“La universidad no ha tenido ningún acercamiento con nosotros”, respondió Carolina Cors Richards, madre de Catalina Cayazaya, luego de entregar este martes una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric en La Moneda.
La misiva busca que el Mandatario entregue su apoyo e interceda en la creación de una normativa que evite que se sigan repitiendo situaciones de abuso, acoso y maltratos a estudiantes en práctica, ya sea en carreras de la salud u otras, explicó la mamá de Catalina.
“Las autoridades académicas deben tomar conciencia de que ese tipo de tratos y actitudes hacia los jóvenes generan un impacto gigantesco. Tenemos una gran cantidad de estudiantes con depresión, con síndromes angustiosos, con estrés postraumático y pueden inducir a los chicos, incluso, a determinaciones tan drásticas como mi hija, que tomó la decisión de dejar su vida y suicidarse”, destacó Cors.
Esto, pues desde que hizo pública la historia de su hija, según consigna el documento, Carolina recibió una avalancha de testimonios que circularon por redes sociales, lo que demostró que la situación que vivió Catalina no fue un caso aislado y que lo que realmente impera es un ambiente de abuso.
En ese sentido, Cors espera que “el Presidente, con quien compartimos muchos valores, pueda tener esto en consideración y nos ayude a hacer un motor de cambio para las universidades, para los centros académicos y ojalá para la sociedad entera”.
Asimismo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Catalina Jofré, quien acompañó a la madre de Catalina a entregar la carta, afirmó que “esto es un ejemplo del compromiso que tenemos para acompañarla en esta lucha, no solamente a ella, sino a millones de estudiantes del área de la salud, tanto como de terapia ocupacional como otras carreras”.
“Nosotros como FEUC estamos convencidos que deben seguir luchando por las prácticas dignas, que sean un espacio donde se puede aprender y no un espacio de tortura. Es por eso, que también esperamos que se pueda impulsar la ley sobre salud mental en la educación superior”, añadió.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de Universidad Diego Portales (UDP), Escarlet Rojas, coincide con su par respecto de que se elabore una normativa que cuide la salud mental de las y los estudiantes.
“Me parece total y absolutamente necesario que exista un marco legal que proteja y regule los tratos que se reciben dentro de las prácticas clínicas, en los Institutos de Salud o en realidad en todas las prácticas profesionales, donde sabemos que existe una relación de poder innegable entre las y los docentes o las y los profesionales y el o la estudiante”, recalcó.
Y añadió que la cultura de la violencia que impera en las prácticas clínicas y profesionales es evidente, por ende, “es necesario que el Gobierno se haga parte y cargo de esta problemática elaborando políticas públicas, creando un marco legal que obligue tanto a los sistemas educativos como a otros ministerios, en este caso, el Ministerio de la Salud ha formular documentos que protejan y regulen estas dinámicas”.
De acuerdo a los datos entregados por la Superintendencia de Educación Superior, en 2023 se registraron 4 mil 293 reclamos sobre temas académicos, financieros y de convivencia de la comunidad estudiantil. Sobre este último, las denuncias más reiteradas son las de hostigamiento docente, violencia, maltrato y bullying.
“A Catalina le arrebataron las ganas de vivir”
El 16 de marzo de 2023 Carolina Cors encontró a su hija sin vida junto a una nota en la que pedía perdón por no poder “resistir tanto dolor”.
El motivo de su suicidio fue una depresión que habría sido producida por los maltratos y abusos que recibió durante su práctica profesional por parte de sus tutores. Catalina Cayazaya estudiaba Terapia Ocupacional en la Universidad de los Andes, casa de estudios que le prometió investigar su caso, pero nunca lo hizo ni sancionó a las personas involucradas pese a las advertencias de la madre.
Frente a esta situación, Cors decidió hacer pública la historia a través de redes sociales por medio de una carta titulada “A Catalina le arrebataron las ganas de vivir”, donde denunciaba el caso. Al día siguiente en la universidad se llevó a cabo una manifestación, luego de que los y las estudiantes se enteraron de su suicidio, además comenzaron a viralizarse testimonios de alumnas que habían vivido lo mismo que Catalina en los internados.
A su vez, la Superintendencia de Educación Superior ofició a la Universidad de Los Andes para que entregue información sobre el caso, anunció que impulsará cambios en la normativa vigente que regula los campos clínicos y se comprometió con la familia “a investigar el caso en profundidad”.
“Se supone que ya el viernes la Universidad de los Andes tendría que haber entregado los antecedentes solicitados por la Superintendencia y ellos esta semana iniciaban su propio proceso de recoger directamente testimonios de alumnos, académicos y cualquier otro actor de la sociedad que quisiera entregar pruebas acerca de estas situaciones de acoso”, aseguró Cors.
Por su parte, la institución de educación superior privada realizó una investigación con el fin de establecer eventuales responsabilidades, determinar si existieron situaciones irregulares durante la estadía de Catalina en los campos clínicos y separó a las tutoras denunciadas de sus funciones.
