Obviamente el mediático caso convenios, con fundaciones de papel, hurto que ha significado duras críticas por parte de la oposición al ministro Carlos Montes, quien ha sido defendido por el Partido Socialista y básicamente por el presidente Boric, es una de las tantas prácticas de cleptocracia que se han conocido en nuestro país y para atajarla, con cierta ingenuidad, el gobierno acaba de dar a conocer su Estrategia Nacional de Integridad Pública, ver link creyendo que los funcionarios públicos ahora se portarán bien, luego, con comportamientos probos y que, por ello, serán celosos guardianes de la transparencia y honestidad en el ejercicio de sus atribuciones.
Recordemos que todos los gobiernos, después de que se detectan actividades propias de facinerosos, con la asistencia de organizaciones civiles que velan por la probidad, publica sesudos textos, como el actual, para que no se repitan esas indebidas prácticas, los que, no producen los efectos buscados.
Pues bien, habitualmente ciertos influyentes personajes son entrevistados por los canales de televisión, medios escritos y radios, para que den sus doctas opiniones sobre la lacra de la corrupción y con desenvueltas expresiones entregan diagnósticos y soluciones al respecto, pero no hemos sabido que tales regalones de la prensa denuncien en las instancias correspondientes los hechos a los que ellos han aludido, es decir, son meros teóricos de la descomposición en los negocios que se realizan en los mercados. Entonces queda en total evidencia que los criticones de la corrupción en la prensa, al “no mojarse el potito”, son simple comentaristas y por ende no son un aporte a su solución.
Por nuestra parte, la fundación Defendamos la Ciudad, en su condición de ente independiente sin fines de lucro y autónomo, a diferencia de los anteriores, desde hace muchos años se ha transformado en una especie de tábano que, sin medir las consecuencias, incomoda a los poderes políticos y económicos con fundadas denuncias a cara descubierta. Nuestras acciones se nutren de la información técnica que nos entregan diferentes actores de la sociedad civil y profesionales competentes en materias de vivienda, urbanismo, medio ambiente, obras públicas, transportes y patrimonio histórico.
En tal sentido, por la fuerza de los hechos, nos hemos transformado en “clientes frecuentes” de la Contraloría General de la República, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y en menor medida de los tribunales de justicia, ello en la búsqueda de que se respeten las leyes en tales sectores de la economía. Por razones obvias, ello ha significado que los medios tradicionales y algunos de los emergentes que toleran las malas prácticas comerciales de los grandes empresarios, con razón nos han censurado, lo cual desde el punto de vista del pragmatismo imperante, es muy entendible.
Debido a ese rol auto impuesto, se han desbaratado infinidad de proyectos comerciales que vulneraban las leyes y reglamentos relacionados y, por otro lado, se han dejado sin efecto diversos actos administrativos emanados de los gobiernos centrales, Seremis y de los desobedientes municipios y por ello aprovechamos este espacio pluralista para aludir al reciente oficio N° E424734/2023 del 06/12/2023 emitido por la Contraloría respondiendo una denuncia que realizamos tiempo atrás.
Las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de Vivienda y Urbanismo, que representan al ministro en cada una de las regiones, se han transformado en organismos que, recurrentemente incumplen la normativa urbanística aplicable, lo que es algo gravísimo pues esas agencias del Estado son las que tienen competencia en los asuntos técnicos en el ámbito de la regulación en las ciudades.
En una importante proporción de los casos la Contraloría ha acogido nuestras reclamaciones y ha instruido a dichas Seremi que enmienden sus actuaciones, pero ocurren casos groseros donde, pese a las instrucciones del ente contralor, dichas reparticiones públicas persisten en sus malas prácticas, lo que se aprecia en el indicado oficio del 06/12/2023. Allí se da cuenta de autorizaciones ilegales para implementar depósitos de vehículos nuevos en el área rural de la comuna de Pudahuel, específicamente en el sector ISAM-1 definido como tal en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994.
En su Informe Final Nº 403/2020 la Contraloría, luego de una extensa auditoría, determinó que no se ajustaban a derecho varios “informes favorables” que la SEREMI de la Región Metropolitana de Santiago entregó alegremente en 2019 a empresas que llevaban años utilizando predios rurales ISAM-1 para almacenar vehículos nuevos. Se trataba de las empresas Transporte e Inversiones Schiappacasse y Kar Logistics (AGUNSA). Esas autorizaciones contravenían un dictamen anterior del año 2014, el que había establecido que esos proyectos no estaban permitidos según la normativa urbanística del PRMS.
Sin embargo, un grupo de astutos asesores desarrollaron un torcido argumento, con el cual convencieron a esa incauta SEREMI para que incumpliera dicho dictamen vinculante N° 27.458 del 17/04/2014. Pues bien, las nuevas autoridades de tal SEREMI inventaron otro ardid para darle “certeza jurídica” a las empresas que se dedican al almacenaje de vehículos y utilizaron un dictamen reciente como uno de los argumentos para no invalidar el informe favorable de 2019. Pero, lamentablemente para esos expertos en picardías, ese dictamen trata sobre otras materias, lo cual fue ratificado por la Contraloría.
Pero, pese a la ilegalidad del informe favorable de 2019, dado el tiempo transcurrido, la Contraloría ha señalado que ya no puede ser invalidado con el procedimiento del artículo 53° de la ley Nº 19.880, lo cual significa que, “por haber sonado la campana” estamos ante nuevos hechos ilegales consumados. Pero ahora entra al juego la Directora de Obras Municipales (DOM) de Pudahuel, funcionaria proba que en su condición de subrogante hace algunos meses inició los procedimientos de invalidación de los permisos de edificación que el DOM titular, suspendido, cursó a ambas empresas pese a estar en conocimiento que los aludidos informes favorables de la Seremi eran ilegales dado el dictamen de 2014.
Es relevante mencionar que en el Informe Nº 403/2020 la Contraloría estableció que es la Dirección de Obras la única responsable de entregar permisos de edificación si las solicitudes cumplen la normativa aplicable y que incluso debe denegarlos pese a contar con un informe favorable de la SEREMI si dicho informe es irregular. Por esa razón, la DOM (S) con el apoyo del ex Director Jurídico inició varios procedimientos de invalidación y esperamos que prontamente los finalice para así dar una clara muestra de honestidad municipal.
El dictamen de la Contraloría también señala que la DOM de Pudahuel “deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a las normas urbanísticas aplicables para cada sector en que se otorguen ese tipo de permisos”. Eso significa que en el área ISAM-1 no se permiten instalaciones tales como bodegas, centros logísticos o similares como se promociona en el mercado. Reiteramos aquí que en la zona ISAM-1, además de permitir actividades agropecuarias e instalaciones de agroindustrias que procesen productos frescos, se contempla el uso potencial de extracción de minerales no metaìlicos aplicables a la construcción: arcillas y puzolanas o pomacitas, explotados conforme a un Plan de Recuperación de Suelo que posibilite su uso posterior en actividades permitidas para el sector, informado favorablemente por el organismo competente.
Hemos sabido por la concejala, Gisela Vila, que varias empresas actualmente están alegando en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la Corte Suprema presuntos derechos adquiridos al haber obtenido permisos ilegales por parte del suspendido DOM titular y ahora verse impedidos de concretarlos. En todo caso el máximo tribunal del país ya ha concluido que un acto administrativo ilegal no puede generar derechos adquiridos.
Por lo manifestado, si deseamos erradicar la lacra de la corrupción que corroe nuestro Estado de Derecho, todos aquellos que consideran que la decencia es gravitante, sin temor a las represalias de los que mandan, tienen que denunciar en los organismos públicos que disponen de competencia. Si preferimos quedarnos callados, no nos quejemos después, teniéndose presente que las estafas entre empresarios top con las “facturas de favor”, conocidas por la divulgación de una conversación en que se empleaba un lenguaje coloquial no se repetirá, debido a que los celulares ya no están admitidos en las reuniones de negocios para solucionar problemas.
