Los últimos datos del INE sobre empleo en el trimestre móvil marzo-mayo sitúan la informalidad laboral en un 28,2 %. Es decir, hay 2,6 millones de personas que trabajan de manera irregular en Chile y, como Gobierno, nos debemos hacer cargo.

Tal como lo señaló hace algunas semanas el Presidente Gabriel Boric en Enade, nuestro objetivo es que la tasa de informalidad baje a un 25% al final de su mandato. ¿Cuál es camino? Revisemos algunos datos.

Detrás de la cifra entregada por el INE hay que detenerse para diferenciar dos tipos de informalidad. Dentro del universo de personas trabajando en la informalidad, el 31% son empleados dependientes informales y el 52,4% son trabajadores por cuenta propia o emprendedores de baja escala según los datos del INE. Es decir, hablamos de más de 1.300.000 personas emprendedoras que trabajan en la informalidad y buscan una oportunidad para mejorar los ingresos de sus hogares y, con ello, contar con herramientas para salir del círculo de la pobreza, mediante un empleo autónomo y digno.

En este escenario, los actores políticos y los hacedores de políticas públicas debemos realizar un esfuerzo adicional dirigido a generar las condiciones para visibilizar y formalizar a los emprendimientos informales. Probablemente, existen mejores incentivos para que las personas regularicen sus emprendimientos, que para migrar hacia empleos dependientes formales. En esa línea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha estado trazando una ruta a la formalización de emprendimientos, buscando mejorar las oportunidades, sobre todo, para mujeres emprendedoras, simplificando los trámites que conlleva la formalización. Estas medidas pretenden conjugar el mantenimiento de los ingresos netos de las microempresas y el acceso a todos los beneficios del mercado formal.

La simplificación de los trámites para formalizarse es aún más fundamental para las personas vulnerables, porque sabemos que iniciarla puede resultar engorroso. En esta línea, lo primero que debemos hacer es derribar mitos. El más común de todos es la pérdida de beneficios sociales, pero es todo lo contrario, porque la formalidad amplía el horizonte de oportunidades. En segundo lugar, se deben explicar los beneficios. Por ejemplo, la formalización permite llegar a nuevos mercados, facilita el acceso a créditos y mejora la credibilidad del negocio. Además, es clave para la pensión futura y para acceder al sistema de seguridad social.

Son muchas las historias de personas y familias vulnerables que buscan oportunidades y aspiran a crecer con sus emprendimientos para convertir sus negocios en fuente principal de ingresos. En Fosis conocemos estas historias. Así, vemos a diario casos de personas cuidadoras que ven en un empleo autónomo la única posibilidad de generar ingresos. Para las más de 370.000 emprendedoras cuidadoras, la formalización de sus emprendimientos es una herramienta que puede resultar fundamental.

De manera consecuente, desde Fosis estamos reforzando nuestras capacitaciones y asesorías en materias tributarias, educación financiera y formalización; tanto en nuestros programas regulares, como por medio de alianzas estratégicas con la Defensoría del Contribuyente, con el propósito de aumentar los espacios de educación y acompañamiento en un proceso que sabemos no es fácil. Porque sabemos que esta ruta es un paso necesario para que miles de familias salgan de la condición de pobreza.

En definitiva, creemos que los procesos de las políticas públicas y, en particular, la discusión sobre informalidad laboral requiere una mirada detenida sobre los datos disponibles, pero también una especial atención en las personas afectadas y en los cambios socioeconómicos del último tiempo.

Por Nicolás Navarrete Hernández, director nacional de FOSIS.