Durante la mañana de este martes, pobladores de distintos comités de vivienda de San Ramón y La Pintana agrupados en el Movimiento Solidario Vida Digna, se manifestaron a las afueras del Metro Santa Rosa exigiendo soluciones habitacionales.
Los pobladores manifestaron su indignación con la iniciativa legal de “Integración Social” -actualmente en discusión en el Congreso-, que según denuncian pretende concesionar las reservas públicas de suelo y regular el territorio de acuerdo a las demandas del mercado inmobiliario, lo que aseguran es una irresponsabilidad de parte del Estado al profundizar la desigualdad en materia de Vivienda.
Los manifestantes exigieron que el desarrollo del Proyecto La Platina no se convierta en un nuevo nicho del mercado inmobiliario, sino que apunte a solucionar el alto déficit habitacional de estas comunas.agilizar el diseño y ejecución del Proyecto Habitacional Comunidad Organizada La Bandera:, contemplando los mínimos arquitectónicos y sociales presentados por el Comité Quiero Mi Casa.
Según un comunicado de prensa difundido públicamente, los manifestantes exigen al gobierno de Sebastián Piñera una solución a su problema habitacional.
Foto@ Agencia Pueblo
“Hemos tenido que salir nuevamente a las calles a demandar nuestro legítimo derecho de habitar dignamente, convencidos del proyecto de construir una Comunidad Organizada donde podamos vivir en solidaridad, apoyo mutuo y autogestión. Sin embargo, estos sueños han sido truncados por la irresponsabilidad del Estado quien ha profundizado la desigualdad en materia de vivienda. Hoy nos indigna la iniciativa legal de ‘Integración Social’ que, antecedida por un conjunto de decretos (DS19 – DS 116) del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y actualmente por la Ley promovida por el gobierno de Sebastián Piñera y el Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, pretende concesionar las reservas públicas de suelo y regular el territorio de acuerdo a las demandas del mercado inmobiliario (mayor densificación), abordando la segregación sólo a partir del acceso a los bienes de consumo. Por otro lado, la definición de las Zonas de Integración Urbana (ZIU) es un retroceso en compromisos de aumentar la participación en las instancias de planificación urbana, obedeciendo únicamente el mandato de las inmobiliarias. En todo momento se nos ha excluido de su formulación e inclusive consulta. Sin contemplar a quienes habitamos los territorios, construimos las ciudades y quienes, desde nuestras organizaciones, hemos promovido proyectos de Integración Comunitaria efectiva. Ministro, le preguntamos ¿Cómo es posible construir una ley de Integración Social sin las y los pobladores?”, señalan en el documento.
Foto @Agencia Pueblo
Los manifestantes aseguran que la nueva normativa solo conseguirá aumentar la segregación de las personas de menos recursos y “la concesión de los suelos públicos a empresas privadas, entregando un cheque en blanco a las inmobiliarias. En efecto, esto generará las siguientes consecuencias negativas para nuestras familias y comunidades:
- Impedirá que nuestras familias postulen colectivamente, rompiendo las relaciones sociales y redes de apoyo que se han construido a lo largo de estos años. Siendo la Entidad Desarrolladora quien determine qué familias ingresan al proyecto, poniendo como trabas su poder adquisitivo;
- Excluirá a las y los pobladores del diseño de sus barrios, entregando esta función únicamente a las Entidades Desarrolladoras;
- Endeudará a 7 de 10 de los futuros habitantes de Platina, impidiendo que familias vulnerables logren obtener una vivienda digna. Además, localizará a las viviendas sociales hacia el Acceso Sur, creando una nueva segregación residencial, mientras que el desarrollo inmobiliario tendrá vida propia en las vías estructurantes.
Los pobladores agrupados en el Movimiento Solidario Vida Digna anunciaron que iniciarán un ciclo de movilizaciones que permitan cambiar el foco de la política habitacional.
