Dos semanas después de que el presidente Nicolas Sarkozy, advirtiera de que su país sufre “las consecuencias de 50 años de inmigración insuficientemente regulada” al hablar de delincuencia en un discurso en Grenoble, Francia ha dejado de hablar del caso Bettencourt y se explaya en discutir sobre inmigración y delincuencia, y también en los peligros de discutir de forma relacionada ambos conceptos.
Tras los altercados protagonizados por grupos de etnia gitana después de que un joven fuera tiroteado por la policía francesa, el presidente de Francia puso sus cartas sobre la mesa. Anunció de inmediato que se desmantelaría los más de 300 poblados gitanos que hay en Francia y que se expulsarían a los procedentes de Rumanía y Bulgaria a sus respectivos países. No sólo eso: Sarkozy anunció que retiraría la nacionalidad a los franceses de origen extranjero que atentaran contra una autoridad pública.
El 79 por ciento de los franceses apoya las medidas, según el diario conservador Le Figaro. Un 51 por ciento las rechaza, según otro sondeo de la revista Marianne. En cambio, otra encuesta de L’Humanité arroja un 57 por ciento de apoyo a estas iniciativas. En resumen, Francia dividida casi a partes iguales y sin comentar las implicaciones aparecidas entre el Gobierno en el caso Bettencourt, el verdadero motivo de que Sarkozy haya puesto este tema en primera plana, según numerosos analistas.
En 15 días han pasado muchas cosas. Se han desmantelado a marchas forzadas 40 campamentos y 700 ciudadanos de origen extranjero han sido expulsados. La reacción de los grupos en defensa de los derechos humanos y de los partidos de la oposición ha sido de total rechazo, acusando a Sarkozy de recuperar el discurso racista de la Francia de Vichy, cuando en la II Guerra Mundial el gobierno colaboracionista con los nazis del mariscal Pétain, retiró la nacionalidad a 15.000 franceses, la mayoría de origen judío, por motivos raciales.
La ONU, muy crítica
No sólo la oposición ha censurado las nuevas medidas de Sarkozy, que ha llegado a acusar a Sarkozy de “racismo de Estado”, en palabras de la diputada de Europe Ecologie, Eva Joly. Un punto de inflexión ha sido la intervención, la semana pasada, del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que le tocó evaluar las políticas de Francia en materia de integración. Los 18 expertos de la ONU acusaron a Sarkozy de “incitar al odio” contra los extranjeros con sus palabras en Grenoble y resolvieron que su Gobierno “carecía de voluntad política” para acabar con los brotes de racismo. “¿Cómo se puede entender que los gitanos puedan ser extraditados como si no pertenecieran a la Unión Europea?”, “No sabíamos que se podía hacer la diferencia entre un ciudadano de primera y de segunda categoría”. Uno a uno, los expertos se echaron las manos a la cabeza ante el viraje del discurso de Sarkozy.
Este informe rechinó entre los dientes del propio partido del presidente, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), que se dividió ante sus conclusiones. El ministro del Interior, Brice Hortefeux, negó que es “estigmatizara” a ningún grupo étnico y algunos portavoces cuestionaron la nacionalidad de los expertos de la ONU para deslegitimarles. El alcalde de Niza, ex ministro y uno de los hombres de confianza del presidente, Christian Estrosi, fue un paso más en la polémica y propuso sanciones duras a los municipios que no se aplicaran con firmeza en materia de seguridad.
División en el partido de Sarkozy
Pero, un nuevo frente parece abrirse en UMP. El artículo primero de la Constitución francesa que “garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión”, muerde la conciencia de algunos de sus miembros.
Es el caso de su diputado Jean-Pierre Grand, que hizo un auténtico alegato contra las medidas tras una de las operaciones policiales del fin de semana: “Esta política se ha vuelto innoble. ¿Se puede ser diputado de la República francesa y no reaccionar ante esta inhumana manera de separar a las familias?”.
No fue el único. Alain Juppé, ex primer ministro en los tiempos de Jacques Chirac y actual alcalde de Burdeos, criticó en su blog las “exageraciones poco compatibles” con los “valores” de Francia en materia de seguridad. También, Christine Boutin, ex ministra de Sarkozy y presidenta del Partido Democristiano, aseguró en una entrevista a Le Parisien, que renegaba de la “estigmatización” de los gitanos y los inmigrantes que se está protagonizando.
Debate en la ONU, en Francia y dentro de su partido, es el balance que ha dejado esta nueva apuesta de Nicolas Sarkozy en materia de inmigración y seguridad. Hay otra más. Por primera vez en muchos meses el índice de popularidad del presidente sube en las encuestas: dos puntos, hasta el 34 por ciento, según Le Parisien.
Dos semanas después de que el presidente Nicolas Sarkozy, advirtiera de que su país sufre “las consecuencias de 50 años de inmigración insuficientemente regulada” al hablar de delincuencia en un discurso en Grenoble, Francia ha dejado de hablar del caso Bettencourt y se explaya en discutir sobre inmigración y delincuencia, y también en los peligros de discutir de forma relacionada ambos conceptos.
Tras los altercados protagonizados por grupos de etnia gitana después de que un joven fuera tiroteado por la policía francesa, el presidente de Francia puso sus cartas sobre la mesa. Anunció de inmediato que se desmantelaría los más de 300 poblados gitanos que hay en Francia y que se expulsarían a los procedentes de Rumanía y Bulgaria a sus respectivos países. No sólo eso: Sarkozy anunció que retiraría la nacionalidad a los franceses de origen extranjero que atentaran contra una autoridad pública.
El 79 por ciento de los franceses apoya las medidas, según el diario conservador Le Figaro. Un 51 por ciento las rechaza, según otro sondeo de la revista Marianne. En cambio, otra encuesta de L’Humanité arroja un 57 por ciento de apoyo a estas iniciativas. En resumen, Francia dividida casi a partes iguales y sin comentar las implicaciones aparecidas entre el Gobierno en el caso Bettencourt, el verdadero motivo de que Sarkozy haya puesto este tema en primera plana, según numerosos analistas.
En 15 días han pasado muchas cosas. Se han desmantelado a marchas forzadas 40 campamentos y 700 ciudadanos de origen extranjero han sido expulsados. La reacción de los grupos en defensa de los derechos humanos y de los partidos de la oposición ha sido de total rechazo, acusando a Sarkozy de recuperar el discurso racista de la Francia de Vichy, cuando en la II Guerra Mundial el gobierno colaboracionista con los nazis del mariscal Pétain, retiró la nacionalidad a 15.000 franceses, la mayoría de origen judío, por motivos raciales.
La ONU, muy crítica
No sólo la oposición ha censurado las nuevas medidas de Sarkozy, que ha llegado a acusar a Sarkozy de “racismo de Estado”, en palabras de la diputada de Europe Ecologie, Eva Joly. Un punto de inflexión ha sido la intervención, la semana pasada, del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que le tocó evaluar las políticas de Francia en materia de integración. Los 18 expertos de la ONU acusaron a Sarkozy de “incitar al odio” contra los extranjeros con sus palabras en Grenoble y resolvieron que su Gobierno “carecía de voluntad política” para acabar con los brotes de racismo. “¿Cómo se puede entender que los gitanos puedan ser extraditados como si no pertenecieran a la Unión Europea?”, “No sabíamos que se podía hacer la diferencia entre un ciudadano de primera y de segunda categoría”. Uno a uno, los expertos se echaron las manos a la cabeza ante el viraje del discurso de Sarkozy.
Este informe rechinó entre los dientes del propio partido del presidente, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), que se dividió ante sus conclusiones. El ministro del Interior, Brice Hortefeux, negó que es “estigmatizara” a ningún grupo étnico y algunos portavoces cuestionaron la nacionalidad de los expertos de la ONU para deslegitimarles. El alcalde de Niza, ex ministro y uno de los hombres de confianza del presidente, Christian Estrosi, fue un paso más en la polémica y propuso sanciones duras a los municipios que no se aplicaran con firmeza en materia de seguridad.
División en el partido de Sarkozy
Pero, un nuevo frente parece abrirse en UMP. El artículo primero de la Constitución francesa que “garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión”, muerde la conciencia de algunos de sus miembros.
Es el caso de su diputado Jean-Pierre Grand, que hizo un auténtico alegato contra las medidas tras una de las operaciones policiales del fin de semana: “Esta política se ha vuelto innoble. ¿Se puede ser diputado de la República francesa y no reaccionar ante esta inhumana manera de separar a las familias?”.
No fue el único. Alain Juppé, ex primer ministro en los tiempos de Jacques Chirac y actual alcalde de Burdeos, criticó en su blog las “exageraciones poco compatibles” con los “valores” de Francia en materia de seguridad. También, Christine Boutin, ex ministra de Sarkozy y presidenta del Partido Democristiano, aseguró en una entrevista a Le Parisien, que renegaba de la “estigmatización” de los gitanos y los inmigrantes que se está protagonizando.
Debate en la ONU, en Francia y dentro de su partido, es el balance que ha dejado esta nueva apuesta de Nicolas Sarkozy en materia de inmigración y seguridad. Hay otra más. Por primera vez en muchos meses el índice de popularidad del presidente sube en las encuestas: dos puntos, hasta el 34 por ciento, según Le Parisien.
Dos semanas después de que el presidente Nicolas Sarkozy, advirtiera de que su país sufre “las consecuencias de 50 años de inmigración insuficientemente regulada” al hablar de delincuencia en un discurso en Grenoble, Francia ha dejado de hablar del caso Bettencourt y se explaya en discutir sobre inmigración y delincuencia, y también en los peligros de discutir de forma relacionada ambos conceptos.
Tras los altercados protagonizados por grupos de etnia gitana después de que un joven fuera tiroteado por la policía francesa, el presidente de Francia puso sus cartas sobre la mesa. Anunció de inmediato que se desmantelaría los más de 300 poblados gitanos que hay en Francia y que se expulsarían a los procedentes de Rumanía y Bulgaria a sus respectivos países. No sólo eso: Sarkozy anunció que retiraría la nacionalidad a los franceses de origen extranjero que atentaran contra una autoridad pública.
El 79 por ciento de los franceses apoya las medidas, según el diario conservador Le Figaro. Un 51 por ciento las rechaza, según otro sondeo de la revista Marianne. En cambio, otra encuesta de L’Humanité arroja un 57 por ciento de apoyo a estas iniciativas. En resumen, Francia dividida casi a partes iguales y sin comentar las implicaciones aparecidas entre el Gobierno en el caso Bettencourt, el verdadero motivo de que Sarkozy haya puesto este tema en primera plana, según numerosos analistas.
En 15 días han pasado muchas cosas. Se han desmantelado a marchas forzadas 40 campamentos y 700 ciudadanos de origen extranjero han sido expulsados. La reacción de los grupos en defensa de los derechos humanos y de los partidos de la oposición ha sido de total rechazo, acusando a Sarkozy de recuperar el discurso racista de la Francia de Vichy, cuando en la II Guerra Mundial el gobierno colaboracionista con los nazis del mariscal Pétain, retiró la nacionalidad a 15.000 franceses, la mayoría de origen judío, por motivos raciales.
La ONU, muy crítica
No sólo la oposición ha censurado las nuevas medidas de Sarkozy, que ha llegado a acusar a Sarkozy de “racismo de Estado”, en palabras de la diputada de Europe Ecologie, Eva Joly. Un punto de inflexión ha sido la intervención, la semana pasada, del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, que le tocó evaluar las políticas de Francia en materia de integración. Los 18 expertos de la ONU acusaron a Sarkozy de “incitar al odio” contra los extranjeros con sus palabras en Grenoble y resolvieron que su Gobierno “carecía de voluntad política” para acabar con los brotes de racismo. “¿Cómo se puede entender que los gitanos puedan ser extraditados como si no pertenecieran a la Unión Europea?”, “No sabíamos que se podía hacer la diferencia entre un ciudadano de primera y de segunda categoría”. Uno a uno, los expertos se echaron las manos a la cabeza ante el viraje del discurso de Sarkozy.
Este informe rechinó entre los dientes del propio partido del presidente, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), que se dividió ante sus conclusiones. El ministro del Interior, Brice Hortefeux, negó que es “estigmatizara” a ningún grupo étnico y algunos portavoces cuestionaron la nacionalidad de los expertos de la ONU para deslegitimarles. El alcalde de Niza, ex ministro y uno de los hombres de confianza del presidente, Christian Estrosi, fue un paso más en la polémica y propuso sanciones duras a los municipios que no se aplicaran con firmeza en materia de seguridad.
División en el partido de Sarkozy
Pero, un nuevo frente parece abrirse en UMP. El artículo primero de la Constitución francesa que “garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión”, muerde la conciencia de algunos de sus miembros.
Es el caso de su diputado Jean-Pierre Grand, que hizo un auténtico alegato contra las medidas tras una de las operaciones policiales del fin de semana: “Esta política se ha vuelto innoble. ¿Se puede ser diputado de la República francesa y no reaccionar ante esta inhumana manera de separar a las familias?”.
No fue el único. Alain Juppé, ex primer ministro en los tiempos de Jacques Chirac y actual alcalde de Burdeos, criticó en su blog las “exageraciones poco compatibles” con los “valores” de Francia en materia de seguridad. También, Christine Boutin, ex ministra de Sarkozy y presidenta del Partido Democristiano, aseguró en una entrevista a Le Parisien, que renegaba de la “estigmatización” de los gitanos y los inmigrantes que se está protagonizando.
Debate en la ONU, en Francia y dentro de su partido, es el balance que ha dejado esta nueva apuesta de Nicolas Sarkozy en materia de inmigración y seguridad. Hay otra más. Por primera vez en muchos meses el índice de popularidad del presidente sube en las encuestas: dos puntos, hasta el 34 por ciento, según Le Parisien.
