Señor Director:

Me parece que una de las enseñanzas que nos debiera dejar el enfrentamiento de la actual pandemia es la dificultad en la toma de decisiones cuando no se cuenta con evidencias suficientemente robustas, así como la necesidad de filtrar la sobreinformación (mucha sin el suficiente respaldo empírico).

Sin embargo, lo que no puede faltar en las indicaciones que emanan desde la autoridad central son lineamientos claros y coherentes, tanto a la población como a los y las trabajadores de la la Salud.

En este sentido, es complejo de entender que el propio Ministro de Salud realice la recomendación general para que las personas ocupen mascarillas en lugares públicos, sin embargo, desde esa misma cartera se emite la Circular C37 N°2 (3 de abril de 2020) que establece que funcionarios y funcionarias de la Salud que están expuestos a atención de público (admisión, servicio de orientación médica estadística y farmacia, entre otros) no deban utilizar Equipos de Protección Personal (EPP), como por ejemplo mascarillas.

En el caso de las atenciones clínicas persisten interrogantes acerca de la utilización de EPP en áreas donde no se atienden pacientes con fiebre o síntomas respiratorios, pero que podrían ser portadores asintomáticos o poco sintomáticos de virus SARS CoV-2. Sin un consenso de si se debiera utilizar solo mascarillas quirúrgicas, agregar protección ocular o antiparras (sin un estándar definido) o incluso contar con todo el equipo (mascarilla, escudo facial, guantes y pechera).

A la fecha, un número aproximado de 300 trabajadores de salud se encontrarían afectados (cifra no oficial, debido a la falta de actualización de parte del Ministerio de Salud), lo que representaría casi un 7% del total de personas contagiadas en nuestro país.

Sabemos que como trabajadores y trabajadoras de Salud nos encontramos dentro de los grupos de más riesgo de contagio. En este contexto es donde la autoridad debe garantizar que contemos con los implementos de protección para poder atender a la población y un mínimo de coherencia entre las políticas que se definan.