¿Han asesinado más carabineros el 2023 que durante los últimos 20 años? La respuesta se puede encontrar en varias informaciones publicadas en la prensa: según el portal Interferencia, durante el mandato del general director Ricardo Yáñez, siete carabineros han sido asesinados a causa de ataques directos, registrándose un promedio de un funcionario muerto cada 125 días. Como contraparte, durante el mando del general José Alejandro Bernales, fue un uniformado cada 114 días.

Indudablemente el asesinato de un carabinero es una lamentable noticia, sin embargo, la frecuencia de los ataques no es muy distinta a los periodos prepandémicos, situación que pone a lo menos en discusión la magnitud de la cobertura noticiosa que se les ha dado a estos crímenes. La estadística que vincula la gestión de otros directores generales, en su mayoría, no es significativamente diferente.

Por otra parte, de acuerdo con la Superintendencia de Seguridad Social, durante el año 2021 –son los datos más actuales que se disponen– 339 personas fallecieron a propósito de accidentes laborales de trabajo y trayecto, aquella cifra da una frecuencia de casi una persona diaria y constituye un aumento de 35 casos respecto al año 2020.

El aumento en el número de las y los trabajadores fallecidos es debido, en la mayoría de los casos, a las precarias condiciones en las cuales desarrollan su labor. Lo señalado, es grave pues afecta a cientos de trabajadores y sus familias ¿ha sido motivo para que las cadenas televisivas dediquen la misma cantidad de horas, al menos, a ilustrar esta situación? ¿Es motivo de extorsiones legislativa y ofensas a la autoridad presidencial? En lo absoluto, aún más, taxativamente son informaciones que cuentan con una ínfima cobertura mediática. Estamos en frente de la estrategia de manipulación mediática que ilustra el lingüista estadounidense Noam Chomsky.

Sumo un ejemplo reciente. Televisión Nacional de Chile, el día 29 de marzo –día en que se recuerda el asesinato de los Hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a manos de fuerzas policiales en la dictadura–  dedicó largos minutos a informar sobre los incidentes en el centro de Santiago. Durante toda la nota, la voz de la periodista contrasta con imágenes que no evidenciaban desorden público, digamos que los personajes fueron dos personas mayores quejándose del tránsito vehicular y autos desviados de su ruta.

La actual crisis de seguridad se compone de problemas reales, palpables por la población y de consecuencias evidentes en su vida cotidiana: delitos más violentos, una institucionalidad deficiente y un crimen organizado cuyos efectos identificamos, pero poco se sabe de su estructura y alcance.

En el marco de esta coyuntura, los medios de comunicación masivos dedican largos minutos y/o muchos centímetros por columnas a difundir actos delictuales que son utilizados, por un sector importante de la oposición, para socavar la labor gubernamental.

El artilugio televisivo es identificado y condenado por las y los televidentes, indicio que se aprecia en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), publicada en enero de 2023. Dicho estudio informa que sólo un 13 % de la población manifiesta confianza en el sistema de medios televisivo.

La difícil crisis que atraviesa el mundo y en especial Chile, necesita de un sistema de medios que proporcione información oportuna, verídica y plural, presentando los acontecimientos de modo que no se magnifiquen ni aminoren, en donde el legítimo derecho editorial e ideológico de los controladores no pase por sobre el genuino derecho de la ciudadanía a estar informada adecuadamente, sin manipulaciones ni silencios que obedezcan a intereses extra periodísticos.

En enero de este año 2023, por medio del informe “Más amplitud, más democracia, más voces”, tres universidades públicas le propusieron al gobierno crear una comisión que se haga cargo de los desafíos éticos del periodismo del presente siglo. La misión, que esperamos se concrete, considera que el Colegio de Periodistas, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, el Consejo Nacional de Televisión, una universidad estatal y otra privada, construyan un código de ética para la labor periodística y las condiciones de publicación y/o emisión de la información.

En tiempos de mayor crispación, de acciones y opiniones que ponen en entredicho el sistema democrático, es urgente construir un código de ética que regule el comportamiento de los propietarios de los medios de comunicación y oriente el ejercicio periodístico, sobre la base del principio de veracidad, entendimiento y fortalecimiento de la democracia.