La Comisión contra la Desinformación, una instancia compuesta por una diversidad de académicos de intachable y valiosa trayectoria en el ámbito de las comunicaciones, ha emanado su último informe y lo ha puesto a disposición de las autoridades de gobierno. Como se había prevenido, esta instancia fijó su actuar excluyendo la situación de los medios de comunicación y concentrándose en la información que circula por las redes sociales, poderoso instrumento de difusión cuyo alcance era inexistente e inimaginable hace quince años atrás.
Al respecto, hay una mirada liberal, digna de atención por cierto, que previene del riesgo que instrumentos de regulación estatal de la información puedan servir para promover una mirada única y censurar la disidencia. Qué duda cabe que tal riesgo es real y cualquier medida que se instituya debe ser cuidada de su propio mal uso. Pero siendo los distintos dispositivos de comunicación masiva tan importantes para la construcción de sentidos comunes en toda la sociedad, pretender lo extremo contrario, es decir, que el Estado prescinda absolutamente de actuar para dejar su funcionamiento al libre albedrío, lo cual quiere decir a disposición de los grandes poderes económicos en un país tan desigual como el nuestro, también parece ser un despropósito.
El intento de manipulación a través de las mentiras es pan de cada día. Ayer mismo el Servel emitió una alerta advirtiendo sobre un correo masivo malicioso sobre el plebiscito del 17 de diciembre. Se trataría de una estafa en el sentido literal del término, pero hay muchos otros que pretenden estafar con contenidos y situaciones. Entre las propuestas de la Comisión está avanzar en una política de trabajo hacia la gobernanza de plataformas de redes sociales y exigir mayor transparencia de algoritmos. Además, se propone catalogar los sistemas informáticos en contextos electorales como infraestructura crítica de la información. Por último, y respecto a procesos electorales, se propone incorporar a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios una mención expresa a la regulación de la publicidad en plataformas de redes sociales digitales, además de entregar facultades al Servel para denunciar campañas de desinformación.
Es muy importante tener claridad que el problema de la desinformación ha alcanzado tal envergadura que se ha convertido en un problema mundial y de preocupación de agencias planetarias como las de la ONU, entre ellas Unesco. La desinformación, para decirlo más directamente, puede destruir el sentido más profundo de las democracias. Es por ello que la Comisión también recomienda que Chile se haga partícipe de los esfuerzos internacionales que se están haciendo en la materia. Es en esas coordenadas que tenemos que situar el problema que nos aqueja. Nada sería peor, y lamentablemente es obvio de antemano que así será, que los grandes poderes mediáticos del país, todos pertenecientes a su vez a poderes privados, levanten las banderas de supuestas libertades que se verían afectadas por el solo hecho de tener esta discusión, mientras se mantiene en nuestro país el funcionamiento impune de los mecanismos de desinformación.
