Este lunes se vota en el Congreso Nacional –en el Senado y en la Cámara de Diputados- la Ley Corta de Isapres. Aunque un sector del oficialismo ha puesto en duda su apoyo a la iniciativa, todo indica que será aprobada, con lo cual se legislará antes del plazo de medianoche, cuándo deba cumplirse el fallo de la Corte Suprema. Como se ha señalado, el objetivo de la ley es darle viabilidad a esta sentencia, estableciendo gradualidades y modos de financiamiento a la millonaria deuda contraída por las aseguradoras, luego de años de miles de cobros ilegales. 

Lo que se votará hoy es estrictamente lo posible, no solo por las apreciaciones que tienen los actores respecto a cuánto pueden pagar las isapres, sino también porque por la correlación de fuerzas en el Congreso no hay una mayoría para otra propuesta que no sea ésta. Pero que la situación sea de hecho así, que la política sea el “arte de lo posible” y no “el arte de lo ideal”, no implica omitir que la solución no es justa y que es el capítulo final de un proceso cuya principal continuidad han sido las conductas abusivas del sistema en general y de las isapres en particular para con los usuarios.

Si el proyecto de ley fuera rechazado y las isapres, como se dice, quebraran, significaría que su modelo de negocios descansaba en la ilegalidad. Y es por eso que irrita especialmente el chantaje al que han sido sometidos no solamente los usuarios afectados por estos cobros –a quienes quizás se les pagará hasta en un plazo de 13 años- sino también los demás usuarios de las isapres, que deberán concurrir con sus bolsillos a financiar la deuda por la vía del alza de planes, e incluso los usuarios de Fonasa, a quienes se les dice que las prestaciones cubiertas por su fondo colapsarán aún más si se produce una estampida desde el seguro privado. En esta manipulación a la ciudadanía, una vez más por la vía de insuflar miedo, se dicen verdades a medias, como aquella según la cual todo el sistema colapsaría y todas las isapres quebrarían. Esto se lleva al extremo cuando ciertas encuestadoras se permiten preguntar si las personas prefieren que no les paguen la deuda e incluso que les suban los planes, con tal de que las isapres no quiebren. Y como el miedo tiene ese poder mágico, la mayoría de los usuarios parecen estar dispuestos a que esta apropiación indebida masiva quede impune e incluso a pagar de sus propios bolsillos lo que les adeudan.

Nos preguntamos al final, porque esto es consecuencia de una ideología impuesta en dictadura y convertida en sentido común, si el Estado solo debe cumplir un rol protagónico para salvar a las empresas cuando dejan de tener ganancias millonarias, y no para fiscalizar o para hacer más justas sus condiciones de funcionamiento. Si es tolerable, más allá de esta coyuntura donde se obliga al Congreso Nacional a legislar contra el tiempo, que los usuarios del sistema, ya esquilmados, deban concurrir nuevamente con sus recursos a sostener las isapres, sin que tengan ninguna participación en la propiedad ni en los eventuales beneficios que se pueden producir, una vez salida de la crisis. Extraño caso de capitalismo el nuestro en que el negocio de la salud, tal como en de la seguridad social, quienes aportan el capital no tienen ningún tipo de derecho ni atribución.