A pesar de la complejidad e importancia de las decisiones y temas que se abordan en una Conferencia de las Partes (COP), a la fecha la mayoría de las informaciones de prensa respecto a la realización de la próxima cita que tendrá como escenario nuestro país a finales de este año han estado centradas en temas logísticos: fechas y lugares.

Pero, ¿qué es una COP y cuál es su importancia? La Conferencia de las Partes (COP)corresponde al órgano supremo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), es decir, es la máxima instancia con capacidad de decisión. En ella se definen parámetros y se suscriben convenios como el Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto.

En 1979 se organizó la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra, Suiza y se lanzó el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, bajo la responsabilidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC), tras lo cual surgió en 1988 el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En 1992 se realizó la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil, donde se dio origen a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Este jueves 11 de abril el Presidente Sebastián Piñera realizó el lanzamiento oficial de esta edición actividad, encuentro al que asistieron diversos académicos y autoridades de la U. de Chile, entre ellos el Rector Ennio Vivaldi, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), Francisco Martínez; la Premio Nacional de Ciencias Naturales, Mary Kalin; y los y las investigadores del Centro del Clima y la Resiliencia (CR)2, Andrea Rudnick, Pilar Moraga, Roberto Rondanelli y Juan Pablo Boisier, además de Maisa Rojas, quien es integrante del Comité Asesor Presidencial de la COP25, cita que se realizará entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019, mientras que las actividades previas se realizarán entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre.

Para la profesora Pilar Moraga el escenario es complejo, dado que “la responsabilidad es que la presidencia de la COP está en manos del gobierno de Chile, que en este caso va a estar en la ministra del Medioambiente, Carolina Schmidt”. Esto, advirtió la experta en legislación ambiental, implica encargarse de “todo lo que significa el proceso para llegar a la COP, porque hay negociaciones previas durante todo el año, y luego se realiza la reunión misma”.

¿Qué tipo de negociaciones son estas?

Estamos hablando que la COP25 se realiza dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y por ende estamos hablando de una conferencia de las partes. Las partes son los países, son los Estados, que han suscrito la convención marco, y por ende las negociaciones las llevan las partes, los estados firmantes.

Ahora, ¿cuál es el objeto? El objetivo va cambiando de una COP a otra. Por ejemplo la COP de Paris tenía como objeto la definición de un nuevo marco legal para el cambio climático que reemplazaría a Kioto.

La COP del año pasado tenía como objeto fijar el libro de reglas de la implementación del Acuerdo de París. También tenía objeto definir los mecanismos de mercado del artículo 6 de este convenio y cómo estos iban a operar. Es algo que quedó pendiente para esta COP. Otro tema para la agenda de esta COP es cómo los países van a aumentar la ambición de bajar las emisiones.

Cuando los países firmaron el Acuerdo de País el 2015, presentaron compromisos nacionales que se conocen como NDC, por sus siglas en inglés. Según estas contribuciones que se presentaron ese año, si cumplimos con todos esos compromisos, la temperatura del planeta aumentaría en casi 4 grados. Esto se contrapone al objetivo del Acuerdo de París que nos dice que no podemos superar el 1,5 de temperatura de calentamiento global. Entonces, el otro objetivo de esta COP va a ser definir cómo los países aumentan sus compromisos o sus metas para poder alcanzar este límite de 1,5.

Al ser los organizadores, ¿cuáles son las funciones concretas de Chile?

Bueno, primero está toda la parte que han cubierto los medios nacionales, que es la parte de la organización logística, pero esa es una cuestión menor en el contexto de una COP donde lo relevante es cuáles son los compromisos que se van a adoptar por parte de los Estados que van a negociar. Es cómo Chile logrará alinear a los países para una mayor ambición, lo que es un tema de negociación política que se va a dar durante este año.

¿Cómo es que se relaciona en términos políticos que Chile organice este evento y no haya suscrito el Acuerdo de Escazú?

Hay que entender que el derecho internacional en materia ambiental es muy fraccionado. Esa es una de las principales críticas que tiene porque al estar tan fraccionadas, las negociaciones para la adopción de los distintos tratados se realizan de manera paralela, por ende las negociaciones del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que es un acuerdo regional, se dan mientras se ejecuta la implementación de otro tratado internacional, que es el Acuerdo de París, que se da en un marco de negociaciones globales de la comunidad internacional, porque este es un acuerdo multilateral mundial.

Ahora, ¿por qué se establece un vínculo entre ambos? Porque el cumplimiento del Acuerdo de París se fundamentan en los principios que consagra Escazú como la transparencia y la participación de todos los actores, de todas las comunidades en las decisiones ambientales.

¿Se puede arrepentir Chile y suscribir Escazú basado en la experiencia que nos de la COP?

Eso puede ocurrir en cualquier momento, pero eso es voluntad política. Así como el presidente hoy día en el lanzamiento de la COP recordó la cumbre de Río en el 92 y lo importante que fue esa cumbre para Chile, porque a partir de ese minuto se creó la institucionalidad ambiental, y que fue 20 años más tarde en Rio +20 que Chile lideró el inicio del proceso de Escazú, hay una definición política que tomar que, efectivamente, parecería de toda coherencia que se hiciera.

Para hacer un balance más global, ¿cuáles son los principales desafíos para Chile en materia de Cambio Climático?

Creo que acá el desafío es la trasformación de la sociedad hacia una economía carbono neto neutral, lo cual corresponde a una trasformación de nuestras actividades económicas y de nuestros modos de vida. Ese es el desafío que plantea el Cambio climático. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra de diferentes maneras, pero principalmente con un marco jurídico que vaya en ese sentido.

Se anunció una Ley de Cambio Climático, que espero que no sea una ley marco. Acá se necesita más que una ley marco y fortalecer ciertas instituciones. La OCDE dijo en el 2016 en el informe del desempeño ambiental de Chile que el problema en acá a nivel institucional es que el único organismo que tiene la responsabilidad expresa es el Ministerio de Medio Ambiente, siendo que los ministerios sectoriales son los encargados de implementar la política climática, por ello lo hacen según sus urgencias.

Entonces la ley tiene que reparar esa situación e ir mucho más allá y eso significa establecer una meta, establecer instrumentos de cómo vamos a alcanzar ser carbono neto neutral lo más rápidamente posible, y eso requiere revisar, por ejemplo, otros proyectos de ley como son la reforma al CEIA, como es la protección de glaciares, la reforma del código de aguas y el servicio nacional de biodiversidad. Todo se tiene que articular de una manera coherente.