Transcurrido casi tres años del inicio del autoproclamado primer gobierno feminista en Chile, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, es importante analizar los avances en materia de derechos de las mujeres y las posibilidades de concretar cambios y transformaciones desde dentro del Estado. Así, surge la pregunta: ¿Es suficiente con llegar a la administración del Estado?

Veamos. Los datos sobre femicidios, recopilados por la Red Chilena contra la Violencia de Género, son esclarecedores. Aunque las cifras muestran fluctuaciones a lo largo de los años, desde 2017 hasta ahora, lamentablemente, el número de femicidios no ha disminuido significativamente. Las acciones implementadas actualmente han resultado insuficientes para erradicar la violencia machista, y es inevitable recordar a aquellas que han perdido la vida bajo un sistema que no las ampara.

Por otra parte, el Ministerio de Salud, lleva un registro de las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE). Aunque no existen datos precisos, estimaciones del año 2016 sugieren que se producían entre 60 mil y 300 mil abortos clandestinos anualmente (Guttmacher Institute, 2016). Además, dado que la IVE está restringida a tres causales, es posible que las estadísticas reflejen sólo una fracción de los abortos realizados. Según los informes del Ministerio de Salud, desde la promulgación de la ley, se han realizado alrededor de 700 intervenciones al año, respecto a las tres causales. Estos escenarios nos interpelan, y como feministas nos preguntamos ¿existe aborto seguro para algunas y clandestinidad para otras?

Los niveles de informalidad laboral también revelan disparidades. Según un informe de Chile Mujeres y OCEC UDP (2023), los niveles más altos de informalidad se observan en la categoría de “Otras actividades de servicios”, con una tasa de informalidad del 61,2% para mujeres y del 41,3% para hombres. Por otro lado, un dato reciente, tras el desafortunado contexto de la población afectada por los incendios en Valparaíso, se evidenció que el 55% de las familias damnificadas están encabezadas por mujeres, quienes principalmente sostienen los hogares, según el catastro de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Estos resultados subrayan la persistencia de estereotipos y desigualdades que afectan a toda la sociedad.

La participación de las mujeres en el trabajo productivo ha experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo. A pesar de la persistente discriminación, que ha llevado a muchas mujeres a ser relegadas al sector de servicios, especialmente en labores domésticas, y enfrentar brechas salariales, cada vez más mujeres se han incorporado a la fuerza laboral. Esta tendencia ha generado una contradicción con las expectativas tradicionales de género, cuestionando el papel designado a las mujeres en la sociedad. Sabemos que en procesos productivos extractivistas, en los ciclos de recesión económica, en las crisis políticas y sociales somos nosotras quienes pagamos los costos.

Es en este contexto que las mujeres nos posicionamos y nos sentimos llamadas a impulsar un cambio profundo, de correr el límite de lo que nos dicen que es posible. Por tanto, la lucha por la igualdad de las mujeres se presenta como un proceso complejo que demanda un análisis profundo y junto a acciones estratégicas para lograr cambios estructurales en la sociedad.

Somos críticas de un feminismo hiper institucionalizado. Muchas voces, especialmente desde el feminismo popular, argumentamos que el movimiento feminista ha sido capturado por la clase gobernante, debilitando su capacidad transformadora. La ilusión de cambio a través del acceso al poder estatal se desvanece cuando las acciones concretas para eliminar las desigualdades de género no se materializan y cuando los movimientos populares no son parte del proceso ni en la concreción de las decisiones. Esta crítica al feminismo neoliberal que tiende a ignorar las preocupaciones de las mujeres marginadas, resuena como una llamada a la acción para una mayor movilización y reconocimiento de la opresión y explotación de las mujeres, que están ligadas a la estructura del sistema económico y social. Como plantea Rita Segato, reconocer la importancia de la institucionalidad no es suficiente, dado que existen fuerzas que operan por fuera del Estado. Por lo tanto, nuestra lucha debe ser sistemática, abordando tanto el patriarcado como el neoliberalismo.

El movimiento feminista se extiende a nivel internacional, pero en Latinoamérica no sigue una línea de acción uniforme ni una ideología homogénea. Sin embargo, su contribución fundamental ha sido destacar -justamente- la situación de la mujer en la sociedad capitalista a través de los movimientos sociales, exponiendo su explotación económica, su marginalización social, la objetivación sexual y la discriminación política. En este contexto, es crucial fortalecer el feminismo latinoamericano desde las bases populares, para unir las demandas contra el clasismo, el racismo y el machismo. El desafío actual consiste en integrar el feminismo con otras luchas contra la opresión, reconociendo que la erradicación del patriarcado implica abordar también las prácticas oligárquicas que oprimen a las mayorías, y confrontar un feminismo neoliberal que intenta aislar las demandas feministas de otras luchas, perpetuando así la desigualdad estructural.

Es también una obligación para quienes nos reconocemos desde los feminismos transformadores, alzar la voz y no participar en los lamentables pactos de silencio internacionales, frente al genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza; la selectiva empatía de las feministas occidentales refuerza las estructuras de poder que perpetúan el ciclo de violencia. Nosotras rechazamos esta dinámica. No estamos dispuestas a respaldar invasiones u ocupaciones bajo el pretexto de brindar ayuda, reduciendo a las mujeres palestinas a víctimas necesitadas de rescate, mientras se les niega su derecho a la resistencia, mientras se vulneran sus derechos sexuales y reproductivos, mientras siguen siendo la carne de cañón de la guerra. El silencio de las feministas occidentales ante la urgencia de un alto el fuego en Gaza constituye un error político y perpetúa un tipo de feminismo vinculado a estructuras de poder coloniales e imperiales que, históricamente, han causado daño justificándose en nombre de la protección.

Este 8 de marzo las feministas populares nos unimos y nos tomamos las calles para mostrar que seguimos luchando, por las mujeres que ya no están, por las víctimas del genocidio, por las mujeres que siguen viviendo violencia o las que están en riesgo sus vidas, por las que son discriminadas, por nuestras hermanas y por las que vendrán.

Somos críticas y autocríticas, por eso es fundamental romper con las lógicas de cooptación que la elite institucionalizada en el estado ha hecho del movimiento y las demandas feministas. El feminismo no puede estar al servicio de las más privilegiadas, excluyendo a las mujeres populares.