Según datos de la Defensoría Penal Pública, en 2018, 3.156 personas que estaban con prisión preventiva fueron declarados inocentes o no condenados, es decir, enfrentaron la cárcel, y con ello sus perjuicios, sin haber cometido ningún delito. Una cifra que ha ido en aumento durante los últimos años.

En ese contexto, es que desde 2013 la Defensoría Penal Pública lleva adelante el Proyecto Inocentes, que busca visibilizar los errores que comete el sistema judicial con casos concretos que permitan aprender y evitar que se repitan las situaciones. Para esto ha establecido ya seis causas de error que influyen en que se den este tipo de casos.

Se trata de la identificación errónea, declaraciones falsas, falsa confesión, errores periciales o ciencia limitada, mala conducta de los agentes del Estado o mala conducta del defensor.  Sin embargo, a pesar que existe claridad respecto de estas falencias, la situación no ha ido en baja.

Según señaló el encargado jurídico del Proyecto Inocentes, Humberto Sánchez, el problema de las equivocaciones que comete el sistema se topa con otro punto que tiene que ver con que nuevas leyes, o las agendas cortas han establecido la prisión preventiva con mayor facilidad, casi dejándola como una pena anticipada. De esta forma, si al inicio de la Reforma Procesal Penal se registraban 15 mil personas en prisión preventiva al año, hoy la cifra bordea los 30 mil.

“La naturaleza de la prisión preventiva es que es una medida excepcional que se aplique solo cuando no hay otra medida que pueda asegurar los fines del procedimiento. Muchos de los casos que nosotros tenemos en el proyecto son personas que no tenían antecedentes penales, incluso muchos de ellos tenían indicios de pruebas de descargo pero esto no fue escuchado y simplemente se decretó en su contra la prisión preventiva cuando se pudo, por ejemplo, aplicar el arresto domiciliario o una obligación de comparecer ante algún organismo”, explicó el abogado.

La prisión preventiva es uno de los puntos propuestos por el Ministerio Público para la posible reforma que se quiere realizar al Código Procesal Penal. El objetivo es limitarla, procurando que esta sea solo en casos realmente necesarios, y que se dé mayor uso a otras medidas cautelares, como por ejemplo el arresto domiciliario.

Desafortunadamente, ha habido un aumento de prisiones preventivas entre los años 2016 – 2018, en personas inocentes o no condenadas. #CifrasDPP pic.twitter.com/qqd6Nm9Wz1

— Defensoría Penal (@DPP_CL) 14 de mayo de 2019

Daños irreparables

Estos errores traen consigo un importante costo psicosocial para los inocentes que deben estar en prisión preventiva, pues en algunos casos esta se ha extendido por más de un año.

Respecto de esta situación, el encargado jurídico del Proyecto Inocentes comentó que “hay daños que son de carácter psicológico, hay daños que tienen que ver también con problemas físicos, agresiones, incluso algunos atentados de otra naturaleza que nosotros hemos constatado y que, evidentemente, dejan con marcas, con secuelas a esa persona”.

Agregó que “también se pueden visibilizar problemas de carácter laboral porque si una persona está acusada de un delito y en la cárcel por esa acusación, evidentemente no hay empleador que sostenga una posibilidad de empleo en esas condiciones, normalmente son despedidos. Hay daños que no se solucionan con la libertad”, aseveró.

Si bien judicialmente las personas que participan del Proyecto Inocente han sido sobreseídas, el costo que haber estado en la cárcel tuvo para sus vidas personales es irreparable, y no existe una política de Estado clara para actuar en este tipo de hechos.

Aunque los inocentes podrían demandar al Estado por los daños generados, esto tiene un amplio costo económico y de tiempo para enfrentarse a abogados expertos que defenderán en el juicio civil los recursos del país, por lo que someterse a un nuevo proceso judicial complejo, para las victimas no es siempre la opción elegida, terminando así sin ningún tipo de compensación.

Adrián Zarricueta es uno de los casos del Proyecto Inocentes, pues estuvo en prisión preventiva por 80 días acusado de robo y abuso sexual. Sin embargo, al momento en que se cometió el ataque, él estaba trabajando en otra región. Solo con una prueba de ADN, realizada cuando ya estaba recluido, permitió que fuese sobreseído.

En conversación con nuestro medio, Adrián señaló que se siente muy decepcionado del sistema judicial, y que aún hay mucho que mejorar, entre ello la reparación a las víctimas, pues ir a la cárcel les cambia completamente su vida.

“Aunque suene mal, la única manera de reparar por el daño es con plata. Yo perdí mucho, perdí contratos de 50, 60 millones de pesos por este motivo, tenía contratos con constructoras donde salía que si tenia problemas judiciales se acababa automáticamente, y aunque yo era inocente perdí eso igual”, comentó.

Manuel Cortés también es parte de los casos que tiene el Proyecto Inocentes. Él fue acusado de participar en un homicidio junto a sus dos hermanos, y si bien el mayor de ellos efectivamente está condenado por el asesinato, los otros dos no tuvieron ninguna participación. Sin embargo, cumplieron prisión preventiva por cuatro meses y 25 días en el caso de Manuel, y dos años y medio su hermano Freddy, también inocente.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile indicó que el costo ha sido muy alto y que se va viendo con el tiempo poco a poco. Miedo, traumas, problemas para encontrar trabajo, también dolor y angustia familiar son algunas de las consecuencias que ha experimentado.

“Ningún estamento de justicia hasta el día de hoy ha sido capaz de, primero, pedir disculpas, y lo único es el Proyecto Inocentes que es representativo de la Defensoría Penal Pública y con la plataforma nos acerca a una reparación, pero tiene que ver con una fracción de un grupo bien crítico al sistema judicial, pero respecto de los involucrados que tuvieron estas fallas no hay nada y, en ese sentido, esperar es algo iluso”, explicó.

Manuel Cortés – Créditos: Proyecto Inocentes

Además, Manuel Cortés dijo que “si hay más de 3 mil inocentes al año, eso te permite hablar de un fallo del sistema, porque pesa más la capacidad de meterte preso que otras cosas (…) Es más fácil meter a la persona presa que buscar su inocencia”. Agregó que a su juicio en las policías y en la Fiscalía existe una prisa por parecer eficientes y resolver casos a la brevedad, pero que con esa intención no se hacen las investigaciones con la cautela y prudencia que se necesita, cayendo en este tipo de errores que dañan a inocentes.

A través de la visibilización de casos como estos, y del diagnóstico de los errores más frecuentes el Proyecto Inocentes busca dejar abierto el debate sobre lo que sucede en nuestro país, y de esta forma en conjunto a otras áreas del sistema judicial hacer un mea culpa y tomar medidas que permitan mejorar, ordenar, y cautelar las investigaciones que pueden determinar el futuro y la culpabilidad de una persona.