Hace unos días la Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD Chile) dió conocer la cantidad de denuncias de discriminación por identidad de género en establecimientos educacionales en los últimos tres años, las que alcanzan las 18.

La información entregada por la Superintendencia de Educación detalla que en 2015 existieron tres acciones, una correspondió a la Región de Antofagasta y dos a la Metropolitana.

En 2016 se repitieron el número de casos, pero esta vez una en Antofagasta, una en Valparaíso y una en la Metropolitana.

Para 2017 entró en vigencia la circular 0768 del organismo fiscalizador de educación donde se plantean los principios orientadores respecto a las niñas, niños y estudiantes trans, sus derechos, las obligaciones de los sostenedores y directivos de los planteles, procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de los alumnos, medidas básicas de apoyo y cumplimiento de las obligaciones.

El mismo año de la publicación, las denuncias aumentaron a doce: una en Tarapacá, dos en Antofagasta, una en Coquimbo, dos en Valparaíso y seis en la Metropolitana.

Desde la OTD Chile manifestaron su preocupación por los escasos datos y la aparición permanente de tres regiones, sin figurar ninguna del sur del país.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el coordinador ejecutivo de la asociación, Michel Riquelme, valoró la diferencia de las cifras posterior a la publicación del mensaje de la Superintendencia y enfatizó en la ejecución de las sanciones correspondientes a los establecimientos que no han cumplido con su obligación.

“Se generó un revuelo por el uso de los baños e incluso apoderados conservadores presentaron un recurso a la Contraloría para intentar echar abajo la circular pero no lo lograron, esa visibilización ayudó bastante a que las personas trans comenzaran a hacer valer su derecho a la educación libre de discriminación. Ahora esperamos ver los resultados 2018” indicó Riquelme.

Además el representante de la organización Organizando Trans Diversidades sostuvo que las denuncias que llegan ante la Superintendencia suelen ser las más graves, es decir, las causas que no se han podido resolver previamente en diálogo con el colegio.

En la Cámara de Diputados continúa estancado el proyecto que promueve el respeto por la orientación sexual y la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes en su comunidad educativa.

En tanto, en Argentina aún con la Ley de Identidad de Género aprobada hace seis años, se presentan faltas de respeto a la normativa. El caso de Tiziana, la niña a la que se le asignó el género masculino al nacer y que luego cambió su identidad, ahora último reveló hechos de discriminación y violencia institucional en el colegio Alejandro Gauffin 4035 de la ciudad de Salta. Su madre, Graciela Puchetta, hoy exige un trato digno para su hija que tuvo que ser cambiada de escuela.

“Las maestras seguían tratándola en masculino y sus actitudes llevaron a que sus compañeros empezaran a burlarse y hacerle bullying. Mi hija pasó de ser Tiziana al puto famoso” lamentó Graciela Puchetta.

Los padres de Tiziana interpusieron una denuncia por discriminación y violencia de género contra las maestras y la vicedirectora del establecimiento, acción que se resolvió con un dictamen que las obliga a estudiar las leyes de Identidad de Género, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. También se instó al Ministerio de Educación para que haga la formación de los docentes en la ciudad de Salta y se eviten este tipo de casos.

Si bien la resolución no dejó totalmente contenta a la familia, los padres consideraron que la respuesta de las autoridades marca un avance en el respeto entre los individuos, para que cada cual pueda elegir su manera de sentir y expresar.