En el marco de la estrategia de inserción internacional del país se establecieron 26 acuerdos comerciales (TLC) con 64 mercados que representan el 63% de la población mundial y el 86,3% del PIB global. Los nuevos TLC son más que acuerdos comerciales; incluyen normas sobre propiedad intelectual y sobre tratamiento de inversiones que inciden en las normas regulatorias interna. También normas sobre movimiento de personas, política de competencia, medioambiente empresas estatales entre otras. Esta ampliación temática tiene que ver con un aumento de la complejidad de las relaciones económicas internacionales. En efecto, hasta mediados de los 80 la industrialización exitosa significaba la construcción de cadenas de valor dentro del propio país; a partir de entonces tuvieron lugar transformaciones revolucionarias de la industria y el comercio que condujeron a la deslocalización de las diversas etapas de producción y con ello la movilización del conocimiento junto con la producción. El núcleo del comercio en el siglo XXI se estructura en consecuencia sobre la base del nexo comercio – inversión – servicios – propiedad intelectual. Con ello cambia la gobernanza del comercio mundial hacia el regionalismo.
En este contexto, el 4 de febrero del 2016 se firmó el TPP. El triunfo de Trump llevó a EEUU a abandonar el acuerdo. Pese a ello, los otros países decidieron continuar con la iniciativa, la que se aprobó el 8 de marzo del 2018.
Quienes están a favor de la ratificación del tratado argumentan que las asociaciones son cruciales para defender los intereses de los países pequeños; que se con el TPP – 11 se abren nuevas posibilidades de exportación al aprovechar la regla de acumulación de origen de las exportaciones, que el acuerdo no implica restricciones para impulsar una política industrial (la cual más bien no ha avanzado por razones de política interna) ni tampoco para impulsar cambios regulatorios. Se sostiene también que los aspectos más complejos se suspendieron al salirse los EEUU del acuerdo y su reincorporación en caso que EEUU volviera, requeriría la ratificación de los Congresos de los países miembros.
Los opositores consideran que se trata de un mecanismo de protección para las trasnacionales, que implica restricciones en materia de política industrial y regulatoria que no se condicen con los reducidos beneficios que traerá el acuerdo. Se señala también que los comités arbitrales tienen un sesgo a favor de las corporaciones, que las 20 clausulas que se suspendieron al salir EEUU pueden reponerse. Se critica también la falta de estudios y de un proceso participativo. Quizás el argumento más importante es que los acuerdos internacionales no han sido inclusivos, que han ido a favor de los grupos más poderosos y que ello está a la base de fenómenos como el BREXIT.
No obstante, el avance hacia gobernabilidad democrática global se construye participando en los acuerdos internacionales. Por otra parte, la ex Nueva Mayoría enfrenta un serio problema de coherencia: después de varios años de negociaciones en que no se objetó institucionalmente la iniciativa (liderada además por el Gobierno de Bachelet), rechazar la iniciativa amenaza seriamente su credibilidad política.
El autor es el Director Programa de Economía, Fundación Chile 21
