El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se ha parado fuerte frente a los alumnos del Instituto Nacional y les ha dicho: “Yo no les tengo miedo”, junto con una defensa a la aplicación de la ley Aula Segura.

Sin embargo, para el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, la razón de esta férrea defensa a la ley aprobada en 2018 y cuya implementación fue en el primer semestre de este año, recae en que es la única de las leyes emblemáticas del Ejecutivo que fue aprobada.

“Afortunadamente, Admisión Justa no se pudo legislar”, señaló Pérez en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile.

Pero volvamos al caso de Aula Segura. En la última semana, además, debido a los actos de violencia en el Instituto Nacional a los que el alcalde Alessandri hizo referencia, él mismo instó a los efectivos de carabineros a aplicar la revisión aleatoria de las mochilas de los estudiantes. Un discurso que, según Rodrigo Pérez, proviene de su “propia psicosis”.

Felipe Alessandri.

“Con Alessandri han sido años claves dentro de la radicalización del movimiento estudiantil, producto de su posición violenta, reaccionaria, respecto de nuestras demandas históricas. Él no ha respondido ninguna, su única respuesta es decir, no se movilicen y si se movilizan los vamos a sancionar con la expulsión o cancelación de matrícula”, criticó el dirigente estudiantil.

Sin embargo, el caso del Instituto Nacional, pese a estar en el centro de la polémica, no es el único donde se ha implementado las medidas propuestas en Aula Segura.

Amaranta Ballesteros, fue presidenta del Liceo 1 Javiera Carrera, pero hace aproximadamente una semana ella y toda la directiva del Centro de Alumnas de dicho establecimiento renunciaron por problemas internos con el estamento. Sin embargo, desde su posición como estudiante, según consignó a este medio, la vigilancia de Fuerzas Especiales ha sido constante desde que inició este semestre.

La expresidenta del Liceo 1, además, solidarizó con los estudiantes del Instituto Nacional y aseguró que la revisión aleatoria de mochilas se puede llevar a cabo desde la subjetividad. Asimismo, recordó la relación que su directiva tuvo con el alcalde Alessandri.

“La única vez que nos reunimos con él fue para revisar los puntos de infraestructura de nuestro liceo. En esa instancia nos dio para hablar de proyectos que pudieran arreglar ellos con dinero. No hubo una conversación sobre los problemas con los profesores con sumario por abuso sexual ni mucho menos de Aula Segura”, indicó Ballesteros.

Los apoderados de los estudiantes son otro grupo emplazado por Felipe Alessandri. Y es que para la máxima autoridad de Santiago, en el caso del Instituto Nacional, los padres “ideologizados” colaborarían financieramente para la realización de actos vandálicos.

Esta afirmación, según Rodrigo Pérez, se encuentra descontextualizada dado que dos de los tres centros de apoderados que existen en el Instituto Nacional se han alineado a las medidas propuestas por Aula Segura.

Al respecto, Lorena Ávalos, presidenta del Centro de Padres del Internado Nacional Barros Arana, custodiado también en la última semana por Fuerzas Especiales, indicó a este medio que la aplicación de Aula Segura no ha logrado entregar mayor seguridad a ninguna de las partes de este conflicto.

Rodrigo Pérez.

“Mientras más presencia policial en los establecimientos, más levantamientos sociales se van a crear. Aquí las políticas debieran ser de diálogo, no de actos represivos. Si sacan a un estudiante por Aula Segura, los chiquillos tienen muy claros los conceptos y dicen, donde cae uno, se levantarán diez”.

Desde la perspectiva del análisis de esta situación, la directora de políticas educativas de Educación 2020, Nicole Cisternas, rechazó la mirada confrontacional en la resolución de este conflicto, por sobre la mirada formativa. Además, para Cisternas. es urgente la conformación de un equipo de especialistas en crisis y convivencia escolar.

“La ley Aula Segura no ha sido un gran aporte en el tema de solucionar la violencia. Con la legislación anterior ya se podían expulsar estudiantes, suspender y separar de la comunidad educativa mientras se investigaba. Los directores tienen esas atribuciones”, explicó Cisternas.

Cabe recordar que, este último fin de semana, los hechos de violencia en el Instituto Nacional se agravaron y el viernes nuevamente las clases fueron suspendidas.

Asimismo, el Centro de Alumnos de este establecimiento educativo hizo público el petitorio hacia la Municipalidad de Santiago, el sostenedor en este caso. Algunos de los reclamos que exigen son la creación de protocolos para casos de violencia de género, persecución política, movilizaciones, así como la rendición de cuentas mensuales de los Fondos de Subvención Escolar Preferencial y Regular.