El viernes 1º de junio pasado el canal 13 de televisión nos entrevistó sobre lo que iba a suceder con 2 dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR) que establecieron la ilegalidad del permiso de edificación Nº 12/16 del 6 de junio de 2016 otorgado por el Director de Obras Municipales (DOM) de Providencia a una empresa constructora para que levantara un edificio de 11 pisos en la calle Roberto del Río, en circunstancias que la altura máxima permitida, según el artículo 2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), era de 7 pisos.

 Al periodista le indicamos que, por emplazarse el edificio en 2 zonas distintas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Providencia, una que admite la altura de 12 pisos y la otra que admite solo la altura de 7 pisos, dado que el mencionado artículo de la OGUC, que tiene preeminencia sobre las disposiciones fijadas en los instrumentos normativos locales, limita la altura correspondiente a la zona más restrictiva.

Es evidente que el funcionario que se “equivocó” en cursar el acto administrativo debía invalidarlo conforme lo manda la Ley Nº 19.880. Pero también expresamos en cámara que dado que en Chile la institucionalidad de Vivienda y Urbanismo, de una u otra forma, tolera las malas prácticas y que, por ello, seguramente íbamos a tener un nuevo hecho ilegal consumado.

 El sábado 2 de junio, un día después de la entrevista, le enviamos un correo electrónico a la alcaldesa Matthei y al arquitecto Sergio Ventura, funcionario que ejerce el cargo de Director de Obras, quién considerándose autónomo, “interpretó” el marco regulatorio como él estimaba conveniente, luego sobrepasando la mayor jerarquía que tiene la OGUC, que es el reglamento de la ley respectiva.

 ¿Qué le decíamos a Matthei y a Ventura?  

 “En relación al Permiso de edificación viciado Nº 12/16 del 06/06/16 debemos tener presente que la Inmobiliaria titular de este permiso mal otorgado obtendrá mayor rendimiento económico por su inversión gracias a la “equivocación” cometida por los 3 funcionarios que tramitaron ese acto administrativo ilegal, conforme a dictámenes 37.606 del 24/10/17 y 12.833 del 23/05/18 emitidos por la Contraloría General de la República.

 Todos sabemos que las resoluciones del ente fiscalizador son vinculantes y es más, obligatorias, para los servicios de la administración del Estado y por ello esperaríamos que el Director de Obras inicie el próximo lunes 4 de junio el proceso de invalidación del permiso, lo que debió hacer con antelación al tener conocimiento de esos 2 dictámenes.

 Usted señora Matthei en sus diferentes cargos públicos se ha caracterizado por exigir el cumplimiento de las leyes y por ello entendemos que conminará a su subordinado Ventura para que proceda conforme al mandato del artículo 53º de la Ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo, dejando abierta la puerta para que el actor privado pueda interponer acciones judiciales cautelando su interés comercial.   En el evento de que se produzca un nuevo hecho ilegal consumado, el único ganador en este episodio sería la inmobiliaria pues así vendería en el mercado una mayor cantidad de departamentos que los admitidos en la regulación sectorial, configurándose entonces la figura de la competencia desleal que socava el sistema económico de libre mercado.

 Dado que usted señor Ventura no tomará la correcta decisión para dejar sin efecto el permiso, solo queda como última instancia la imposición de usted señora Matthei. Estando atentos al desenlace de este episodio, a ambas autoridades municipales las saludamos muy atentamente”.

 Estando este columnista fuera del país recibimos el 5 de junio en nuestro celular una respuesta de la alcaldesa informándonos que, en su opinión, el Director de Obras había actuado bien (sic) y que, por lo tanto, el permiso era intocable. El texto de su correo decía “No hay nada irregular ni ilegal. El DOM aplicó la Ordenanza vigente desde 2007, que fue aprobada en su minuto por la Seremía de Vivienda y por el Concejo y que se viene aplicando hace 11 años!!! Esta vez la CGR, 11 años después, representa la Ordenanza. La DOM aplicó una norma vigente, que desde el Dictamen de la CGR no se seguirá aplicando”.

 Por lo expresado observamos que Matthei apuntala a su Director de Obras y que los dictámenes de la Contraloría serán obedecidos por ese municipio tan solo a partir del presente mes de junio de 2018, luego con efecto retardado. Curiosa decisión de la alcaldesa pues ella ha determinado por sí que los dictámenes del ente fiscalizador no tienen fuerza obligatoria respecto de los actos municipales contrarios a derecho.

 Por último, 3 consideraciones que vale la pena tener presente :

1.- Demostrativo del despelote municipal, el ingenioso Director de Obras Sergio Ventura otorgó al edificio fuera de norma, la recepción final Nº 33/18 y el certificado de copropiedad inmobiliaria Nº 3/18, lo que no le agradará en absoluto al exigente y probo contralor Jorge Bermúdez, pues sus esclarecedores y categóricos 2 dictámenes vinculantes han sido letra muerta.

2.- No es la primera vez que un municipio regentado por políticos de la UDI introduce en el PRC disposiciones que superan el artículo 2.1.21 de la OGUC, artificio que tiene como único propósito entregar beneficios constructivos ilegales a actores inmobiliarios. Esta trampa se cometió tiempo atrás en la municipalidad de Recoleta, cuando el alcalde era Gonzalo Cornejo y quien intentó aprovecharse del ardid fue la Universidad San Sebastián con la construcción de torres que superan la altura máxima permitida, por lo cual el alcalde Jadue emitió un decreto de demolición todavía no cumplido, pues el caso está radicado en la Corte Suprema. Quien lo hizo en Providencia fue el coronel Cristián Labbé  

3.- En La Segunda del lunes 18 de junio, a página completa, se da cuenta de una declaración pública de 58 políticos y académicos y 6 ONG que critican la corrupción imperante, promoviendo mayores penas para los delitos que se detectan, documento que se dirigió al gobierno y al congreso nacional. En la nota periodística aparecen las fotografías de conocidos personajes, ninguno de los cuales curiosamente se ha referido a la creciente corrupción inmobiliaria.