Gracias a Ciperchile y con crónicas inmediatamente posteriores de medios de prensa independientes se supo cómo Sebastián Piñera, utilizando información privilegiada, compró acciones de la línea aérea Lan, operación bursátil que le generó una cuantiosa utilidad, motivo por el cual una vez detectada la trampa fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), oficina pública técnica que ahora se llama Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Como el hombre es sumamente sagaz, sabiendo que su conversación telefónica con sus adláteres en donde los instruía para comprar se grababa, pagó sin chistar la multa cursada por el órgano fiscalizador, suma que correspondía a unos cuantos millones de pesos. Pero, aunque el lector no lo crea, el titular de entonces de la SVS acaba de reconocer que su servicio conocía el delito, pero que la sanción no fue por haber utilizado la “información privilegiada” sino por haber infringido el “deber de abstención”. Está claro que la SVS optó por ser buena persona con Piñera.
El golpe noticioso lo dio el periodista Sergio Jara y lo más sabroso fue la entrevista que le hizo CNN Chile a Francisco Armanet, ex corredor de valores y ex jefe de Banchile, empresa filial del Banco de Chile, que se dedica a este lucrativo tipo de negocios. Después de haber visto el programa en ese canal de televisión nos queda claro que este personaje tiene las puertas cerradas, por lo menos en Chile, para dedicarse profesionalmente a su especialidad, ello porque si bien dijo una verdad conocida por todos, conforme a las insanas prácticas corporativas en este tipo de empresas, se le castiga por entregar valiosos antecedentes que incriminan al jefe.
Armanet dijo lo que todos los relacionados con los mercados saben muy bien, en orden a que el malicioso recurso de la información privilegiada es un delito penado por la ley porque corroe la fe pública y la correcta competencia en el sistema de libre mercado, lo que este columnista majaderamente está denunciando desde hace mucho tiempo en el sector de la construcción inmobiliaria.
Quienes cuidan los intereses de Piñera, partiendo por su leal ministra Cecilia Pérez, argumentan que lo denunciado por el nervioso Armanet, estaba prescrito y que, por ello, ya nadie debe seguir aludiendo ese antiguo incidente pues en el país hay temas más importantes. En todo caso no estamos muy seguros que la norteamericana Securities and Exchange Commission (SEC) esté dispuesta a seguir el camino formulado por dicha ministra, ya que el delito de marras todavía no ha prescrito en los EEUU.
En otro orden de materias, el domingo 2 de septiembre del mes en curso, el diario El Mercurio publicó un editorial titulado “Ajuste impostergable a la ley de Contraloría” en donde expresa su malestar por la labor que desempeña ese órgano fiscalizador. A ese medio de expresión le incomoda que la Contraloría intervenga en materias como concesiones, tarificaciones, inteligencia, urbanismo y otras, terminando así ese editorial : “Ello está agregando grandes sacrificios a la certeza jurídica, al coexistir la CGR con los órganos administrativos sectoriales competentes en esta materias, deviniendo en una suerte de inadecuado suprarregulador de la política pública”. (sic)
Debido a que muchos de sus lectores podrían dar crédito a lo allí informado, le enviamos a la sección cartas de ese medio una rectificación diciéndole que, según su página web la Contraloría es el órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, contemplado en la Constitución Política de la República, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Es esencialmente una entidad que controla la legalidad de los actos de la Administración del Estado y resguarda el correcto uso de los fondos públicos, con independencia del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.
Agregando que la labor de la Contraloría es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, con sujeción a los procedimientos que la ley contempla y utilizando los recursos públicos eficiente y eficazmente.Terminamos nuestra corrección, diciéndole al medio que, sin temor a equivocarnos sostenemos que si la Contraloría no ejerciera su potestad fiscalizadora, la lacra de la corrupción sería infinita.
Naturalmente la nota aclaratoria no fue publicada, pero cuando expresó su frasecita para el bronce “grandes sacrificios a la certeza jurídica”, lo que se intenta es que, vía ajustes a la ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría, se le quiten a ésta las atribuciones de fiscalizar los actos administrativos, tales como decretos, resoluciones, permisos, etc. a sabiendas que los servicios públicos en Chile son de alto riesgo, sobre todo las municipalidades.
Y ya que estamos hablando de tiburones que impiden el funcionamiento de los mercados, debemos recordar lo que sucede con los famosos guetos verticales (edificios de continuidad con exageradas alturas) que se están construyendo ilegalmente en la comuna de Estación Central. No solo el ministerio de Vivienda y Urbanismo resolvió que todas esas torres habitaciones se levantan con permisoscontrarios a derecho, sino que la propia Contraloría ha concluido que más de 70 de esos permisos son ilegales.
Los lectores se preguntarán ¿cual será el epílogo de este fraude? y les contestamos que la fundación Defendamos la Ciudad ya se ha reunido con el directorio de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) y con el directorio del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), proponiendo a ambas instituciones que, como demolerlas es imposible, al menos apoyen nuestra propuesta para que los dueños de cada torre compensen a la comunidad de Estación Central con obras públicas que mejoren sustancialmente la calidad de vida de los diferentes sectores de esa comuna. Hemos calculado que ese aporte conjunto debiera ser del orden de los US$ 100 millones, cifra insignificante si la comparamos con las grandiosas utilidades obtenidas por esos escualos.
Asimismo y como el riesgo es que estemos ante un nuevo perdonazo por parte del Estado, será necesario que se conforme en la Cámara de Diputados una Comisión Investigadora, la que debería citar a todos los funcionarios públicos que conocen el engaño e invitar a los dirigentes de los grupos ciudadanos de Estación Central quienes, desde hace años, están denunciado la existencia de esos permisos.
