En prisión preventiva durante los 90 días que durará la investigación quedó el párroco de la iglesia Santa Teresa de Melipilla, Ricardo Muñoz Quinteros, de 55 años, acusado de abuso y explotación sexual de tres menores, entre ellos su hija de cinco años.

El sacerdote fue imputado en el Juzgado de Garantía de Curacaví y, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, Muñoz habría contactado a  las menores a través de su pareja identificada como Pamela Ampuero, quien fue formalizada por facilitación a la prostitución infantil.

“Esta persona buscaba menores de edad de escasos recursos y les ofrecía cierta cantidad de dinero y por intermedio de internet mostraba fotos de ellos al sacerdote, quien aceptaba y hacía los contactos para trasladarlos a los moteles del sector de Melipilla y Talagante para satisfacerse”, indicó subprefecto de la brigada de delitos sexuales de la Policía de Investigaciones Jaime Graffigña.

En tanto, el obispo de Melipilla, Monseñor Ricardo Nuñez, pidió perdón por los hechos cometidos por el sacerdote y aseguró que “dada la gravedad de la situación que se ha divulgado públicamente abriremos una causa canónica conforme al ordenamiento jurídico particular de la iglesia”.

Según el fiscal del caso, Cristian Cáceres Bravo, el religioso utilizaba el automóvil de la iglesia para reunirse con Pamela Ampuero -pareja del sacerdote y con quien tenía dos hijos- quien  se encargaba de contactaba a las víctimas y les ofrecía entre 30 y 40 mil pesos para abusar de ellas.

Respecto de este caso la especialista en maltrato infantil y abuso de menores del Fondo de naciones Unidas  para la Infancia (Unicef),  Soledad Larraín, señala que el hecho de que muchos abusadores sexuales paguen a sus víctimas llama a regular aún más el marco legal.

“Cualquier contacto sexual con un menor de 14 años es una relación de abuso y no cabe el argumento de que consintió, aceptó dinero o fue voluntariamente porque los niños o niñas no tienen la capacidad suficiente para consentir libremente”, precisó Larraín.

La experta agregó que “en el caso de aducir el pago del servicio, la situación es mucho más dramática porque es aprovecharse y utilizar una situación de vulnerabilidad como la pobreza y sobre eso cometer un abuso”.

Hasta el momento ya se confirmaron dos acusaciones sexuales en contra del acusado y está indagando en otras situaciones, entre las que se incluye su hija de cinco años de edad. Un duro momento para  la iglesia católica en su año sacerdotal.