La instancia académica cuestionó el proyecto del Gobierno por el control político del Consejo, el término de la facultad de querellarse y el recorte del 50% de la dotación regional del Instituto.
El pronunciamiento ocurre mientras el proceso de expropiación del sitio —decretado en 2025— fue revertido por el actual gobierno, lo que organizaciones de DD.HH. ya habían advertido ante la ONU.
El director del organismo apuntó a un “desmantelamiento” en términos físicos, de atribuciones y de autonomía. “Nos dicen ‘ustedes defienden a delincuentes’. No, defendemos a todas las personas”, enfatizó.
A través de una declaración pública, integrantes del Programa de Psicología Social de la Memoria cuestionaron la iniciativa impulsada por el Gobierno, especialmente por la eliminación de la facultad de presentar querellas y cambios a su composición.
El director de la institución cuestionó la reforma impulsada por el Gobierno, advirtiendo que la reducción de atribuciones, recursos y presencia regional debilitaría la autonomía del organismo y la protección de los derechos humanos.
El proyecto presentado por el Gobierno para, supuestamente, reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no puede sino entenderse como un intento de hacerlo desaparecer tal como lo hemos conocido hasta hoy: no mediante la eliminación formal de su existencia, sino a través del vaciamiento de sus atribuciones, su autonomía y su capacidad efectiva de actuar. […]
La iniciativa ingresada este lunes al Congreso reduce el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos de 11 a 5 miembros, crea la figura del “director ejecutivo” y proyecta un ahorro fiscal de $3.720 millones anuales.
El abogado constitucionalista destacó que es “inadecuado” que esta atribución presidencial responda a “una demanda política”, pues “distorsiona” su función. Así, planteó que el indulto humanitario solo debería proceder en casos “excepcionalísimos”.
A 50 años de su creación, la sobreviviente del caso Quemados destaca el rol fundamental de la Vicaría de la Solidaridad como refugio, apoyo legal y humano durante la dictadura militar.
La senadora calificó como “un acto de impunidad” la libertad condicional otorgada al excapitán condenado por el ataque en su contra, y advirtió que recurrirá a todas las instancias judiciales, incluso internacionales, para que cumpla su pena.
La Comisión de Libertad Condicional de Talca aprobó por unanimidad el beneficio, que podrá hacerse efectivo el 2 de diciembre. El biministro Claudio Alvarado recordó que los indultos son una atribución exclusiva del Presidente.
“Hay un caso en Buin donde una persona, Mario Acuña, quedó parapléjica, postrada en la cama de por vida por una golpiza brutal de carabineros”, recordó el director ejecutivo de Amnistía Internacional sobre un caso del estallido social.
A días de un nuevo aniversario del estallido social, el Senador Squella exigió definiciones sobre los uniformados condenados. Mientras, Carolina Tohá planteó que los presos terminales puedan morir en sus casas sin recurrir al indulto.
El investigador del National Security Archive analizó los documentos que inculpan a Augusto Pinochet en el caso Letelier y alertó sobre la agresiva política exterior de Estados Unidos y su impacto en la región.
Diversas agrupaciones sociales y estudiantiles marcharon por el centro de Santiago en apoyo a Palestina. La movilización exigió detener la ofensiva militar israelí en Gaza.
