 103, gestado con engaño e incumpliendo los procedimientos y evitando la injerencia o la intervención de actores o instituciones que frenaran o contradijeran el propósito de entregar los 35 millones de dólares a la AEAU (Asociación de empresas de autobuses urbanos”, detalló a su vez Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala.

>Más información sobre el trabajo de la CICIG en Guatemala.

Las acusaciones hacen referencia a la manera en que se hicieron las concesiones a empresas privadas ya que hubo una licitación ficticia, y el uso de fondos por parte de las instituciones gestoras, un dinero que en principio iba a ser destinado a la mejora del sistema de transporte y que finalmente fue utilizado conforme a los intereses de los gobernantes: incluso una parte acabó en cuentas en el extranjero.

La plataforma ciudadana anticorrupción JusticiaYa denuncia este tipo de procedimientos fraudulentos: “Fue una inversión millonaria que pretendía en su momento solucionar los problemas de transporte de la ciudad, que al momento varias gestiones del mismo partido en la Alcaldía no han logrado solucionar. Es un aprovechamiento del bien público. Por mucho que haya sido por omisión, las personas que están en cargos públicos, tenían una responsabilidad de gestionar”, dijo a RFI, Briseida Milián, vocera de la plataforma

La gestión fraudulenta de fondos públicos por parte de los miembros del Gobierno ocurre de manera repetida en la política guatemalteca. Para JusticiaYa, “lo que demuestran estos casos es la forma estructural en la que funcionan las redes de corrupción. Porque en 30 años que llevamos de era democrática, de nueve presidentes, hay ya seis vinculados a cuestiones de corrupción”.

“El presidente Portillo fue condenado hace varios años, el ex presidente Otto Pérez Molina que se encuentra en varios procesos de corrupción en este momento, ahora el ex presidente Álvaro Colom, y las distintas solicitudes de ante juicio que hay para investigar a Jimmy Morales”, detalla Millián.

Entre los acusados ellos se encuentra el exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes, que también ocupa el cargo de director internacional de la ONG Oxfam, envuelta en un escándalo sexual debido a la contratación de prostitutas en Haití por parte de varios de sus empleados.

El caso Transurbano representa una vez más la crisis estructural de Guatemala, que vive una difícil transición debido a la dificultad que supone la corrupción.