Esta semana el gobierno debería contestar el oficio emanado desde la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que solicita la destitución del actual Director Nacional de Gendarmería, Iván Andrusco Aspee.

El miércoles de la semana pasada, la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, aprobó este documento, concretando los cuestionamientos de parte de la Concertación y de las Agrupaciones de Derechos Humanos.

Las críticas se basan en los nexos de Andrusco con la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, que lo inhabilitarían para ejercer el cargo, al existir compañeros suyos en diferentes penales, todos condenados por causas de violaciones a los Derechos Humanos.

De hecho, Andrusco declaró como inculpado en el caso “Degollados”, que significó la muerte de tres profesionales comunistas el año 1985, a manos de funcionarios de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, DICOMCAR, organismo represor durante la Dictadura Militar.