Organizaciones recurren a la Justicia para determinar propiedad de fondos previsionales

En el marco de la campaña impulsada en julio por la Coordinadora No + AFP y la Fundación La Casa Común, el martes se realizaron los alegatos por el recurso de protección contra las AFP, con el que se está reclamando la propiedad de los ciudadanos sobre sus fondos de pensiones. El encargado de representar a los afiliados fue el abogado Fernando Atria, quien en conversación con este medio dijo que se debe aclarar si los trabajadores realmente son dueños o si solo se les dice eso con un fin propagandístico.

En el marco de la campaña impulsada en julio por la Coordinadora No + AFP y la Fundación La Casa Común, el martes se realizaron los alegatos por el recurso de protección contra las AFP, con el que se está reclamando la propiedad de los ciudadanos sobre sus fondos de pensiones. El encargado de representar a los afiliados fue el abogado Fernando Atria, quien en conversación con este medio dijo que se debe aclarar si los trabajadores realmente son dueños o si solo se les dice eso con un fin propagandístico.

Este martes, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile, Fernando Atria, alegó en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra las AFP, reclamando la propiedad de los ciudadanos sobre sus fondos de pensiones, esto, en el marco de la campaña lanzada en julio por la Coordinadora No+AFP y la Fundación La Casa Común.

En concreto, el recurso busca que se aclare quiénes son los dueños de los fondos y determinar así si los trabajadores pueden decidir sobre el destino de esos dineros y sus posibles inversiones.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado Fernando Atria se refirió a los fundamentos de sus alegatos y dijo que “la Constitución es muy clara al disponer que nadie puede ser privado de las facultades esenciales del dominio, y entre las facultades esenciales del dominio o propiedad, está la facultad del dueño de decidir cómo se usa su cosa, esto fue le núcleo del alegato que presentamos”.

En la misma línea, el constitucionalista dijo que es importante aclarar el significado de decir que los trabajadores son dueños de sus dineros en las AFP.

“Si cuando nos dicen que los trabajadores son dueños de sus ahorros están usando el término propio jurídico real, entonces los dueños tienen que tener la posibilidad que tienen todos los dueños de decidir cómo se usan sus cosas. Si no tienen esa posibilidad lo que hay que decir es que en realidad no son dueños y que la propiedad es solo de uso político y propagandístico de esa idea con fines de legitimación del sistema”, comentó.

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Los alegatos se dieron en medio de la polémica generada entre el abogado constitucionalista y el gerente general de las AFP, Fernando Larraín. Esto, por un video difundido por la Fundación La Casa Común en que bajo la premisa “ni el diablo sería tan malo” se ironiza con la forma en que las AFP hacen uso del dinero de los trabajadores.

Ante el registro audiovisual, Larraín indicó mediante una carta publicada en El Mercurio que está profundamente convencido de las fortalezas de los modelos de capitalización individual en relación con las alternativas de reparto en materia de pensiones, y dijo que ni él ni los ocho mil trabajadores que se desempeñan en la administración de los fondos son ladrones ni estafadores.

Al respecto, Fernando Atria dijo lamentar que él se haya sentido aludido “como si el video expresara una opinión respecto de la integridad legal o moral de él mismo o de otras personas en particular. La verdad es que el tema del video no es pasar juicio a la integridad de ningún persona en particular, el tema es hacer un juicio sobre el sistema de capitalización individual”.

Además, Atria dijo que el sistema ha producido muchos beneficios para las propias compañías, y también para los gerentes, a quienes, aseguró, “los trabajadores financian incluso sus fiestas en yates en el caribe”, mientras que -agregó- para los trabajadores el sistema ha significado que la mayoría de ellos deberá seguir trabajando hasta el fin de sus días y que si no pueden hacerlo deberán enfrentar la pobreza y la dependencia.

El sistema previsional impuesto durante la dictadura militar ha sido fuertemente cuestionado durante los últimos años, generándose movilizaciones históricas que han puesto en el debate público la legitimidad del mismo.





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