RIC, tres letras que se repetían este sábado en los carteles que blandían los “chalecos amarillos” en las calles y se repetían en las redes sociales. El referéndum sobre una iniciativa ciudadana (RIC) o iniciativa popular se encaramó en los últimos días a la cima de los reclamos del movimiento contestatario, que pretende, a través de esta herramienta, “restaurar el papel soberano del pueblo”.

Para los manifestantes de este movimiento, que inicialmente se centró sobre todo en el poder adquisitivo, el objetivo es ahora modificar la Constitución para “dar al pueblo el derecho a redactar o derogar una ley sobre el tema que elija”. O también despedir a los funcionarios electos, incluyendo al Presidente, mientras que las “dimisiones de Macron” seguían en Francia el sábado.

En una lista de reivindicaciones distribuida a finales de noviembre, los “chalecos amarillos” pedían que un proyecto de ley que obtuviera 700.000 firmas -en un sitio web bajo el control de un organismo independiente- condujera a un referéndum nacional en el plazo de un año, tras la aprobación de una posible enmienda en la Asamblea Nacional, de modo que no se solicitara con antelación al Parlamento.

Además de los referendos iniciados por el Ejecutivo o el Parlamento, la reforma constitucional de 2008 bajo el mandato quinquenal de Nicolas Sarkozy ya ha incluido la posibilidad, bajo condiciones estrictas, de “referendos de iniciativa compartida”. Requiere “una quinta parte de los miembros del Parlamento, apoyada por una décima parte de los votantes en las listas electorales”, es decir, al menos 185 diputados y senadores y más de 4,5 millones de votantes. Este procedimiento es difícil de aplicar y nunca se ha utilizado.

¡La RIC “exigida desde hace años por la RN es una herramienta esencial para un buen funcionamiento democrático! Desbloquear nuestra democracia significa devolver la palabra a la gente”, declaró el sábado Marine Le Pen en Twitter. Durante la campaña, su programa preveía un referéndum sobre la propuesta de al menos 500.000 votantes.

El líder de la LFI, Jean-Luc Mélenchon, también reafirmó su apoyo a este sistema esta semana en la Asamblea Nacional. Debe permitir “derogar una ley, proponer una ley y el derecho a destituir a cualquier funcionario electo, desde el Presidente de la República hasta el concejal municipal”, argumentó.

Desde el partido conservador Los Republicanos, Julien Aubert presentó a principios de diciembre una propuesta de ley constitucional para un verdadero “referéndum de iniciativa popular”, mientras que en sus aliados de la UDI se dijeron a favor de ampliar el referéndum ciudadano, en particular mediante la remisión obligatoria de asuntos al Parlamento a través de peticiones electrónicas.

El sábado, la diputada del Modem (centro-derecha) Isabelle Florennes aseguró a LCI que los miembros electos de su grupo habían estado “siempre a favor” de la RIC, pero sólo si estaba “supervisada” y “respaldada por un Parlamento fuerte”, añadiendo que la destitución sería “inconstitucional”.

Olivier Faure (Partido Socialista) dijo que desconfía de la “dictadura de la emoción”, sugiriendo en su lugar un “derecho ciudadano de enmienda” que permita la participación ciudadana, pero “reserva la última opción” a “personas que puedan ser sancionadas en cada elección”.

El examen del proyecto de enmienda constitucional no se reanudará hasta marzo, al final del debate local de tres meses de duración. Uno de los cuatro temas es “Democracia y ciudadanía”.

El martes, el Presidente se reunirá en el Elíseo con sus ministros y responsables económicos para organizar la gran consulta nacional anunciada en el marco de las medidas adoptadas para responder a la ira de los “chalecos amarillos”.

Lanzada durante dos meses y medio, esta consulta debe basarse en gran medida en los alcaldes y abordar cuatro temas principales (transición ecológica, fiscalidad, organización del Estado, democracia y ciudadanía, a los que se ha añadido la inmigración).

Es en el marco de este debate que se discutirá el RIC. El Primer Ministro se pronunció a favor de este mecanismo, que puede ser un “buen instrumento en una democracia” pero no utilizado “no sobre cualquier tema ni bajo cualquier condición”, advirtió.