El despido de la periodista Paulina de Allende-Salazar, de Mega, pone al centro la precariedad laboral que padecen las/os periodistas y atenta en contra del ejercicio periodístico, lesionando nuestro derecho a ser informados.

Mega, canal de televisión de propiedad del Holding Bethia, dueño de varios medios de comunicación, de empresas del retail y viñas, entre otras empresas, fundamentó privarla del derecho al trabajo, por transgredir “abiertamente la línea editorial y las orientaciones programáticas de nuestro medio de comunicación”.

Ensayemos algunas preguntas para comprender el despido de la periodista ¿Por qué se refirió a Carabineros? ¿Por qué los poderes fácticos ordenan cancelar cualquier disonancia con el discurso hegemónico sobre la agenda de seguridad? ¿Por qué a través de la periodista quieren proyectar el castigo que vendrá a cualquier desobediencia lingüística? ¿Por qué el periodismo debe ceñirse al discurso y el lenguaje que impone el poder económico y político? Probablemente, la respuesta es multifactorial; lo cierto es que los atropellos a las y los periodistas son legales y reiterados.

El desempeño profesional del periodista lo pone en riesgo de recibir presiones privadas, de manera directa o a través del empleador, entiéndase llamados a jefaturas pidiendo reprimendas o despido; hostigamientos públicos, léase puntos de prensa demandando la renuncia de un periodista, como fue el caso de los parlamentarios de Chile Vamos cuando exigieron la salida de Pascual Pichún Collonao y/o azuzando a través de redes sociales, como fue el acoso a Vicente Gutiérrez Berner, asesor del Ministerio de Obras Públicas, quien tendría un parentesco informal con el ministro  de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

La persecución a la periodista de Allende Salazar fue tan certera como efectiva. El general de Carabineros Álex Chaván dijo: “Si aquí se encuentra la periodista Paulina de Allende, quien fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá. No vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá. Luego vuelvo y vamos a dar las declaraciones con el fiscal”.

Su declaración supera lo permisible y la actitud “comprensiva” hacia el uniformado de parte de los medios televisivos presentes fue, a lo menos, indiferente. No hubo capacidad de entender que esa imposición era un atentado al acceso a la información de interés público y un menoscabo a la profesión de todas y todos.

No es tolerable que un empleado público se niegue a entregar información sobre un tema que conmueve a un país entero, no es admisible que hable a nombre del fiscal (otro empleado público), no es aceptable que un oficial de Carabineros atente en contra de nuestro derecho a informarnos e intimide el ejercicio periodístico.

Hoy, al igual que ayer, se hace urgente que el proyecto de ley que protege la labor de periodistas y trabajadoras/es de la comunicación se tramite con celeridad en el parlamento y que dicho proyecto considere la seguridad del ejercicio periodístico en relación con su quehacer reporteril y otorgue garantías laborales para que el propietario de un medio no pueda despedir a un/a profesional aduciendo que no representa su modo antojadizo de concebir la línea editorial.