En las empresas privadas de generación y/o distribución de energía, tales como ENEL, CGE, Chilquinta y Saesa, recae la principal responsabilidad por los prolongados cortes de luz provocados por el temporal, que han dejado a miles de familias sin electricidad. Las respuestas de estas empresas ante la emergencia han sido insuficientes y tardías. A su vez, el Estado, que -siguiendo la lógica del modelo subsidiario- debería fiscalizarlas, a través del Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, no les exigió un plan preventivo ante la anunciada emergencia climática.
En un contexto donde la energía juega un rol fundamental en la calidad de vida y el bienestar de las personas, especialmente en situaciones climáticas adversas, la falta de suministro a clientes residenciales ha afectado gravemente la alimentación, salud, educación, comunicación y transporte seguro de las familias, derechos que se deberían encontrar garantizados. Por eso, el abandono del Estado significa que, una vez más, las comunas pobres resultan discriminadas respecto de la reposición del servicio y de los problemas derivados de los cortes, debiendo salir a exigir sus derechos.
Hace apenas un mes, ENEL, una empresa privada monopólica cuyas ganancias son elevadísimas, anunció el alza de sus tarifas como resultado de decretos tarifarios que actualizaron el precio de las cuentas de luz, impulsados por el gobierno de Boric. La Fundación Sol denunció que entre 2019 y 2023 las ganancias de los dueños de ENEL aumentaron más de un 99%, y fueron equivalentes a $1.386 millones diarios. Frente a esas ganancias, las multas anunciadas, de aproximadamente $2.000.000 resultan ridículas. Cabe destacar que el descongelamiento de las tarifas considera a todas las empresas eléctricas.
Hoy es más evidente que en Chile no tenemos energía como parte de un servicio público ni se garantiza el derecho humano a tener un acceso seguro a la energía, considerando que es un servicio básico para una buena calidad de vida. Lo que tenemos es un sistema energético enfocado en seguir aumentando las ganancias de los empresarios y en utilizar la gran infraestructura energética existente para futuros proyectos de exportación de energía.
Es crucial abordar el problema de fondo: Necesitamos una transición energética en nuestro país cuya meta sea avanzar hacia un sistema de soberanía energética en el cual seamos capaces de asegurar los derechos sociales y los equilibrios ecosistémicos. Esto implica transformar nuestras formas de producción y consumo energéticos hacia modelos más respetuosos con la reproducción de la vida, mediante una matriz energética distribuida, descentralizada y diversificada, basada no solo en energías renovables sino en sistemas de bajo impacto ambiental. También significa dejar de lado proyectos que implican una generación masiva de energía para la exportación, cuyo objetivo es asegurar la “transición energética” de los países del norte global pero dejan de lado nuestras propias necesidades de aseguramiento de soberanía energética y la protección de los ecosistemas.
Es hora de hacernos cargo de la crisis ecológica global y local para que los eventos que han azotado al país desde la madrugada del viernes no vuelvan a ocurrir. Por eso: ¡La transición energética empieza por casa! ¡Fin al monopolio energético privado de ENEL!
¡Soberanía energética y energía accesible para los territorios!
