La vicepresidenta argentina Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal N°2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu tomó la decisión luego de investigar actos de corrupción en la obra pública en Santa Cruz. También fue condenado a 6 años de prisión el empresario Lázaro Báez. El juicio se había iniciado en mayo de 2019.
“Se la considera autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, leyó el presidente del tribunal, que absolvió a la ex presidenta del delito de “asociación ilícita”.
“Está claro que la idea era condenarme”, dijo la Vicepresidenta tras el veredicto por corrupción en Vialidad. Apuntó al juez Ercolini, que siguió la causa en la etapa de instrucción, aunque dijo que “no actuó solo” y mencionó a la Corte Suprema.
“No es una condena por leyes de Constitución Nacional y administrativas, sino que tiene su origen en un sistema que muy ingenuamente el 2 de diciembre de 2019 llamé lawfare. También hablé de la idea de partido judicial. Por una deformación juvenil, de lectora, de analizar. Y es mucho más simple: no es partido. Es un Estado paralelo y una mafia, mafia judicial”, agregó.
Desde el principio del juicio tanto la actual vicepresidenta como los sectores políticos que la respaldan han acusado una operación política proveniente desde actores del Poder Judicial para inhabilitarla políticamente. Es por eso que el devenir del proceso estuvo siempre teñido por opiniones que excedían lo meramente investigativo.
La decisión fue tomada pasadas las 17 en los tribunales de Comodoro Py 2002, mientras afuera un grupo de militantes cantaba “Cristina presidenta”, bajo un intenso calor. Adentro, los periodistas se agolpaban para poder entrar a la pequeña sala de audiencias donde se leería el veredicto, que, de todas formas, fue transmitida por plataformas virtuales.
El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Diego Luciani en el inicio de sus alegatos. El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.
Nunca antes en Argentina un vicepresidente en ejercicio había sido condenado por la Justicia. En el caso de Fernández, de 69 años, la sentencia cobra un significado aún mayor, porque se trata de la dirigente más importante del país en la actualidad, incluso por sobre el presidente Alberto Fernández.
