El Parque Nacional Kawésqar fue una iniciativa que surgió durante el gobierno de Michelle Bachelet, luego que la fundación Tompkins entregara 26 mil hectáreas en la isla Riesco, una pequeña donación de la organización que hoy administra las propiedades del filántropo.

Con la entrega de este terreno, el gobierno decide integrar dos millones y medio de hectáreas, donde se encontraba la Reserva Nacional Alacalufe, más un terreno fiscal en la península Muñoz Gamero, estancia que le da la entrada terrestre al parque en construcción.

Con esto, el anuncio del gobierno tomaba peso, ya que podría inscribirse como uno de los logros ambientales que tanto presumieron en el gobierno de Bachelet. Sin embargo, la industria salmonera, que comenzaba su avance en la región de Magallanes, luego de impactar de forma irreparable en la décima región, no permitiría que todo ese territorio pasara a ser un parque nacional donde se protegieran las aguas.

El Ministerio de Bienes Nacionales fue la institución encargada de comenzar las negociaciones, una forma estratégica de dejar fuera del alcance de las comunidades la integración de las aguas en la discusión de este nuevo parque. Los habitantes de los fiordos de Magallanes, agrupados en doce organizaciones, participaron de la consulta indígena desarrollada por Bienes Nacionales.

La buena voluntad de negociar de las comunidades Kawésqar de Magallanes y Punta Arenas tuvo como respuesta una constante: “siempre que las personas preguntaban por la protección del mar, recibían la misma respuesta. Bienes Nacionales tiene competencia sobre la parte terrestre de los bienes públicos. Siempre patearon las preguntas, nunca se hicieron cargo y de esta forma llegaron al final de la negociación, donde la comunidad dijo que, si no se protegía el mar, ellos no participarían del acuerdo”, denunció Mauricio Ceballos, Coordinador de Campaña de Greenpeace.

Con esta advertencia, la ex ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, se presentó en la región en su única visita a la comunidad y anunció que se incorporaría un “espacio marino protegido”, de esa forma se resguardaría la tierra como Parque Nacional y las aguas con dicha figura. Sin embargo, dicho ofrecimiento no llegó a nada, puesto que luego que Palma dejó su cargo, el Ministerio de Medio Ambiente, encargado de la gestión de los espacios Marinos Protegidos, no desarrolló la propuesta comprometida, por  lo que la administración de la Nueva Mayoría, además de resguardar el futuro de la industria salmonera, se llevó la única esperanza de la comunidad de revindicar sus aguas.

Según explicó Mauricio Ceballos, miembro de Greenpeace que participó en la consulta indígena al pueblo Kawésqar, “la instrucción de no incorporar el agua venía desde el Ministerio Economía y que tenía a la ministra de Bienes Nacionales como una estatua burocrática con quien no había ninguna posibilidad de proponer nada, ella solo debía cumplir su objetivo. Lo único que querían era la venia de las comunidades. Por otra parte, el ministerio de Medio Ambiente, que actuó espantosamente débil, nunca tuvo una voz disonante que se opusiera al ministerio de economía, que respetara el espíritu de protección que significaba la creación de un Parque Nacional y que ahorrara la palabra que significaba negociar con un pueblo cuyo principal interés es la protección del mar”.

“La industria salmonera funciona como un constante chantaje hacia el estado, y el estado es bastante débil en ese sentido, recalcó el activista.

Salmones a la Patagonia

Felipe Céspedes, ex Ministro de Economía, fue quien puso los resguardos para la industria salmonera. Cuando se determinó la creación del Parque Nacional Kawesqar, él fue quien instruyó que no se incorporara el agua dentro de la protección, ya que podría ser pejudicial para la industria acuícola. Es necesario tener en cuenta que dicha repartición del gobierno está a cargo de la Subsecretaria de Pesca, lo que pone a este personaje como el nexo directo con el empresariado del mar.

Según anticipó Mauricio Ceballos,“todas las empresas están poniendo sus fichas en Magallanes y lo mencionan en sus memorias corporativas. El futuro de esta industria tiene que ver con lo que pueda pasar en Magallanes. Las industrias que están instaladas insisten en proteger Magallanes, hacer un pequeño laboratorio que sea diferente a lo que se hizo en las otras regiones, y todas tienen el mismo discurso, piensan que van a ser las únicas en operar, pero lo más probable es que entren todas y se generará lo mismo que pasó en las otras regiones”.

La Patagonia se ha convertido explosivamente en un territorio de disputa empresarial, ya que no solo es la salmonicultura, sino que el carbón y el petróleo son protagonistas de una historia que podría terminar devastando la única fuente de recursos naturales finitos que tiene el país. Los empresarios salmoneros se dieron cuenta de esto y han intentado por todos los medios que nadie más llegue, pero no por proteger el medio ambiente, sino que para que su negocio sea más rentable.

Empresas como Salmones Magallanes, Cermaq y Nueva Austral son las que están funcionando y preparando el camino para la industria en Magallanes, sin embargo, también están siendo quienes ponen la pierna para la zancadilla a las nuevas empresas que pretenden incorporarse a los mares patagónicos. Funcionarios como Karina Bastidas, ex directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Magallanes y Antártica Chilena, hoy es parte de Australis, una de las empresas que mira con proyección las aguas magallánicas para introducirse allí luego de devastar la décima región.

Frente a esto, el panorama de las comunidades Kawésqar queda relegado a un simple observador de este nuevo impacto, ya que la institucionalidad medio ambiental se saltó a la comunidad, igual como lo hizo el Ministerio de Bienes Nacionales y, por último, el Ministerio de Economía, en una señal de privilegio a quienes son los dueños del segundo producto que más se exporta de nuestro país.