El lunes por la noche, la ministra de medioambiente, Carolina Schmidt, publicó un tweet en el que dejaba de manifiesto la opinión de su cartera de no firmar el acuerdo por la Información, la Participación Pública y la Justicia en asuntos ambientales, más conocido como el “Acuerdo de Escazú”.
El de Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo en contener disposiciones específicas para los defensores ambientales. El tratado es fruto de una serie de largas conversaciones y negociaciones entre los países de la región para alcanzar el desarrollo sostenible a través de la implementación efectiva de los derechos de acceso, que contemplan el derecho de la ciudadanía a ser informada y la obligación del gobierno a ser transparente, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto a las materias que la afecten y el acceso a la justicia nacional en el caso de que uno de esos derechos sean vulnerados. Expertos han calificado este tratado como el más importante Acuerdo por los Derechos Humanos y el medioambiente más importante de los últimos 20 años.
Juan, sobre Escazú, Chile tiene ya en su legislación ambiental incorporado todos estos temas a diferencia de los otros países de AL y el Caribe, el foco hoy está en fortalecer la institucionalidad ambiental chilena, nuestra @SMA_CL, los tribunales ambientales el SEIA, el SBAP 👇
— Carolina Schmidt (@CarolaSchmidtZ) April 13, 2020
Si bien Chile, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, lideró las negociaciones del Acuerdo, en su segundo gobierno, y dos días antes de la firma oficial, Piñera decidió desdecirse de su compromiso con explicaciones muy poco claras, pese a todas las presiones realizadas tanto a nivel nacional como internacional Hoy, un año y medio más tarde, la titular de la cartera de medioambiente sigue repitiendo afirmaciones poco veraces como que “Chile tiene ya en su legislación ambiental incorporado todos estos temas a diferencia de los otros países de AL y el Caribe”.
El tweet no solo causó indignación en redes sociales, sino que también motivó a relevantes actores de la esfera pública a pronunciarse al respecto. El presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Ignacio Latorre, replicó a la ministra aseverando que “en Chile tenemos dirigentes ambientales amenazados y vigilados por la inteligencia policial. Tenemos dirigente perseguidos, sabemos la asimetría del poder y de la información entre las grandes empresas contaminantes y los territorios y comunidades vulnerables que tienen escasas herramientas para una participación vinculante. Firme Escazú ahora, y comprometa una ambición climática digna del cargo que tiene y digna de la representación de Chile en la lucha contra el cambio climático”.
Por su parte, el activista de FFF Chile y embajador del Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe, Sebastián Benfeld, manifestó su indignación ante la respuesta de la ministra para no firmar el Acuerdo de Escazú. Benfeld expresó que en Chile no existen mecanismos de participación temprana” y en muchos de los casos las comunidades se enteran de los proyectos cuando estos ya se empiezan a construir. Yo espero que el desarrollo sostenible del que habla tanto la Ministra como este gobierno, dejen de ser tan solo dos palabras en un mero discurso y se traduzca en acciones concretas, por ejemplo, en la firma de Escazú”.
A la izquierda, sentado, Sebastián Benfeld.
En la misma línea, el diputado por la V cordillera, Diego Ibañez, calificó de testarudez la actitud del Gobierno respecto de Escazú.”La Ministra indicó que los contenidos del tratado ya están cubiertos en la legislación chilena, ignorando por completo cómo por todo el país existen comunidades insatisfechas por la falta de participación ante los proyectos que irrumpen en sus territorios, personas amedrentadas por el solo hecho de defender el medio ambiente o quienes tememos que este periodo de emergencia generada por el COVID se utilice para aprobar proyectos a espaldas de la ciudadanía”.
En tanto, la representante electa del público para el Acuerdo de Escazú, Andrea Sanhueza, pidió menos arrogancia a la autoridad. “Urge implementación efectiva de derechos de acceso y no sólo legislación. Chile no tiene participación temprana, ni medidas afirmativas para defensores ambientales, ni información ambiental para pueblos originarios”.
Desde la organización universitaria CEUS Chile, Isabella Villanueva, llamó la atención sobre la situación de peligro contante que han debido enfrentar los defensores de los derechos medioambientales. “¿Cómo nos hacemos cargo de la muerte de Macarena Valdés; defensora ambiental asesinada en 2016. O de las diferentes amenazas de muerte que han sufrido una lista no menor de defensoras y defensores ambientales en los últimos años? El acuerdo no es un check list de leyes ambientales que deben cumplir cada uno de los países, sino que es un tratado regional que nos permite avanzar en temas de derechos humanos, participación y transparencia. Que en particular son tres puntos sumamente sensibles en la legislación ambiental en Chile”.
En tanto, desde Greenpeace Chile, Estefania Gonzalez, manifestó que es incomprensible que la ministra de medioambiente siga sosteniendo que los derechos ambientales están resguardados, cuando en este contexto de pandemia ha quedado en evidencia nuevamente que no es así, con las más de 350 mil personas que no tienen acceso al agua. “Es urgente que el gobierno deje de dar excusas y firme el acuerdo de Escazú porque es la única manera de poder garantizar y resguardar los derechos de las defensoras y defensores ambientales, pero también de las personas que hoy día, por vivir en un medioambiente que no está sano, ven afectada directamente su salud y su vida”.
Estefanía González
En tanto desde la Cámara Alta, el senador Guido Girardi señaló que el planteamiento de la ministra respecto de que el gobierno no suscribió el Acuerdo de Escazú debido a que sus materias ya se encuentran cubiertas por la legislación vigente “no solo agrava la falta de que Chile habiendo sido promotor, junto con otros países, no haya querido firmar el acuerdo, que es un acuerdo básico; un acuerdo que yo llamaría civilizatorio, de mínimos ambientales garantizados. Porque lo que busca es garantizar la participación ciudadana y protegerla, dado que esta no existe en Chile”.
El legislador agregó que la nuestra es “una participación cosmética, decorativa, donde las personas participan pero finalmente su opinión no es considerada. Esta es una legislación que se hizo con un traje a la medida para las empresas, y es por eso que la legislación ambiental ha fracasado totalmente, por eso existen las zonas de sacrificio, por eso existen Puchuncaví, Quintero, Coronel: porque esta legislación está hecha para que, finalmente, se impongan los intereses económicos”.
Finalmente , la senadora Ximena Órdenes llamó al Gobierno a poner fin a las incertidumbres respecto del Acuerdo de Escazu. “No es efectivo que todas las materias que regula Escazú estén contempladas en nuestra legislación nacional. Por ejemplo, en Chile no se regula específicamente la protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, cuestión que sí hacen instrumentos de carácter internacional”.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 22 países de América Latina y el Caribe y ya ha sido ratificado por otras ocho naciones: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
