El pasado  lunes el gobierno inauguró la Oficina de Proyectos Sustentables, que tiene como objetivo reducir los tiempos de tramitación de 203 proyectos que suman unos 65 mil millones de dólares.

Dentro de las iniciativas empresariales que están en la carpeta de la nueva repartición gubernamental, se encuentra el proyecto portuario y minero Dominga, que el pasado abril fuera retrotraído para ser evaluado nuevamente por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Dicha medida fue determinada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, luego que la empresa Andes Iron impugnara el rechazo a la construcción del proyecto portuario.

 El que Dominga se encuentre en esta instancia significa que el proceso regresa a la etapa posterior al informe consolidado de evaluación, con una nueva votación. La principal oposición que existe al proyecto minero viene desde las comunidades de La Higuera IV Región, la que será impactada directamente por la faena industrial.

 Mientras dicha comunidad luchaba por mantener sin impacto la Reserva Nacional Pingüino de Humbolt y lo más lejos posible la instalación de Dominga, el Servicio de Evaluación Ambiental entregaba los permisos de funcionamiento al Puerto Cruz Grande de CAP, el mayor grupo productor siderúrgico de Chile.

 El puerto Cruz Grande de CAP se ubica a cinco kilómetros de Dominga y podrían tener similares dimensiones, lo que significa que, si son aceptados, este territorio marítimo y costero sería impactado de forma mucho más compleja. El proyecto de CAP, a diferencia de Dominga, no tuvo mala prensa, como los casos de corrupción descubiertos y protagonizados por Carlos Alberto Délano y actores vinculados al caso PENTA, amigo de Sebastián Piñera, quien también tenía intereses económicos en dicha inversión.

 Dominga es uno de los 203 proyectos de inversión que la nueva oficina de Proyectos Sustentables debe hacer viable en el menor tiempo posible. Sin duda, esto abre la incógnita si iniciativas como Alto Maipo, MAPA -proyecto forestal de Celulosa Arauco o la destrucción del barrio patrimonial  Villa San Luis para la construcción de edificios corporativos serán considerados aptos con esta nueva agenda de inversiones.

 ¿Tendrán la rigurosidad necesaria para su análisis de base y de esa manera resguardar la vida de quienes habitan en esos territorios o se priorizará el desarrollo económico sin considerar la vida social de los lugares y el medio ambiente?

 El modelo extractivista que caracteriza la economía nacional no dará tregua, por lo que hoy cabe la necesidad de hacerse cargo de los conflictos socio ambientales relacionados a la forma industrial del país con el objetivo de no agotar los recursos naturales finitos e incluir una planificación territorial que emane de la reflexión de los diversos actores vinculados a los diferentes territorios del país.

 Esto porque la decisión del gobierno de acelerar los procesos de aprobación de proyectos industriales no puede desentenderse del resguardo de lo antes mencionado, porque también es parte de las responsabilidades del Estado. Por lo tanto, una agenda proinversión tendría que estar acompañada de una planificación territorial socio- ambiental donde se pueda comprender el país como un todo y los desarrollos industriales como una parte de ese todo y no al revés, donde la industrialización está por sobre el territorio.

 Según advirtió el economista de la Universidad de Chile, Eugenio Figueroa “ la impresión que dan el tipo de personas que está en este  gobierno es que se pueden ir para el otro lado, más bien favorecer el productivismo y mirar con menos detención los deterioros ambientales y de los recursos naturales. Por eso estas actividades de los Estados (aprobación de proyectos) deben hacerse de forma transparente. Tenemos que tener un Estado mucho mejor que el que tenemos, por eso los políticos tienen que tomarse en serio la reforma del Estado y pensar en serio este país en el largo plazo, pensar en serio en los chilenos, pensar en la gente que está en la pobreza. Necesitamos mejores proyectos de inversión, de medio ambiente, d agua y mejor uso de los recursos naturales, pero eso se hace con un Estado trasparente que incorpore mejores profesionales y no que esté lleno de profesionales partidarios de los partidos políticos que están metidos ahí y que por firmar por los partidos se aseguran un cargo dentro del gobierno y no tienen idea lo que están haciendo”.

 Figueroa, además explicó que el modelo económico que tiene Chile “hace que nuestra industria y nuestro quehacer económico en general produzca niveles de contaminación altos y se usen los recursos naturales y ambientales en gran medida, por eso existe contaminación del agua, el aire y de los suelos. Ahora, sin duda, existe conciencia y se ha avanzado para mejorar el manejo de los recursos, pero fundamentalmente el tema es cómo ir incorporando los costos ambientales y sociales en la actividad económica, lo que no es tomado en cuenta por los productores. De este modo, que se haga una inversión socialmente justificable, es decir, que toma en cuenta los costos privados más los costos ambientales y los costos sociales de todas las externalidades, como decimos los economistas, que genera la actividad productiva y de consumo”.

 En esta línea, el economista de la Universidad de Chile planteó que la medición de los impactos socio-ambientales es un área muy difícil de medir y que en general en lo que no se puede medir existe la decisión política, la que es necesario resguardar.

 “Hay un componente político en la decisión y es aquella área gris que no se pudieron evaluar completamente. Aquellas cosas que en la sociedad no están completamente definidas y que el aparato político tiene que hacer una decisión. A veces la información científica es clarísima y evita esta área gris. Pero en otras, esa área gris es tan densa y amplia que la decisión política es más fuerte que la demostración técnica”.

 Por los mismo, es imperativo para una gestión transparente y acuciosa el que exista información de base relevante, ya que con esto se resguarda el devenir de los territorios y se permite que las industrias desarrollen sus faenas con una comprensión de la planificación territorial y de su incidencia como actor en un contexto social.

 “El tema es decidir qué costos estamos dispuestos a asumir, si ese problema se resolviera con un sí o un no, sería muy fácil. La cosa es decidir un costo ambiental que sea eficiente y soportable desde el punto de vista de la sociedad, eso es lo difícil de determinar, porque todo lo que hagamos va a producir daño y deterioro, siempre es parte de las leyes básicas de la física. La ley uno y dos de la termodinámica lo dice, es inevitable. Así que como no existe actividades humanas impecables, lo que se intenta determinar es qué podemos hacer para obtener el mayor bienestar posible para la sociedad, sabiendo que todas las actividades son sucias y contaminan, entonces qué actividades vamos a elegir de modo que con los recursos que tenemos como país le demos el mejor bienestar a la gente. Eso es lo complicado de esto”, explica el economista.

Es así que “hay que hacer sistemas que sean realmente rigurosos, que sean ralamente profesionales para evaluar las inversiones como se debe para que las decisiones se tomen bien.  Porque al parecer las cosas no se están haciendo bien y el gobierno lo que está haciendo es tratando de corregir eso. Esperemos que lo haga bien y no comiencen a aprobar proyectos que sean un desastre para el medio ambiente”, finaliza el profesor Figueroa.