La artera campaña mediática para quitarle atribuciones a la Contraloría ya está llegando a niveles bastante fantasmagóricos, recordemos que en Chile mandan los que tienen el poder económico, motivo por el cual aludimos al editorial “Modificaciones a la ley de Contraloría”, publicado el sábado 5 de abril pasado en el medio de prensa El Mercurio que posa de serio y objetivo, en el cual le dice a quienes deberán aprobar los cambios a la Ley Nº 10.336 de la Contraloría, de rango constitucional, cómo ésta garantizará las inversiones sin el incómodo y burocrático control de la legalidad.
Recordemos que ese diario y otros tantos, que bailan al compás de los intereses de los grupos económicos, habilidosamente han establecido como un problema de Estado la presunta “incerteza jurídica” que afecta a una minúscula cantidad de permisos de edificación denunciados en la Contraloría por grupos ciudadanos que persiguen la probidad y transparencia en las Direcciones de Obras Municipales (DOM). El ente fiscalizador ha examinado esos actos administrativos y, como era su deber, ha ratificado que ellos son contrarios a derecho, a sabiendas que los privados que obtuvieron esos permisos ilegales tienen las puertas abiertas en los tribunales de justicia para que interpongan acciones en contra de los dictámenes de la Contraloría.
Pero bajo el liderazgo de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), cuyo presidente se ha transformado, según una publicación de un vespertino, en el principal lobbista de la plaza, se está intentando que el lucrativo negocio inmobiliario no se tenga que someter a los estatutos legales del sector, luego que las tramitaciones de los permisos sean express para beneplácito y tranquilidad de los inversionistas que hacen trampas. Muchos inmobiliarios hacen las cosas bien y por lo tanto se concluye que esa influyente asociación gremial empresarial apoya incondicionalmente la competencia desleal.
Una de las órdenes que dicho diario imparte a los decisorios políticos es que la Contraloría sea dirigida por un “consejo colegiado de dirección” y que “sus dictámenes no afecten derechos adquiridos por terceros ni las situaciones jurídicas consolidadas”, a sabiendas por todos que al interior de las municipalidades es muy sencillo equivocarse para beneficiar a ciertos actores del mercado. Es cosa de interpretar con ardides una norma urbanística para que un proyecto de edificios en lugar de tener 12 pisos pueda tener 16 pisos, más todavía si a los DOM,s en muchas materias, la propia ley les impide revisar las cifras que calculan los arquitectos proyectistas.
Ya para la risa, tal diario dice que “si el dictamen identifica un vicio de legalidad en el acto administrativo, éste no debiera ser necesariamente invalidado” y dirigiéndose al actual contralor, con insolencia espeta que él “no disponga de un procedimiento público para emitir dictámenes, con adecuadas oportunidades para escuchar a todos los interesados en ese acto administrativo y no sólo al funcionario público como hoy”.
Este columnista desmiente con desagrado y categóricamente al redactor de ese infundio, porque sabemos muy bien que la Contraloría, antes de resolver una materia de este tipo que le hayan denunciado, lo primero que hace es pedir sus opiniones al Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, al Seremi de Vivienda y Urbanismo y al DOM respectivo, instruyéndolo por escrito para que avise al titular del permiso en discusión, de tal forma que éste haga valer sus puntos de vista en la Contraloría. Cuando los permisos de los proyectos que, por sus cargas de ocupación, se someten a las disposiciones ambientales y de transporte, la Contraloría solicita informes a ambas autoridades.
Con inusitado cinismo el editorial expresa que “en determinadas materias altamente técnicas la ley simplemente excluya la potestad dictaminante” (sic) lo cual, por su impudicia, no merece mayor comentario y para rematar ese diario comercial su animadversión al rol que realiza la Contraloría dice que ésta “no es un tribunal de justicia y la Constitución le prohíbe ejercer funciones jurisdiccionales”. Nunca en sus 92 años de vida, la Contraloría ha pretendido asumir atribuciones que no tiene y por ello esa aseveración mercurial es asaz impertinente e injuriosa.
Finalmente, una vez más insistimos en que la Contraloría, con la cual no siempre estamos de acuerdo con sus dictámenes, es un baluarte público insustituible que todos aquellos que promovemos la probidad y la transparencia en el cotidiano quehacer del Estado debemos cuidar. Esperamos que el proyecto de ley que envíe próximamente el gobierno de Piñera al Congreso Nacional para modificar su Ley Nº 10.336 le entregue mayores atribuciones fiscalizadoras y un presupuesto más alto para que Chile, en unos cuantos años más, se ponga a la altura de los países serios del primer mundo.
En sentido contrario, si la clase política sigue los consejos de este diario, tendremos más actividad inmobiliaria al margen de la ley, lo que será muy bueno para los apitutados de siempre, esos mismos que se juntan periódicamente en seminarios que se realizan en el sector oriente de Santiago, y muy malo para el propio libre mercado y lo que es peor todavía, para el Estado Democrático de Derecho. En tal sentido, tanto el gobierno como los parlamentarios tienen la última palabra.
