El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, analizó el caso de Felipe Ávila Conejeros (30), reportero gráfico que, en el marco de las movilizaciones registradas el pasado viernes en el eje Alameda, resultó con un trauma ocular al recibir un proyectil.

Las palabras del abogado se dieron luego de que el Ministerio del Interior anunciara que Carabineros ya está investigando los hechos. En esa línea, el profesional lamentó la situación, indicando que este caso de trauma ocular revela que el Gobierno ha desarrollado una política que ha intentado neutralizar la protesta social iniciada luego del 18 de octubre del año pasado.      

Del mismo modo, sostuvo que este caso da cuenta, una vez más, que el Ejecutivo ha desatendido las recomendaciones efectuadas por organismos internacionales de derechos humanos respecto del orden público: “En estos momentos, el Estado de Chile está completamente al margen de la comunidad internacional por violentar normas internacionales propias del uso de la fuerza”, dijo Margotta. 

“De manera que da lo mismo un cambio en la dirección general de Carabineros. Lo que es relevante para los efectos de los derechos humanos es si se cambian o no las orientaciones, los lineamientos de cómo controlar el orden público adecuando los procedimientos y los protocolos a los estándares internacionales. Pero, la verdad de las cosas es el caso de Felipe Ávila Conejeros demuestra que el Gobierno no tiene ningún interés en modificar sus patrones represivos”, puntualizó el abogado.   

El martes recién pasado, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó a Contraloría instruir un sumario en Carabineros por el uso desmedido de la fuerza. De acuerdo a ello, Margotta expresó: “El patrón represivo de disparar a los ojos de los manifestantes continúa (…). Nosotros hemos dicho que los protocolos del uso de la fuerza que está utilizando Carabineros están total y completamente reñidos con los estándares internacionales de derechos humanos”, sostuvo. 

“Aquí el principal responsable de la actuación policial no es ni siquiera el director general de Carabineros: es el Presidente de la República y el Ministro del Interior, atendiendo la cadena de mando existente, de acuerdo a lo que establece la actual Constitución política vigente”, explicó Margotta.

En este contexto, las víctimas de trauma ocular adelantaron que podrían recurrir a instancias internacionales con el objetivo de esclarecer los hechos. Frente a ello, Margotta sostuvo que ese es un camino posible en la medida que se cumplan las condiciones que establecen los organismos internacionales para efectos de declarar admisibles las denuncias. 

“Uno de los requisitos que se exige es que los tribunales nacionales no cumplan con su deber de esclarecer los hechos y administrar justicia. Y, de acuerdo a lo que estamos viendo, no solamente hay lentitud en la investigación. No solamente hay falta de recursos para que las fiscalías hagan su trabajo, sino que además cuando un fiscal se decide a cumplir con su deber de administrar justicia e investigar debidamente, le ocurren cosas como le ocurrieron a Ximena Chong, quien en el marco de la investigación del joven que fue lanzado al Mapocho, sufrió  actos de amedrentamiento y hostigamiento, entre otros”, dijo el abogado. 

“Nos encontramos con una falta de voluntad política del Estado de que las investigaciones judiciales lleguen a buen término y, por lo tanto, se está cumpliendo con el requisito exigido por la corte penal internacional para los registros de recurrir hacia ese tribunal objeto de obtener justicia y verdad respecto de los graves crímenes contra la humanidad cometidos a partir del 18 de octubre”, cerró el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.