El proyecto fue aprobado en los mismos términos en que fue acordado en el Senado, por lo cual quedó en condiciones de ser promulgado.

El proyecto tiene 2 ejes principales. El primero reduce a noventa días el plazo para declarar la muerte presunta de los desaparecidos como consecuencia del terremoto y maremoto del 27 de febrero.

Una modificación que alivia a sus familiares, ya que de otra manera, se tendría que esperar al menos un año para tramitar lo necesario para acceder a seguros, pensiones y otros derechos hereditarios.

El segundo eje es prorrogar los plazos en aquellos tribunales que se vieron más afectados, es decir, todos los de las regiones del Bío Bío y el Maule y algunos ubicados en las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana, esto para que nadie obtenga un resultado adverso al tramitar una desaparición como consecuencia que los tribunales no estuvieron en condiciones.