La discusión sobre la Ley de Presupuesto 2022 ya está instalada y, desde el sector de la cultura y las artes, ya manifestaron su preocupación respecto del desarrollo del debate, sobre todo porque a raíz de la crisis sanitaria las y los trabajadores del área experimentaron una crisis inédita que transformó y desarticuló los modos de creación que se creían instalados.

Así, desde los gremios de la cultura, el patrimonio y las artes advierten que, en esta oportunidad, la negociación será mucho más compleja que en años anteriores y que, según lo trascendido, la oferta presupuestaría podría contener nuevos recortes, aspirando a un monto mucho menor al de 2021, vale decir, una cifra que está por debajo del 0,37 por ciento del total del erario nacional. 

Otra opción sería mantener los montos, aunque para las organizaciones ese camino no permitiría generar los incentivos que hoy necesitan las y los artistas que se vieron perjudicados durante la crisis. Esa alternativa tampoco permitiría transformar las políticas públicas en torno a la cultura, una demanda que durante los últimos meses se ha hecho cada vez más urgente entre los gremios. 

Lo cierto es que todo ello será transparentado este martes, cuando la Subsecretaría de las Culturas y las Artes presente su oferta presupuestaria. Con ello, el proyecto general podría ingresar al Congreso este viernes 24.

En esa línea, Isabel Bravo, vocera de la Federación de Músicxs de Chile e integrante de la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia (CICE), señala que la discusión se da en un momento complejo, ya que las y los artistas todavía están a la espera de que el Gobierno concrete su promesa de un bono para el sector. 

“En un principio, nuestra preocupación era que esta asignación directa llegara antes del presupuesto 2022, porque sino se iba a diluir. Por eso lo impulsamos todo el año sin parar, pero no hubo caso. Entonces, ha sido bien complejo para nosotros”, alerta. 

“Por otro lado, éste es un Gobierno que se está yendo y nos da demasiado temor que nos deje peor que nunca. Esta es la otra preocupación grande que tenemos, porque efectivamente este Gobierno tuvo una pésima gestión”, dice. 

Isabel Bravo también comenta que desde CICE se creó un plan que busca garantizar la empleabilidad del sector. Según afirma, este proyecto podría transformar los paradigmas que han regido en el presupuesto cultural, colocando a las y los creadores en un lugar destacado dentro de la cadena productiva.

“Nosotros podemos ser un apoyo para muchos otros servicios públicos. Para eso tenemos que ampliar y entender que la cultura es transversal. Ese es el pilar de la discusión que se viene para 2022 y 2023”, explica. 

“Por ejemplo, los que se quieran vacunar van a tener entradas gratis para tal obra de teatro. Entonces, incentivas al Estado y al privado a invertir en ti. Además, le estás aportando a un eje de salud que hoy es urgente”, comenta. 

Las y los funcionarios del Ministerio de las Culturas también ven con preocupación el eventual debate. Jorge González, presidente de Asociación Nacional de Trabajadores/as del Patrimonio (ANATRAP), señala que la propuesta ha sido elaborada entre cuatro paredes y que, como gremio, se encuentran en alerta frente a la discusión, sobre todo porque en la práctica la creación de la institucionalidad cultural no ha implicado un robustecimiento de las cifras. 

“Desde que nace el Ministerio las bajas han sido constantes y sostenibles en el tiempo. Algunas explicadas, fundamentalmente, por los contextos ya sea movilizaciones por el 18 de octubre o la pandemia”, expresa el dirigente. 

“Sin embargo, hay una preocupación que es central para los trabajadores y trabajadoras que tiene que ver con el compromiso de que, a los cuatro años desde que el Servicio entrara en funcionamiento, debían existir ciertas mejoras para equilibrar los grados en relación a las subsecretarías que funcionan en el ministerio. Lamentablemente, cumpliéndose los cuatro años no hay señales en esa dirección”, detalla González.

Según el dirigente, hoy la institucionalidad cultural vive un momento crítico, por lo que cualquier recorte sería nocivo para el desarrollo de las políticas públicas del sector. “En este momento hay una sobrecarga importante y hay mucha expectativa de esperar cuatro años. Que eso no se cumpla sería crítico”, subraya, indicando que es importante que los recursos se descentralicen. 

En esa línea, Carolina Marzán, presidenta de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados, señala que el presupuesto para el sector siempre ha desembocado en una negociación ardua que “parte de la base de la disminución”.  

En ese sentido y ante la discusión, la parlamentaria indica que este año el presupuesto debería tener otro tipo de lógicas: “Falta que la institucionalidad en cultura pueda hacer un cambio y modificar la lógica de concursabilidad que es un sistema conocido por su baja cobertura e ineficiencia”. 

“Ese es un modelo que no resiste más para el desarrollo de la cultura, las artes y el patrimonio de nuestro país, porque terceriza una responsabilidad del Estado en las y los creadores y cultores”, indica.

Por lo pronto, desde los gremios sostienen que cualquier recorte sería dañino para el sector en general y que las y los creadores no resisten un golpe más. Desde ya manifiestan que intentarán alcanzar el 1 por ciento del total del erario, aunque esa sea una meta difícil de alcanzar.