El Presidente Sebastián Piñera firmó, este martes, cinco proyectos de ley enmarcados en el Acuerdo Nacional por la seguridad Pública, tendientes a perfeccionar mecanismos para combatir delitos y mejorar la gestión de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Entre los pilares de esta iniciativa gubernamental está el de transparencia de las policías: las instituciones estarán obligadas a rendir cuenta pública de sus flujos financieros una vez al año, además de someterse a auditorías externas para evitar desfalcos al fisco. También se contempla instaurar un sistema de denuncias de abuso policial, donde la ciudadanía pueda dar cuenta de arbitrariedades cometidas por sus funcionarios.

Otro de los temas centrales en la propuesta es el control de armas. La idea es actualizar el actual registro de tenencia de armamento, su reinscripción, dar plazos fijos para la entrega voluntaria, perfeccionar los estándares en permisos para compra y tenencia, entre otras.

Se delegarán nuevas facultades a inspectores municipales, entre ellas, el control de tránsito y responsabilidad en labores sobre protección a las víctimas de violencia intrafamiliar.

Finalmente, se enviará un proyecto de ley sobre sistema de Inteligencia del Estado. Se constituirá un Consejo Asesor de Inteligencia, ente que será el encargado de dar recomendaciones para avanzar en la materia.

Al respecto, el senador PPD y miembro de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe Harboe, indicó que las iniciativas van en el sentido correcto, sin embargo, cuestionó la falta de relación entre las propuestas del Gobierno y el presupuesto destinado para concretar las pre normativas.

“Los guardias municipales pueden ayudar en muchas cosas a Carabineros, pero mientras exista en Chile el nivel de desigualdad de financiamiento municipal, no tienen ni pueden tener cabida las policías comunales, porque solo van a tener este beneficio las administraciones más ricas, es decir, los sectores más acaudalados, mientras que los municipios más pobres no van a tener posibilidad alguna, por tanto, en este tipo de iniciativas, mientras no se corrija el sistema de financiamiento, nosotros no vamos a estar disponibles”, afirmó.

Sobre este punto, una opinión coincidente manifestó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Para el edil, el nuevo rol que tendrán las administraciones comunales tiene que ir acompañado de recursos, ya que precisó que sin financiamiento, la ley será letra muerta en la mayoría de las entidades del país que no gozan de mayores caudales económicos.

Sharp puso como ejemplo la situación que se vive en Valparaíso, donde existen solo 15 inspectores municipales para 300 mil habitantes.

Para la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, la preocupación va más allá de las iniciativas particulares.

La experta en la materia indicó que aún no se conoce un plan de seguridad que guíe las acciones del gobierno en el largo plazo y a mayor profundidad e integración, especialmente ahondando, por ejemplo, en la formación de Carabineros o una mayor coordinación por la Reforma Procesal Penal entre las instituciones policiales y el Ministerio Público.

“Si son inadecuadamente formados, si sus mallas curriculares están obsoletas, si tienen una carga cultural ideológica que no es acorde con la perspectiva que el Estado le está dando al abordaje del problema, vas a desempeñar una función que, a lo menos, no va a ser colaboradora de un fin compartido mayor. Si estamos pensando en resituar las funciones de Carabineros, eso tiene que, necesariamente, tener un correlato con el proceso de formación”, argumentó.

En tanto, el investigador de Plan Social del Instituto Libertad y Desarrollo (LYD), Guillermo Irarrázaval, valoró las iniciativas, especialmente las que se refieren a modernización de coordinación de información entre las policías y las múltiples acciones que atacan el tema de las armas de fuego.

“La modernización institucional de las policías es algo importante, porque lo que ocurre hoy es que la base de datos no está integrada entre ellas y, además, otro punto importante es el tema de control de armas. Esta iniciativa ataca especialmente los problemas sobre narcotráfico, robos y las dificultades que afectan a todos los chilenos”, subrayó.

Las iniciativas fueron recogidas a partir de las conclusiones que entregaron el 19 de julio pasado los integrantes del Acuerdo Nacional de Seguridad, cuya mesa estuvo compuesta por personeros oficialistas, de oposición, policías y sociedad civil.

150 propuestas de las cuales se extrajeron los cinco proyectos de ley que serán enviados al Congreso.