Durante la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) propuso la ampliación del derecho a huelga y negociación colectiva en el sector público a través de la derogación de la normativa constitucional que prohíbe a estos funcionarios realizar paralizaciones en los servicios de utilidad pública.

Sin embargo, el interlocutor directo en esta negociación sectorial, el entonces ministro de Hacienda Andrés Velasco, se negó a innovar en este tema, privando así a las bases sindicales de un derecho consagrado como fundamental por la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Esta discusión, no obstante, volvió a ser instalada en el gobierno de Sebastián Piñera por el senador UDI Hernán Larraín, quien entregó al Ejecutivo y a la misma ANEF una moción legislativa para extender este derecho a los trabajadores del sector fiscal.

La motivación del legislador se debería a que la mayor cantidad de conflictos laborales ocurren en el sector público y a diferencia de lo que sucede en el mundo de la empresa privada en este sector no hay un sistema para resolver conflictos.

Para hacer efectivo este beneficio, Larraín emplazó al gobierno a dar piso político a una reforma legal de este tipo.

“Desde el punto de vista del efecto práctico estas cosas funcionan cuando el Ejecutivo se compromete a sacar a través de una norma un sistema de regulación porque sin norma no vamos a avanzar un metro. La norma es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República para poder resolver este tema. En este sentido la clave es ver si aquí hay voluntad de los trabajadores y sus dirigentes del sector público, del mundo parlamentario y que el Ejecutivo tome el liderazgo en esto para organizar un sistema participativo que permita lograr una norma que nos deje conforme a todos”, señaló el parlamentario.

En tanto, la ministra del Trabajo, Camila Merino, reconoció que el Estado está al debe en esta materia y se mostró partidaria de revisar la propuesta del senador Larraín en una mesa técnica donde participen la ANEF y ministerios del Trabajo y Hacienda.

“Hoy estamos al debe porque tenemos temas por resolver y hay que constituir una mesa. Me parece una muy buena idea, lo hemos conversado con la ANEF y también con la CUT de que tenemos que trabajar en una solución. Esto nos va a tomar tiempo porque es un tema complejo que no se ha solucionado en los últimos años, pero eso no quita que no nos pongamos a trabajar desde hoy”, precisó la ministra.

A su vez, el líder de los funcionarios públicos, Raúl de la Puente, dijo que estudiarán la proposición que hizo el senador UDI y agregó que esperan también discutir con el gobierno el mejoramiento de la carrera funcionaria y la estabilidad laboral en el aparato estatal.

“Nosotros hemos planteado en las reivindicaciones estos tres conceptos: Estabilidad laboral para que nuestros compañeros que están a honorarios y a contrata tengan estabilidad que hoy son el 60 por ciento, que los funcionarios públicos tengan una carrera funcionaria lo que significa mayor capacitación, más financiamiento, calificaciones justas, concursos para los ascensos y derecho a la negociación colectiva y derecho a la huelga. Se trata de una propuesta que ya se la hemos planteado a la ministra Merino”, indicó De la Puente.

El proyecto de Hernán Larraín recomienda un proceso de negociación reglada, que revisa la huelga como una opción que ayudaría a resolver los problemas laborales, permitiendo disminuir los efectos colaterales que ocasionan este tipo de reivindicaciones.

También incluye la creación de la figura de mediadores en el ámbito de modificaciones administrativas y legales en el sector público.