Justo la noche antes que, se suponía, llegara a Chile la delegación de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, el Gobierno suspendió los estados de excepción constitucional. Y justo el mismo día, anunció un cambio de gabinete con pretensión de cirugía mayor. La primera medida parecía esconder lo que estaba pasando en Chile a los visitantes, mientras la segunda parecía lo contrario; esconder los visitantes para que la opinión pública chilena no se enterara masivamente de su presencia.

En una ceremonia de cambio de mando donde el Gobierno hizo su mejor esfuerzo por producir un punto de inflexión, pero que se malogró acto seguido cuando el Presidente repitió su retórica de la maldad, los vándalos, la Agenda Social y la afirmación de que nadie es dueño de la protesta social, hizo además alusión a los derechos humanos con la afirmación de que “no tenemos nada que ocultar”.

La afirmación sorprende. Lo ocurrido durante los últimos días en Chile es gravísimo y, peor aún, se está conociendo gradualmente. Según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han presentado cinco querellas por homicidio, 18 por violencia sexual, 54 por torturas, con un total de 1.132 heridos en hospitales, 3.243 detenidos y cien personas que han perdido globos oculares por disparos de balines de la policía. Todo esto en el lapso de muy pocos días.

Lo descrito en el párrafo anterior todavía está en el plano de lo cuantitativo. Al pasar a lo cualitativo, la situación se vuelve todavía más pavorosa: las denuncias dan cuenta de violaciones con lumas, crucifixiones, desnudo de mujeres para obligarles a hacer sentadillas y otro tipo de aberraciones propias de oficiales de la DINA formados en la Escuela de las Américas, pero no de gobiernos democráticos. Es como si en 30 años no hubiéramos avanzado nada y Pinochet todavía estuviera entre nosotros.

Resulta increíble que frente a estas constataciones el Gobierno diga que no tiene nada que ocultar o, peor aún, que no se escandalice y no asuma las responsabilidades políticas pertinentes. La llegada de la delegación de la ONU, aunque se haya atrasado, augura una ruina irreversible en el prestigio internacional del Gobierno y en su evaluación ante los ojos de los chilenos. Lo ocurrido no encuentra modo de excusarse y nos devuelve al momento más cavernario de nuestra historia, al punto que para instituciones como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, se debería traducir no solo en consecuencias políticas, sino penales para altos funcionarios de gobierno.

En el ámbito donde menos es aceptable, el Ejecutivo radicaliza su estrategia de la negación. La actitud impertérrita del Presidente contrasta con la indignación ciudadana en Chile y el horror internacional ¿Cómo fue que el Gobierno se permitió quedar en un lugar ignominioso de la Historia?