Luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso aprobara – vía online – las prospecciones de la compañía minera Vizcachitas Holding, de la empresa canadiense Andes Cooper, los vecinos de la comuna de Putaendo, en la provincia de San Felipe de Aconcagua, se han mantenido movilizados para manifestar su preocupación ante la instalación de la industria en la zona.
La molestia de la comunidad no solo se basa en perjuicios que el proyecto podría traer en un lugar que ya está siendo fuertemente afectado por la sequía, sino también por la poca participación que se les ha otorgado en este proceso, pues a pesar de la oposición de vecinos, vecinas y del municipio, más recomendaciones de rechazar por parte del Servicio Agrícola Ganadero y la Dirección General de Aguas, el Servicio de Evaluación Ambiental sí recomendó apoyar esta iniciativa en la comisión.
La aprobación consta en 350 sondajes mineros en la cuenca del Río Rocín, el que según los vecinos ya ha visto considerablemente en baja su caudal producto del cambio climático.
Ante tal panorama, el fin de semana pasado cientos de vecinos se manifestaron en las calles de la comuna, sin embargo, y con la argumentación de la pandemia, fueron multados y dispersados por personal policial y militar.
“Nosotros como comunidad no entendemos esta autorización. El SAG hizo observaciones y llamó a rechazar este proyecto, lo mismo la DGA, esta empresa ha sido multada por robo de agua, trabajó en la ilegalidad por mucho tiempo pasando por arriba de la legislación chilena y aun así fue sometida a un blanqueamiento donde fue aprobado todo lo ejecutado anteriormente como medidas de mitigación, y ahora la autorizan a hacer estos sondajes”, comentó Patricia Fuentes, presidenta de la organización Putaendo Resiste.
Los vecinos presentaron más de 2 mil cartas solicitando su participación y dando cuenta de las aprehensiones del proyecto, sin embargo, esto se les negó. Además, Patricia Fuentes señaló que en la videoconferencia en que los sondajes se analizaron ni siquiera pudo ver los rostros de quienes votaron.
“Claramente aquí hay falta de transparencia, un aprovechamiento y una poca empatía con las comunidades, donde quieren y pretenden emplazar estos tremendos mega proyectos. Aquí la comunidad nunca ha sido escuchada por las autoridades, hemos pedido audiencias con ellos y es como hablar contra un muro, ese día nosotros hicimos, y la municipalidad hizo, notar graves errores que tenían los informes, por ejemplo la cantidad de agua que venía en el río. Ellos hablaban que nuestro río traía 2800 litros por segundo, hoy no entran más de 400. Entonces ese tipo de errores verlos en un proceso tan importante a nosotros nos llama mucho la atención”, agregó la dirigenta.
Asimismo, comentó que ya desde hace tiempo se han sentido decepcionados de las autoridades, pues la relación es como chocar con un muro.
“Ecológicamente nos van a terminar acabando la única fuente de agua. No han hecho estudios para saber cómo se comportan las napas subterráneas, ellos están prácticamente haciendo sondajes a ciegas en nuestra cordillera, entonces nos sentimos desprotegidos y sentimos que comunidades tan pequeñas como Putaendo sirven de zona de sacrificio solamente en post del empresariado. Aquí esta minera aparte de haber actuado en la ilegalidad llega con falsas promesas a la comunidad, ofreciendo tremendas fuentes de trabajo que nosotros sabemos por todas las experiencias que hay en el norte de Chile que estas cosas no son así, estos proyectos trabajan con su gente y juegan con la ilusión de las comunidades”, finalizó Fuentes entrevistada en RadioAnálisis.
En tanto, desde Fundación Terram, Telye Yurisch, economista de la organización, indicó que respaldan la lucha de la comunidad de Putaendo en protección de su fuente de agua y vida como lo es el río Rocín, y a la vez dijo que rechazan el proyecto Vizcachitas.
“La movilización del pueblo de Putaendo simboliza la conflictividad socioambiental que viene experimentando la minería a nivel nacional, ya que 29 de los 33 conflictos identificados por el INDH para el sector, en su mapa de conflictos socioambientales, expresan que el principal problema entre las comunidades y la minería dicen relación con la propiedad y acceso al agua, tanto en su calidad como cantidad. Esta situación sin duda se irá intensificando con la expansión minera a la zona central, ya que esta presenta una mayor densidad poblacional que la zona norte del país y con ello una mayor disputa por el uso del suelo y del agua”, explicó.
Que el virus no afecte la participación ciudadana
En el marco de la pandemia, y con el objetivo de proteger la participación ciudadana en la evaluación de proyectos vinculados al uso y posible destrucción de recursos naturales, es que desde algunos parlamentarios de oposición se ha levantado apoyo a un proyecto de ley que suspende los plazos establecidos en la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente en lo que refiere a procesos de participación ciudadana y Consulta Indígena por el periodo de la emergencia.
Esto dado que bajo las condiciones de teletrabajo la capacidad para efectuar los procedimientos no es la misma, a lo que se suma que ante una emergencia como esta, las comunidades podrían no tener la misma organización o formas de trabajo para fundamentar y establecer su participación en un proceso de evaluación.
Al respecto, Ezio Costa, presidente Ejecutivo de ONG FIMA, dijo que “es obvio que las cuestiones relacionadas con la participación ciudadana no pueden funcionar adecuadamente y, en ese sentido, la suspensión de plazos es una buena idea”.
“De acuerdo a lo que han informado los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental hay una serie de procesos dentro de la evaluación que no se están pudiendo llevar a cabo de manera adecuada y, por lo tanto, nos parece que si ellos, que son las personas que más conocen como funciona el sistema, creen que deberían suspenderse los plazos probablemente hay ahí una verdad ineludible en cuanto a como funciona o no el sistema”, añadió.
En tanto, el diputado Félix González, (Partido Ecologista) autor del proyecto, dijo que este busca “darle garantías a las comunidades de que van a poder hacer una participación ciudadana o presentar reclamaciones, o hacer seguimiento a los proyectos de ley o solicitar participación en el proceso de las declaraciones de impacto ambiental”.
“Evidentemente eso no se puede hacer ahora en medio de una pandemia con algunas comunas que tienen algunas cuarentenas, otras personas que han tenido que cuidar a sus hijos porque no están yendo al colegio, y también preocupados de no contagiar a los adultos mayores, es ese escenario es muy difícil que las comunidades puedan organizarse“, agregó.
Además, comentó que también con esto se busca proteger a los funcionarios, quienes han expresado que no tienen todos los medios para hacer este trabajo como corresponde en un escenario normal, y sumado a que en estos procesos se consideran también otras instituciones, hoy “no es posible hacer una buena evaluación ambiental y garantizar los derechos de las comunidades si el sistema no suspende los plazos en su totalidad”.
El proyecto debe ser revisado en la Sala de la Cámara de Diputados, donde según indicó el diputado Félix González, probablemente el oficialismo se opondrá y votará en contra. Sin embargo, destacó que es de suma importancia analizarlo y hacerlo avanzar, puesto que la pandemia no puede ser un escenario propicio para que proyectos extrativistas avancen sin la fiscalización como corresponde.
