El Día de la Tierra se instauró con la intención de crear una conciencia común sobre problemas como la sobrepoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y la necesidad de comprender el medio en el que nos desenvolvemos.

En Chile esta conciencia está dada por diferentes organizaciones y movimientos sociales que durante años han denunciado y enfrentado judicialmente a quienes deliberadamente sobreexplotan los recursos finitos de nuestro territorio. Dependiendo del gobierno de turno se vuelve más o menos efectiva la institucionalidad ambiental, ya que al poco andar las intenciones de resguardar el medio ambiente chocan con los intereses económicos, compromisos políticos de explotación industrial y la propiedad privada que en Chile sigue siendo un campo intocable.

Durante las primeras semanas de instalación del Gobierno de Sebastian Piñera se pudieron evidenciar decisiones que muestran claramente la impronta con la que este gobierno enfrentará los conflictos socio-ambientales.

En el extremo sur, Magallanes, el gobierno a través del subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, envío un informe al Servicio de Evaluación Ambiental argumentando que no existía ningún riesgo en autorizar tronaduras con explosivos en la minera Invierno en Isla Riesco.

Dicho escrito dio paso a que existiera una nueva posibilidad para un proyecto que en la administración Bachelet fue rechazado por la Comisión de Medio Ambiente de la Región de Magallanes y que con la llegada de Sebastián Piñera fue cambiada completamente.

El hecho político antes descrito ha sido antecedido además por la tendencia que apunta al reemplazo de este elemento contaminante por nuevas formas de obtener energía. Así lo proyectó un acontecimiento internacional sucedido a mediados de diciembre de 2017, durante la cumbre One Planet en París, cuando se conformó la Alianza para la Salida del Carbón, que prospecta un compromiso de erradicación total para los países suscriptores hacia 2030.

 Al Norte

Si avanzamos hacia el norte y en la misma línea de los cien primeros días de la administración Piñera, nos encontramos con que la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por la comunidad contra el Puerto Cruz Grande, iniciativa proyectada a cinco kilómetros del puerto Dominga y que podría reemplazarlo en su función.

La atención siempre estuvo puesta en el proyecto Dominga, por los conflictos de intereses asociados que fueron ratificados cuando término el secreto en la carpeta investigativa del Caso Penta y por la posterior declaración de Pablo Wagner, donde se pudo establecer que la ex autoridad recibió pagos por servicios no prestados por medio de boletas ideológicamente falsas hechas por su cuñada por un monto de 120 millones de pesos.

De esos 120 millones, 42 habrían sido entregados, según figura en la investigación, en pagos de 3 millones de pesos bimensuales con el propósito de operar a beneficio del proyecto minero Dominga, de la cual uno de los socios fue el dueño de Penta, Carlos Alberto Délano.

La Comisión de Evaluación Regional fue la primera instancia en rechazar el proyecto, cuestionando la línea de base de la iniciativa, así como también la ausencia de un plan de mitigación ambiental pertinente con los daños que causaría la ejecución del proyecto. Luego fue el turno del Comité de Ministros que con su rechazo le devolvió la confianza a la comunidad que por más de cinco años ha luchado por defender la biodiversidad marina única que habita en La Higuera.

Ante dicho rechazo, la empresa Andes Iron presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema con la intención de retrotraer el rechazo del proyecto, una historia que parecía que tendría un final favorable para la comunidad, pero que en los últimos días tuvo un vuelco, ya que el puerto CAP se encuentra en las últimas fases de instalación en las costas de La Higuera.

 Los Angeles

Si avanzamos en las semanas y en las descisiones del gobierno y regresamos al sur, nos encontramos con Los Ángeles, comuna que por años ha sufrido de la contaminación ambiental del aire y que durante tres periodos presidenciales ha esperado su plan de descontaminación que han trabajado y desarrollado de forma participativa y simpre con correcciones que han mantenido la iniciativa por más de ocho años frenada.

La administración Piñera tenía la última palabra frente a este plan que se encontraba en su último trámite en la Contraloria Genral de la República, el fue sacado de forma arbitraria y sin anunciar a las autoridades comunales de su remoción. Según el gobierno tenian que hacerle modificaciones finales.

A días de comenzar un nuevo invierno, los vecinos de Los Ángeles recibieron la noticia de que dicho plan fue reintegrado, pero aún espera su aprobación final. Mónica Erenfheld, presidenta del Consejo Ecológico de Los Ángeles, dijo que se debe a que “hay mucha ignorancia, mucha falta de conocimiento de los organismos, de la gente que toma decisiones, porque no comprenden la gravedad de lo que está pasando”.

El agua

El día de la tierra no se podría celebrar sin agua y en este tema si que el gobierno tiene una postura, ya que hace una semana el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, dijo que con su par de Agricultura introducirán indicaciones sustitutivas para dar certeza jurídica en la propiedad del agua.

Esto significa que la actual administración está declarando que hará todos los esfuerzos para que la letra de la Constitución frente a la propiedad del agua en Chile se mantenga intacta, que los dueños de los ríos puedan seguir sobre explotando el recurso a su libre antojo y que un sin fin de personas queden cada día sin acceso a este recurso vital.

Parece ser que es más conveniente el negocio de los camiones aljibes que una reparación sustancial del código de aguas. Con esto se deja de lado la posibilidad de una nueva planificación territorial del agua o una investigación de las cuencas, ya que cualquiera de estos caminos investigativos llegaría donde mismo, a el enfrentamiento con los dueños del agua y la tierra.

El plan de descontaminación de la ciudad de los Ángeles es sacado arbitrariamente de Contraloria General de la República sin aviso a la comunidad ni a autoridades locales. La discusión parlamentaria sobre la reforma al Código de aguas será frenada nuevamente por indicaciones sustitutivas que los ministros de Obras Públicas y Agricultura anunciaron para mantener la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua.

Un recorrido por la tierra en que vivimos y cómo se está manejando en poco menos de cien días de administración del nuevo gobierno, pero que al parecer tendrá la impronta que se ha mantenido desde hace doscientos años. Entendernos, vernos y desarrollarnos sobre la base de la explotación indiscriminada de la tierra.