El 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric llevó a cabo su primera Cuenta Pública, discurso que incluyó avances en distintas temáticas, entre ellas, un especial abordaje a la perspectiva de género y a las disidencias y diversidades sexuales.  “Ingresaremos un proyecto para que Chile tenga una Política Nacional de Educación Sexual Integral para todos los niveles de enseñanza”, fue parte de lo anunciado por el mandatario.

Este y otros anuncios, como la Ley José Matías -proyecto que busca proteger la identidad y expresión de género de las y los estudiantes, promoviendo el respeto y la formación de la comunidad- “vienen de cierta manera a saldar una deuda histórica que ha tenido el Estado en materias de formación y educación no sexista”, señala Andrea Carrasco, directora del Centro Saberes Docentes de la Universidad de Chile.

Por distintas razones, prosigue la especialista, “hemos estado al debe como país en poder abordar estos temas desde una perspectiva formativa, entendiendo estos procesos desde una lógica pedagógica, no solo de una lógica de normativa jurídica o normativa sanitaria, sino que más bien entendiéndolo como una perspectiva pedagógica”. Esto último, agrega la especialista “viene a materializar el propósito de comprender la educación como una mirada más transformadora, como una educación entendida como un derecho”.

Andrea Carrasco relevó la necesidad trabajar transversalmente dentro de las instituciones educativas. “Esto implica aspectos curriculares, temas de relaciones interpersonales como convivencia escolar; también debe considerar una mirada sobre la formación para profesores y profesoras”, dice la académica.

Al respecto, Lelya Troncoso, Doctora en Psicología y académica de la Facultad de Ciencias Sociales, señala que “es un paso en la dirección correcta. Pero una cosa son los avances jurídicos -que yo creo que son importantes, porque abren puertas-, pero lo que viene después es el trabajo, cómo ponemos en práctica esto”. Por otra parte, destaca la importancia social que tiene este proyecto, “porque esto no es algo que favorece solo a estos colectivos y grupos, sino que es algo que va a mejorar las condiciones de vida de todas las personas de todas las sociedades”. 

Ante esta nueva política, agrega la académica, el desafío es “pensar no solamente en incluir las diversidades, sino también cuestionar la heterocisnormatividad a nivel estructural e institucional”. Esto es importante porque “las lógicas de inclusión, a veces, lo que hacen es mantener intacto lo que se asume como normal y normativo”. Por ello es necesario “pensar una educación más orientada más a la justicia social, que tenga una mirada interdireccional, que entienda que, por ejemplo, las personas de la diversidad y disidencias sexuales no están solamente impactadas por temas de sexualidad y género, si no que también por temas de clasismo, racismo”.

Ley José Matías

Otro de los temas de la jornada corresponde a la Ley “José Matías”, impulsada por el Ministerio de Educación. Este proyecto “busca proteger la identidad y expresión de género de las y los estudiantes, promoviendo el respeto y la formación de la comunidad”, como señala la web del ministerio.

Para Andy Co, encargada de Vinculación con Estudiantes y Organizaciones LGBTIQ+ de la Oficina de Equidad e Inclusión, si bien es positivo el avance de leyes como este proyecto,  falta trabajar en medidas de reparación.

“El tema de si es justicia promover la Ley José Matías. Qué difícil hablar de justicia cuando este joven se mató por sufrir bullying en el colegio, teniendo 15 años. ¿Cómo vamos a hablar de justicia cuando tenemos altos los índices de suicidio?. Es absolutamente crucial tener una ley, pero no tan solo tenemos que tener una ley, tenemos que tener organismos para implementarla, organismos que aseguren el acceso efectivo. Es super complejo, hay que sentarnos a conversar por reparación histórica, cuáles van a ser nuestras prioridades”, señaló Andy Co.