El presente año, a sólo pocos días de la apertura de diversos programas de investigación y especialización como Becas Chile, inserción en la industria e investigación asociativa, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación decidió suspender varias de las convocatorias anuales de postgrado. Las razones esgrimidas fueron principalmente la pandemia y la necesidad de invertir en programas sociales y salud. Posteriormente, se justificó este recorte a partir de la apertura y creación de fondos para investigación en torno al COVID-19 de $2.300 millones de pesos, sumado a la incertidumbre de la apertura presencial de los programas de en el mundo.
Luego del recorte en dichos programas y después de una serie de columnas y artículos donde se ponía en duda el impacto de ciertos programas y la continuidad de estos (La Segunda, 28 de Mayo, 2020), han pasado cuatro meses desde que el mundo de la investigación sigue a la espera de una respuesta concreta por parte de las autoridades acerca del futuro de Becas Chile y el resto de programas de investigación. A partir de este silencio prolongado de las autoridades, la transformación de estas becas en créditos con intervinientes de la banca fue el trascendido desde fuentes cercanas al Ministerio. Este rumor se confirmó estos días, luego de reuniones entre nuestra organización y dicho ente público: el gobierno estaría evaluando seriamente, como una opción de financiamiento, la conversión de programas de becas de especialización en Créditos, siguiendo la modalidad del extinto Crédito Corfo de Posgrado.
Existen muchas razones para oponerse a lo anterior. Respecto a las políticas de endeudamiento en educación superior, estudios recientes (CIPER, 2012; Fundación Sol, 2018; 2019) dan cuenta del alto endeudamiento y morosidad que ha generado, por ejemplo, la implementación del CAE. Este instrumento crediticio, planteado en su momento como solución a los déficit en cobertura de la educación universitaria chilena, ha agudizado las desigualdades y generado una enorme regresividad. Según lo planteado en CIPER (2012), son los becarios de los quintiles más bajos quienes acumulan más deuda y quienes demoran también más en pagar. La morosidad está altamente relacionada a la clase social de origen: los más perjudicados han sido alumnos de Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades privadas. Respecto al caso del Crédito Corfo de Posgrado, los resultados luego de su implementación demuestran que este provocó una desigualdad en el acceso para hombres y mujeres (Fig. 1).
Figura 1. Beneficiarios del Crédito Corfo de Posgrado, según género (2012-2016). Fuente: CORFO (2016: 7)
La alta masculinización en el acceso a los créditos es un ejemplo de retroceso en las políticas de inclusión y género, que debieran ser parte de la oferta educativa general. Sobre este punto, cabe recordar que el informe de OCDE y Banco Mundial sobre Becas Chile (2011) precisamente reconocía como positivos los aspectos de inclusión de este programa, en términos de género, discapacidad y descentralización -acceso a postulantes de regiones distintas a la Metropolitana-. Para el caso del primer criterio, como hemos visto, la implementación de este crédito sería totalmente contraproducente.
En segundo lugar, el Crédito Corfo de Posgrado supuso una participación activa de la banca, enriqueciendo y aportando ganancias a bancos como Itaú y Banco de Chile (Tabla 1) durante sus años de funcionamiento, en los cuales estas entidades bancarias proporcionaban el dinero a los estudiantes.
Tabla 1. Monto Total de Créditos otorgados por Intermediario según Modalidad. Período 2012-2016 (En MM$1 ). Fuente: CORFO (2016: 4)
Por referencias e investigaciones anteriores (CIPER, 2012), podemos constatar lo negativo que resulta el financiamiento estatal a los bancos, que producen, junto con un endeudamiento del “cliente”, el desembolso de grandes cantidades de dinero por parte del Estado y un enriquecimiento de la banca. Es iluso pensar que esto no será así, pues los bancos no son instituciones orientadas a la formación humana, sino que a la búsqueda de utilidades. Por otra parte, no entendemos cómo puede proponerse una medida tal como modo de subsanar un escenario de supuesta falta de ingresos por parte del Ejecutivo, pues esto puede ocasionar un mayor gasto para el Estado y una transferencia de dinero desde este hacia el mundo privado. Cuestión ya habitual para el actual gobierno, y que poco considera las necesidades de los investigadores, sus condiciones de vida y procesos de aprendizajes.
Habíamos mencionado anteriormente los tres criterios destacados por el Banco Mundial y la OCDE: género, discapacidad y descentralización. Respecto al segundo, quepa recordar que programas que apuntaban en esa línea como el programa Magíster en el Extranjero para personas con discapacidad, fueron suspendidos. Sobre el tercer criterio, si observamos los números y cifras que dejó la aplicación del Crédito Corfo, veremos que los resultados en cuanto a descentralización fueron bastante mediocres (Fig 2).
Figura 2. Distribución por Región del Número de Créditos otorgados. Período 2012-2016. Fuente: CORFO (2016: 5)
El cuadro anterior refleja la concentración de beneficiarios en la Región Metropolitana, a niveles extremos: el año 2016 un 85% de Créditos Corfo de Posgrado fueron entregados a estudiantes de esta región y el 2015, incluso ante una mayor oferta de créditos, la tendencia fue la misma: 84% de los beneficiarios pertenecían a esta región. Esto sugiere que la implementación de créditos no es efectiva como política de inclusión educativa, ya que, junto con los desmedros en cuanto a género y a inclusión de la banca, sectoriza y discrimina regionalmente.
La propuesta por parte del Ejecutivo de una propuesta como la anterior lo entendemos desde dos dimensiones: Primero, como una muestra de la desconexión de los miembros del gobierno frente a la sociedad civil y a la situación y condiciones de vida de los investigadores, que se han hecho más difíciles durante la pandemia. Y segundo, como una expresión de que el gobierno actual entiende el “diálogo” como una mera gestión de imagen y generación de espacios de conversación no resolutivos y ni siquiera realmente informativos, pues como señalamos anteriormente, a cuatro meses del recorte, no sabemos oficialmente qué ocurrirá con los programas suspendidos el próximo año. Más aún, los oficios presentados por los parlamentarios Giorgio Jackson, Camila Rojas (7 de Mayo) y Alejandro Guillier (14 de Julio) no han sido respondidos de manera suficiente por las autoridades. La sociedad civil, a pesar del reciente estallido social que hoy permanece sumergido por la pandemia actual, sigue relegada a la última posición del eslabón en la toma de decisiones. En otras palabras, hemos sido objeto, una vez más, de una imposición vestida de diálogo. De esta forma, las decisiones han sido elaboradas herméticamente y se han comunicado sin mediación de las organizaciones. Es así como este recorte, bajo la excusa de la afectación de los flujos migratorios a nivel internacional, sería el subterfugio perfecto para disminuir presupuestos de programas ligados a la investigación, en desmedro del pobre y deteriorado sitial en el que actualmente se encuentra. Esta vía, ampliamente rechazada por la ciudadanía para la resolución de demandas educativas o las propias de la pandemia actual, tensiona nuevamente a los sectores asociados a la educación e investigación, que buscan un compromiso mayor del Estado en la promoción y apoyo de éstas. Sobre esto, quepa recordar la deuda que mantiene el Estado de Chile con los becarios de doctorado de último año que se encuentran en el extranjero y que están ad portas de caer en situación de irregularidad migratoria. Ellos necesitan una solución urgente por parte del gobierno, para poder mantenerse en los países de destino y terminar sus tesis, pero las respuestas no han llegado.
Así, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que en palabras del propio Ministro Couve ”no es para los científicos, sino para la ciudadanía” (Pauta, 6 de Marzo, 2019) actualmente está lejos de generar señales claras de cercanía hacia esa ciudadanía, a menos que el concepto ciudadanía sea entendido por el propio Ministro, como su círculo cercano de personeros de Gobierno. Más allá de lo anterior, y recogiendo las mismas palabras del Ministro Couve, cuando señaló que “la discusión del 0,38% me parece obsoleta” (La Tercera, 26 de Abril de 2019), es necesario elevar la discusión de esa cifra, que por lo demás es una sexta parte del gasto del PIB promedio mundial y que por sí sola predice un futuro muy lejano hacia el desarrollo.
Sin desentendernos de que la investigación no se reduce a los programas Becas Chile, sino que forma parte de una política integral del presupuesto de investigación, ésta debe apuntar a conjugar mejoras en desarrollo y fortalecimiento como parte de un sistema de engranajes de la una mejora en las condiciones de vida del país. Es tiempo de dejar de mirar a este programa desde una lógica de premio y más aún, alejarla de una transformación hacia “Créditos Chile”.
La definición del concepto de beca por mérito académico actual, se queda con la mirada más miope de este término, considerándola como un mero premio al individuo por demostrar el “mérito” suficiente para tenerlo. Es así como para el caso de los adjudicatarios de Becas Chile en su programa de Magíster en el Extranjero 2019, por ejemplo, 57% de ellos son pertenecientes a la Universidad de Chile y a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto es condicionado por la forma evaluativa del programa en que se otorga una puntuación de ranking mucho más alta para alumnos provenientes de estas universidades. A estos se les otorga un premio al esfuerzo consistente en su trayectoria académica, supeditado a una retribución al país luego del retorno a Chile. Estos factores condicionan el acceso en igualdad de condiciones al mérito de obtener y adjudicarse una beca de especialización.
Bajo esta lógica, para nadie es un misterio que, a pesar de que siempre encontramos a alumnos que superan muchas adversidades para llegar a estudiar en estas Universidades de “elite”, por lo general los cupos están destinados para los estudiantes con los mejores puntajes en las pruebas de selección universitaria del país. Estos puntajes provienen principalmente de alumnos egresados de colegios particulares pagados, quienes ocupan estas plazas. Sobre ello, nadie quiere desmerecer las capacidades de aquellos que efectivamente, dada su formación y esfuerzo académico, han logrado destacar, pero sí constatar que este mérito se condice muchas veces con las condiciones socioeconómicas del estudiante, en nuestro desigual país. Por lo tanto una de las falencias que debiese disminuir este programa es la falta de mayores condiciones que garanticen igualdad. Esto, inspirándose, por ejemplo, en una lógica similar a las Becas de Doctorado Fulbright, que incorporan criterios de equidad y socioeconómicos en su acceso.
Por otro lado, estas becas, no deben ser miradas desde la perspectiva de un premio basado en el beneficio individual futuro que pueda generar al becario, sino que más bien, deben ser consideradas como una política social a largo plazo y como una oportunidad comunitaria para embarcarnos hacia el desarrollo. Para ello, se requiere una mirada que trascienda a los gobiernos, que sitúe de mejor manera los incentivos y equilibre las condiciones para reducir la elitización de los programas de especialización, democratizando su acceso y reconociendo a dichos programas como una oportunidad de tener un país más justo, devolviendo a la investigación el carácter social que nuestro país requiere. Así mismo, es inverosímil tener como objetivo diversificar y aumentar el capital humano avanzado en el país al mismo tiempo que se decide recortar el presupuesto destinado a estudios de especialización, investigación y ciencia en general.
Creemos que una reformulación al programa de Becas Chile sería positivo si se pudieran discutir aspectos tales como la retribución: cómo ésta podría ser mejor aprovechada para impactar en políticas públicas o en la inserción a la industria, insertando a los becarios y transformando su investigación en algún producto, obra o creación que sea aplicado directamente en beneficio del país; o también plantear nuevos criterios de selección que hagan a los programas más inclusivos y menos elitistas, pero jamás transformar esta fuente de aprendizaje en más carga crediticia y endeudamiento: ¿Un profesional/investigador, luego de haber adquirido una deuda de 15 años para poder pagar su pregrado, querrá adquirir una deuda adicional de 15 años más para financiar su posgrado? ¿Qué pasará con las condiciones socioeconómicas de este profesional ya endeudado? Considerando que no todos pueden acceder a créditos, ¿Seguiremos apostando desde la educación a mantener las desigualdades, en lugar de corregirlas o frenarlas? ¿Seguiremos alejando las posibilidades de estudio para los investigadores que no provienen de sectores acomodados?
Para finalizar, quisiéramos concluir señalando que el Crédito Corfo de Posgrado fue una herramienta deficiente durante su aplicación en relación a criterios de inclusión y democratización, piezas clave del Programa Becas Chile, según instancias internacionales (Banco Mundial y OCDE, 2011). Este instrumento crediticio reprodujo una gran desigualdad de género, una asimetría de acceso en términos regionales y produjo ganancias concentradas a la banca. Frente a ello, debemos recordar que Becas Chile es un sistema estatal, cuyas características públicas, en lugar de debilitarse, deben seguir potenciándose. La reapertura del conjunto de programas recortados para el año 2021, incluidos los programas de inserción en la industria e investigación asociativa es una acción clave, en esta dirección. La solución es más compromiso del Estado y no más endeudamiento.
*Los autores son miembros de la organización Ciencia Contra el Recorte
