El próximo 26 de febrero comenzará el nuevo juicio en contra de los comuneros mapuche y la machi Francisca Linconao por el caso Luchsinger-Mackay, donde ya hubo un juicio con sentencia absolutoria de los involucrados, fallo que fue anulado por Corte de Apelaciones de Temuco.

A casi una semana de la audiencia, el abogado de la machi, Jaime López, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile.

¿En qué estado se encuentra el juicio?

El juicio volvió al estado inicial, vale decir, el anterior se anuló y todo parte de nuevo. Eso desde el punto de vista jurídico. Ahora, naturalmente hay cosas que por ya haberse dicho, no pueden volver hacia atrás. Esta famosa geolocalización, que jamás se señaló bien lo que era de acuerdo a los mismos peritos de la Fiscalía, que permitía ubicar personas en la casa de la machi minutos antes del atentado, ya dijeron que no sirve para lo que pretende el Ministerio Público. No puede decirse algo distinto: ese instrumento que permitía ubicar personas a través de los celulares no es hábil para llegar a ese objetivo. Esa prueba no existe, y jamás existió esa reunión que, además, jamás pudieron probar.

¿Quién dijo que no se pueden ofrecer de nuevo esas pruebas?

No, me refiero a que las pruebas que ya se ofrecieron para el juicio oral anterior, son las mismas que se ofrecen para ahora. Vale decir, se deberían rendir las mismas pruebas, con muy poca diferencia.

El resultado sería el mismo, entonces…

El nuevo juicio se va a hacer también ante el Tribunal Oral de Temuco, sin embargo, la composición es distinta, son otros jueces, pero las pruebas son las mismas, y naturalmente, esas pruebas sirvieron para una absolución. Eso puede ser un indicio para que un tribunal distinto tenga un criterio similar. Sin embargo, tenemos que señalar que antes de la investigación, otros jueces ya habían señalado que no encontraban mérito para la participación, y por eso decretaron varias veces la libertad.

Amnistía Internacional criticó el actuar policial de Carabineros en La Araucanía. ¿Le merece alguna opinión?

Los abogados vemos el tema de los juicios. Nosotros podemos opinar de la aplicación que se hace de determinadas leyes en estos procesos. Otras opiniones exceden de nuestra competencia. La Ley Antiterrorista, desde el punto de vista procesal, otorga muchas facultades a la Fiscalía y, por ende, se las quita a la defensa, lo cual hace un trabajo más complicado. A la larga se restringen las facultades de los defendidos. En la práctica, se refleja en largas prisiones preventivas, por cuanto procesalmente hacer esto no es muy complejo. En primer lugar, la investigación es secreta, esa facultad para defensa es muy posterior. Lo único que sabe son referencias de la investigación. En el juicio oral naturalmente se conoce todo.

¿Se genera alguna sospecha en el caso Luchsinger Mackay a partir del montaje Operación Huracán?

Mire, cada juicio es diferente. Operación Huracán no tiene ninguna influencia. Sin embargo, debemos tener un espíritu crítico respecto de actuaciones y diligencias policiales. En el primer juicio, por ejemplo, se había anotado una diligencia de inteligencia policial que fue señalada como ilegal por un tribunal y anteriormente otro tribunal había señalado algo similar, por cuanto no se respetaban determinados protocolos para un allanamiento. No se trata de protocolos formales, que tiene que ver con que no hay acta; se trata de protocolos que tienen que ver con resguardar la transparencia de las actuaciones policiales. Ese fue uno de los puntos que la sentencia anuló, atacó, y señaló que no se habían cumplido. Eso dio como consecuencia que a esa prueba se le restara valor contra la machi. Cuando se reclama en contra de esta sentencia, tanto por la Fiscalía como por los querellantes, esa ilegalidad no la reclama, no entran a defender la legalidad de la actuación de la policía de esa diligencia específica, sino que reclaman por otras cosas. Tampoco la Fiscalía defendió que esa diligencia no haya tenido ilegalidad.

¿Hay alguna expectativa respecto de una reforma de Ley Antiterrorista en el próximo gobierno?

Entrar a opinar en eso es muy preliminar. Nosotros actuamos frente a los tribunales de justicia.

Pero se podría pensar que la anulación de la sentencia fue cooperada por cierta clase política que creó un clima, ¿o no?

Eso se traduce en la confianza que uno pueda tener en los tribunales. Son independientes y naturalmente que hay personas del mundo político que dan opiniones con su punto de vista. Los tribunal no pierden la perspectiva que esto se trata de juzgar personas. Es un hecho de la mayor gravedad, horrible, sin embargo, quienes tienen que ser castigados son las personas que cometieron este hecho, y eso es lo que se le encomienda a los tribunales. En este caso, estas personas no cometieron este hecho, la machi Francisca nunca estuvo ligada, ella lo ha declarado, estimamos que no hay pruebas en contra de ella. Estamos confiados que el nuevo tribunal va a escuchar nuestros argumentos. Ahora, en Chile existe separación de poderes, lo que puedan decir algunas personas no influye en los tribunales, estos tienen que juzgar y sentenciar en base a pruebas, no en torno a lo que piensan determinados actores de la sociedad.