Una investigación secreta de la Fiscalía Oriente sitúa al exministro como imputado en una causa distinta a Factop, Audio y Parque Capital.
El representante de la estatal expuso que la exjueza actuó con premura en la tramitación de acciones judiciales presentadas por Belaz Movitec, porque necesitaba aprovechar el breve período en que presidiría la Tercera Sala de la Suprema.
La académica de la U. de Chile y exconsejera del CDE señaló que en el Poder Judicial y otras instituciones existe “una cultura en que el amiguismo es fundamental, o sea, yo tengo que estar cerca de alguien” para acceder a cargos.
Respecto a las críticas a Mara Sedini por abrir el debate, el presidente electo afirmó: “Es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante en mi gobierno. Vamos a jurar todos, yo como presidente y ella como ministra el 11 de marzo”.
La bodega cobra especial relevancia en la investigación, ya que en su interior se confirmó recientemente el hallazgo de sangre humana. La demolición de ambas estructuras permitiría esclarecer el contexto de su desaparición.
En medio de este proceso de alta complejidad, que puso sobre la mesa una presunta corrupción al interior del máximo tribunal del Poder Judicial, el abogado analizó el trasfondo institucional que, a su juicio, permitió que estos hechos ocurrieran.
La representante del Ministerio Público sostuvo que la libertad de la exjueza es un peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación. Mientras, la defensa de la acusada calificó de “bastante débiles” los argumentos de la Fiscalía.
La audiencia de control de detención y formalización de la exjueza de la Corte Suprema comenzó con una petición de la defensa: que se suspendiera la detención por problemas de salud de la acusada. Pero el tribunal no accedió a la solicitud.
La destituida exintegrante de la Corte Suprema fue arrestada y será formalizada por cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa. El Ministerio Público evalúa pedir prisión preventiva.
La abogada querellante María Elena Santibáñez se opuso a la reapertura de la investigación y acusó a la defensa de “dilatar el proceso”. “Todas las diligencias pertinentes y útiles que esclarecen los hechos ya están realizadas”, aseveró.
La exministra de la Corte Suprema además sostuvo que su vínculo con el conservador de bienes raíces, Sergio Yáber, terminó en 2024. Respecto a la crisis del Poder Judicial afirmó que “es un tema multifactorial” y negó contribuir en ella.
Como acusado del parricidio de su madre, Javier Troncoso Chuñil recibió la cautelar más gravosa; para sus hermanos el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional, que regirán si la Corte de Valdivia confirma la resolución.
Soto insistió en que la iniciativa fue apoyada por toda la coalición y que pudo ser “mil veces peor” sin la intervención, incluso, del PC. La ley “funciona frente al crimen organizado”, pero frente al orden público “puede mostrar límites”, advirtió.
Mientras Fiscalía habla de nuevos antecedentes, la defensa denuncia vacíos y un incumplimiento de estándares de derechos humanos respecto a la manera en que se ha llevado a cabo el proceso investigativo.
El Presidente además respondió a las críticas dirigidas al Gobierno por aprobar la Ley Naín-Retamal. De acuerdo al Mandatario, aún es muy pronto para establecer que esa legislación haya tenido un efecto en el veredicto.
