El Colegio de Profesores, que definirá mañana una eventual movilización nacional indefinida, recibió el apoyo de diferentes bancadas del Parlamento, las que dijeron haber sido burlados por un gobierno que en un principio reconoció la existencia de la deuda histórica y que finalmente declinó pagar.
Los diputados amenazaron con votar en contra del presupuesto de Educación para 2010 y no descartaron interpelar a los ministros Velasco y Viera Gallo.

Mañana será un día clave para el Colegio de Profesores, que deberá definir cuáles serán los pasos a seguir luego del portazo recibido por parte del gobierno a las pretensiones de pago de la llamada deuda histórica.

Respaldados por diputados de diferentes bancadas –independientes y de la Concertación-, el Magisterio manifestó que los ánimos están encendidos para enfrentar la decisión del Ejecutivo.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, indicó que se convocó a una Asamblea Nacional Extraordinaria en la que se discutirá la situación que amenaza con aplazar la rendición del Simce y no cerrar el año escolar, a través de una movilización nacional de carácter indefinido.

“Estamos hablando en serio, la autoridad tendrá que entender que no es broma y que se allane a una solución. Hay un fuerte estado de ánimo de pelea adentro del gremio y creo que a generado mucho malestar la respuesta que hubo”, señaló Gajardo.

Mientras, el jefe de la bancada de diputados DC, Gabriel Silber, solicitó la conformación de una mesa de negociación tripartita entre el gobierno, el Magisterio y los parlamentarios para llegar a un pronto  acuerdo sobre el pago de la que calificó como una deuda moral con los docentes del país.

Silber aseguró que el gobierno en su momento reconoció la deuda y aceptó los términos de un pago que representa apenas el diez por ciento de lo adeudado, pero que hoy dio una bofetada al gremio al negar la situación.

“Aquí hay una deuda de carácter moral, una deuda de carácter ética y como Concertación, como gobierno, no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a la respuesta del Ejecutivo, por eso, como Congreso llamamos al gobierno a, dentro de las próximas horas, instaurar una mesa tripartita porque queremos encontrar una solución dentro de las próximas semanas, no podemos no encontrar remedio a aquello que en justicia correspondía asumir y pagar”.

Más duro fue el diputado del PRI, Carlos Olivares, quien con documentos en mano emplazó al gobierno y acusó a los ministros de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia de mentir.

El parlamentario mostró un protocolo de acuerdo firmado por los ministros Andrés Velasco y José Antonio Viera Gallo, en el que se comprometen con siete diputados independientes a –textualmente- “entregar un informe con proposiciones para abordar el conjunto de las deudas históricas”, reconociendo así su existencia.

Olivares dijo sentirse burlado, amenazó con votar en contra del presupuesto 2010 para Educación –a menos que el Magisterio diga lo contrario- y no descartó abogar por una interpelación a los dos ministros que firmaron el protocolo de acuerdo.

“Los ministros Viera Gallo y Velasco reconocen la deuda y ahora se atrinchera en una maraña legalista para justificar  un acto arbitrario en contra de los profesores, nos vienen a decir que la Contraloría, que esto, que lo otro. ¡Mentira! Y acuso de mentirle al gobierno, de mentirle a los diputados que firmamos este protocolo, hicimos buena fe de Viera Gallo y de Velasco, nos sentimos burlados, vamos a votar en contra de la partida para el presupuesto de Educación, ahora”, enfatizó.

Por su parte el jefe de la bancada PPD, diputado Enrique Accorsi, fue más allá y señaló que con esta decisión del gobierno, el más afectado podría ser el candidato del oficialismo, Eduardo Frei.

“Hay que ponernos en el contexto político en el que estamos. Estamos enfrentando una elección muy difícil para la Concertación y creo que respuestas como la que dio el gobierno no favorecen a nuestro candidato. Esto es echarle bencina a la hoguera social en la materia de la deuda histórica”.

Si bien, las bancadas concertacionistas no se comprometieron a rechazar el presupuesto de Educación para el próximo año, indicaron que la decisión quedó en manos del Magisterio, que podría usar a los parlamentarios para presionar al Ejecutivo.